Ministra de Trabajo intentó contener avance de la Contraloría en auditoría del Bono Proteger

(CRHoy.com) La ministra de Trabajo Geannina Dinarte intentó frenar una gestión de la Contraloría General de la República en el marco de la investigación que sigue para establecer irregularidades en el funcionamiento del plan de ayuda social denominado "Bono Proteger".

Se trata del mismo proceso que determinó el pasado 24 de agosto que el programa carece de objetivos reales y que señaló complicaciones para determinar un cumplimiento real.

La jerarca envió un oficio a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), a fin de obtener un pronunciamiento, ante una solicitud hecha por el ente fiscalizador para obtener copia del banco de datos almacenado en un Data Center en la provincia de Guanacaste y que administra una empresa privada de nombre Continum Data Center.

Dinarte pidió a la Prodhab el 12 de agosto pasado, que indicaran si existía incumplimiento de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos, al entregar a Contraloría el banco informativo con que cuenta la cartera de Trabajo, y que está conformado por más de 1 millón de personas que habitan en Costa Rica.

Consta de ese modo en documentación en poder de CRHoy.com, en donde la directora de la Agencia de Protección de Datos Elizabeth Mora, manifiesta que el oficio en narras es una respuesta a la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo, que deriva del desarrollo del periodo de auditoria. 

Dinarte  hizo hincapié ante la agencia, que la Contraloría pretendía hacer encuestas de satisfacción sobre el plan de ayuda social del Bono Proteger, ante lo cuál, Prodhab se manifestó en contra.

"Reciba un cordial saludo -Geannina Dinarte-. En relación a su consulta, planteada mediante oficio MTSS-DMT-OF-963- 2020, de fecha 12 de agosto de 2020, y remitida ante esta institución en misma fecha, referente a la base de datos del Bono Proteger y el acceso a esta por parte de la Contraloría General de la República, me permito indicarle lo siguiente (…) nos encontramos ante una falta de ese requisito del consentimiento informado, en virtud de que, no se les informó a las personas que dieron su consentimiento para el uso de sus datos, suficiente y amplia información de su uso y del tratamiento que se les realzaría a estos, asimismo, los datos recabados estarían siendo utilizando para fines y condiciones distintas a aquéllas que la persona autorizó en el entendido de que, si a estas personas se les hubiera informado que recibirían encuestas de satisfacción por parte de la Contraloría General de la República, podrían haber optado por no dar su consentimiento…", cita el documento.

Ministra alega responsabilidad legal

Ante una consulta hecha por este medio a la oficina de comunicación del Ministerio de Trabajo, la ministra Dinarte indicó que la gestión obedece a un tema de responsabilidad en el contexto de cumplimiento de la ley. 

"Es una solicitud puntual por algunos requerimientos que nos generaron algunas dudas razonables respecto a la cobertura que tenía el consentimiento informado que las personas suscribieron con respecto al Bono Proteger y también comprendiendo los alcances de la ley de protección de datos, en ese sentido, tanto el tema de cuentas bancarias como información más puntual de cada una de las personas, pues fue lo que motivó la consulta remitida a la Prodhab", explicó Dinarte.

La titular de Trabajo añadió además, que esa diligencia hecha por su despacho, permitió entregarle a la Contraloría la información exclusivamente necesaria para el cumplimiento de su intervención.

Contraloría cuestionó obstaculización

La Prodhab sin embargo, incluyó en el desarrollo de dicho informe, los artículos que por Ley, facultan a la Contraloría General de la República para obtener todo tipo de información que esté dentro del aparato público para efectos de fiscalización.

"Señalan los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República la obligación que tienen los entes, órganos o personas sujetas a su control de brindarle colaboración y el suministro de cualquier fuente o sistema de información, registro, documento, instrumento, cuenta o declaración de los sujetos pasivos públicos, para el cumplimiento de sus funciones…", expresa el mismo oficio.

Sobre esa base, quienes responden a Dinarte, son el jefe del proceso fiscalizador Manuel Corrales y la abogada Carolina Muñoz, representante legal de la Contraloría en el proceso de auditoria. 

"Partiendo de lo expuesto, el acceso y tratamiento de los datos por parte de la Contraloría General se encuentra dentro de las excepciones al derecho de autodeterminación informativa contenidas en la Ley N.° 8968, acorde con el principio de transparencia administrativa, razón por la cual, es nuestro criterio, que no existe fundamento para considerar que en el ejercicio de las actividades de control y fiscalización, de alguna forma se violente el consentimiento informado de las personas", citan los dos funcionarios fiscalizadores mencionados.

La consulta de Dinarte a la Prodhab, surgió debido a la advertencia que hizo la Contraloría al Ministerio de Trabajo y a la empresa Continum Data Center, cuyo representante legal es Adrián Lachner Castro, pues en reiteradas oportunidades, al parecer, habían frenado el traslado de la información que requería el órgano contralor.

"Señora Geannina Dinarte (…) debido a que no se cuenta con la información solicitada; y dado que el plazo otorgado para la atención de los mismos ya expiró, se procede a reiterar por una única vez la solicitud realizada por esta Contraloría General, mediante el oficio DFOE-SOC0745 (10920) de fecha 16 de julio de 2020. Por lo anterior, se advierte que de no remitir a este Órgano Contralor, a más tardar el 6 de agosto de los corrientes, la información solicitada en los oficios antes señalados y según los requerimientos técnicos solicitados, la omisión se tendrá como incumplimiento y falta grave…", puntualizó la Contraloría.

Gobierno y Continum Data Center

Semanas posteriores al avance de la pandemia por el COVID-19 en suelo nacional, el gobierno anunció que a través de tres instituciones se darían ayudas para la población afectada a nivel laboral, específicamente la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo.

Para tales efectos, el gobierno debía trasladar a una misma plataforma o data base, la información cruzada de esas 3 entidades, así como cuentas bancarias para almacenar dineros y finalmente la estructura completa para hacer los pagos considerando el análisis de los perfiles de posibles beneficiados.

La firma Continum Data Center pertenece al Grupo Inmobiliario Invenio, que a su vez, es representado por el empresario en tecnología Adrián Lachner Castro, quien, al ser consultado, manifestó su molestia por la forma en que la Contraloría ha venido ejerciendo su proceso fiscalizador.

"Esto podría ser utilizado con fines políticos u electorales, y eso es algo en lo que nosotros no queremos participar, somos un grupo que pretendemos brindar colaboración al país sin recibir rédito alguno, pero quien garantiza que esa información que se llevó la Contraloría no se podría filtrar y ser usada para efectos políticos…", acotó Lachner.

CRHoy.com tiene copia del convenio, en el que se expresa que la duración de la donación hecha por Continum Data Center de la plataforma, tendría una extensión de 1 año, y que si se pretendía finalizar, debía informarse con 3 meses de anticipación.

Pero según Lachner, en este momento, el convenio quedó finalizado y se está en proceso de traslado del contenido de base de datos al Ministerio de Trabajo.

Al consultarle las razones, informó lo siguiente a través de un mensaje de texto:

"Bueno, tenemos responsabilidad de migrarlo al MTSS , por sugerencia de contraloria. (no es obligatorio) mas es eliminar un tema de que esten cuestionando porque en manos privadas".