Millonaria pugna por obras en vía a San Ramón que quedarían en nada

La Unidad Administradora del Proyecto (UAP) del fideicomiso Ruta Uno, gestionado por el Banco de Costa Rica (BCR) para la ampliación de la ruta San José-San Ramón, abrió un procedimiento interno para determinar una posible multa de más de $4.6 millones al consorcio adjudicado para la construcción de 2 obras viales contempladas en ese plan.

La disputa versa sobre el lote 2a del paquete de "obras impostergables" que impulsó Ruta Uno como antesala a la ampliación global de la carretera.

Estas intervenciones contemplaban la ampliación del intercambio del Monumento al Agua, que enlaza Circunvalación con la autopista General Cañas (San José-Alajuela), y la mejora del puente sobre el río Torres (cercanías del Hotel San José Palacio).

Ruta Uno adjudicó el proyecto desde 2020 al consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios. No obstante, pese a tener el contrato firmado, la orden de inicio para arrancar las tareas estimadas en $15 millones nunca se concretó debido a múltiples pendientes.

Con el Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) acordado entre el BCR y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para cerrar el fideicomiso a más tardar diciembre de 2024, se dispuso que el lote 2a de "obis" se limitará a la fase de diseño y no a la de construcción.

El ATA fija una fase de transición que implica que la UAP de Ruta Uno finiquite los contratos vigentes o que se elaboren los acuerdos de cesión para que el Conavi asuma los contratos que se mantendrán en ejecución.

Fue a partir de esas tareas que Ruta Uno emitió un oficio el 23 de noviembre pasado a los representantes de H.Solís y de TPF Getinsa Euroestudios indicando la apertura del procedimiento para establecer la posible sanción pecuniaria por aparentes incumplimientos contractuales.

¿Qué es lo que reclama el fideicomiso? Un presunto incumplimiento del contratista con la presentación de las correcciones en los informes de estado de avance de obras, correspondientes a los periodos comprendidos entre agosto 2021 y febrero 2022. Así como entre mayo 2022 y abril de 2023, de conformidad con lo establecido en el contrato.

Los más de $4.6 millones corresponden al 25% del monto total de la posible sanción, pues ese porcentaje es lo que el contrato permite fijar como multa.

Cabe destacar que, en mayo de 2023, ante una advertencia hecha por el fideicomiso sobre la posibilidad de girar multas por estos aspectos, el contratista rechazó la sanción pretendida y refutó cualquier responsabilidad en lo señalado.

Con la notificación del oficio el pasado 23 de noviembre, se le otorgaron 3 días al consorcio empresarial para referirse a los cargos imputados por la UAP de Ruta Uno.

Proyectos fallidos

Pese a que se procuraba iniciar los trabajos desde 2021, eso no ocurrió ante múltiples pendientes. Entre ellos destacaron: un trámite de expropiación para liberar 1 predio y que la Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (UERS), adscrita al Conavi, determinó que para la aprobación de los estudios y los diseños finales el contratista debía presentar en esos documentos la totalidad de los componentes de las obras.

Según el sitio web de Ruta Uno, la ampliación del puente sobre el río Torres requeriría una inversión estimada de $4.3 millones, mientras el intercambio con Circunvalación costaría aproximadamente $10.8 millones.

En ese mismo sentido, en la sesión del Consejo de Administración del Conavi, celebrada el 17 de julio pasado, acordó tomar distancia con posibles diferencias contractuales entre Ruta Uno y el consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios en asuntos de los diseños del proyecto.

Ese día, la cúpula de la institución resolvió que deberá ser la UAP de Ruta Uno la que "con sus propios recursos realice el pago al contratista por los sobrecostos en el diseño modificado del proyecto" que el propio fideicomiso solicitó al consorcio.

En esa misma línea, el Conavi definió que no intercederán en los diferendos contractuales en el proyecto "dado que en lo que respecta al proceso de diseño y construcción del lote 2a", pues consideran que la relación es únicamente con la UAP.

De igual manera, el consejo determinó que le exigirán al BCR y a Ruta Uno cumplir con la obligación de entregarle los diseños finales para ambas obras.

Las obras

En Circunvalación, a la altura del Monumento al Agua, se planteó construir 2 nuevas vías colectoras de 2 carriles, a ambos lados de la carretera actual. Cada una con el respectivo puente, así como la construcción de la conexión necesaria (rampa de ingreso y salida) a la autopista.

En tanto, las intervenciones en el puente sobre río Torres contemplan la demolición y la ampliación de la obra existente, que cuenta con 4 carriles (2 por sentido), para acondicionar una sección de 8 carriles (4 por sentido).

Para la ampliación global, el gobierno apuesta por un financiamiento de entre $500 millones y $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  No obstante, el proyecto se retomaría hasta finales de 2027 y estaría concluido en 2030.

El ATA suscrito entre el BCR y Ruta Uno sí establece la continuidad del lote 3 (intercambio de El Coyol), el cual está en fase de análisis de ofertas a la espera del aval de la Contraloría General de la República (CGR).

De igual forma, con el lote 4 se pretende licitar la construcción de los nuevos intercambios en Grecia, Naranjo y San Ramón.

Las "obis", distribuidas en 5 lotes, contemplaban intervenciones específicas que se ejecutarían en 17 puntos de interconexión entre la vía principal y otras rutas. También, se desarrollarían trabajos en puntos que enfrentaban estrechez para los vehículos debido a aspectos como las barreras naturales (puentes, en este caso).

Con base al plan trazado por Ruta Uno, era la fase previa a la ampliación global del corredor entre la capital y el cantón alajuelense, ubicado en el occidente del Valle Central.

Las obras estaban valoradas en $115 millones: $65.75 millones aportados por el Conavi y $50 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).