Medicamentos de la CCSS terminan a la venta en la calle por fallas de control

La Caja Costarricense de Seguro Social opera con debilidades en el proceso de prescripción y entrega de medicamentos que facilitan que terminen en manos de pacientes y, posteriormente, sean puestos a la venta de forma ilegal en la vía pública.
La Auditoría de la CCSS investigó un decomiso hecho por la Municipalidad de San José en un hotel del centro de la capital. A partir de las etiquetas encontradas en los productos, se identificó a 10 pacientes y rastrearon las recetas y despachos realizados por la institución.
En múltiples ocasiones, los pacientes recibieron recetas repetidas antes de que transcurrieran 30 días desde una prescripción anterior, incluso cuando todavía contaban con tratamiento disponible.
En varios casos no se encontró una justificación documentada para emitir nuevamente las recetas.
Además, algunos pacientes solicitaron nuevos medicamentos alegando pérdida, robo o insuficiencia del tratamiento, mientras que otros acudieron repetidamente a consultas médicas para obtener nuevas prescripciones.
La revisión de los expedientes también identificó pacientes catalogados como habitantes de calle, personas con antecedentes de toxicomanías, usuarios señalados por abuso de medicamentos y casos con problemas sociales y psicológicos complejos.
Pacientes recibían medicamentos aunque ya tenían tratamiento
Uno de los pacientes recibió nuevamente nueve medicamentos diferentes apenas cinco días después de haber obtenido una receta que le garantizaba tratamiento hasta el mes siguiente.
Otro caso mostró la prescripción duplicada de tramadol apenas 12 días después de una entrega previa. En el expediente médico incluso constaban anotaciones que advertían sobre abuso del medicamento por parte del paciente.
La Auditoría también identificó personas que retiraban entre 20 y 36 medicamentos por mes, así como pacientes que recibían nuevas recetas pese a contar con copias vigentes para varios meses más.
En algunos expedientes se registraron consultas reiteradas cuyo motivo era únicamente la repetición de recetas. Por ejemplo, un paciente registrado como habitante de calle que consultaba en distintas áreas de salud para solicitar tratamientos.
Otro expediente correspondía a una persona catalogada como "paciente callejizado". En los registros médicos se consignó que se le reimprimió una receta luego de indicar que le habían robado el tratamiento.
La revisión también reveló antecedentes de abuso de medicamentos. En uno de los casos, médicos documentaron que el paciente utilizaba cantidades superiores de tramadol a las indicadas y dejaron constancia de un uso indebido del fármaco.
Asimismo, hay expedientes con antecedentes de toxicomanías, mala adherencia a tratamientos e insistencia para obtener opioides más fuertes o combinaciones de estos medicamentos.
También se identificaron registros relacionados con intentos de suicidio mediante ingesta de fármacos, violencia doméstica y consultas reiteradas para solicitar nuevas recetas.
Despachos duplicados y alertas ignoradas
La investigación también encontró problemas en las farmacias institucionales.
Entre los casos analizados aparecen entregas repetidas de tramadol, gabapentina, acetaminofén, fluoxetina, codeína con acetaminofén, insulina y otros medicamentos en lapsos de pocos días.
La Auditoría señaló que el Sistema Integrado de Farmacias (SIFA) genera alertas cuando un paciente aún tiene tratamiento activo. Sin embargo, esas advertencias pueden ser ignoradas por el personal.
En algunos casos las farmacias despachan la receta completa para evitar conflictos con usuarios que reclaman la totalidad del tratamiento o presentan quejas ante la Contraloría de Servicios.
Pacientes cambiaban domicilio para obtener citas en otros centros
El informe también detectó debilidades estructurales en los sistemas de control.
Entre ellas figura la existencia de pacientes policonsultantes que programan múltiples citas médicas en un mismo mes para solicitar tratamientos nuevamente.
Además, la Auditoría identificó casos en los que usuarios modificaban su domicilio en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) para acceder a citas en otras áreas.
La situación se agrava porque el sistema de farmacias no está completamente centralizado. Esto impide verificar de manera inmediata si un paciente ya retiró medicamentos en otro establecimiento de la CCSS.
Como resultado, una misma persona puede obtener tratamientos en distintas unidades sin que exista un control efectivo sobre la cantidad acumulada.
Riesgo para la salud pública
La Auditoría concluyó que el despacho de medicamentos cuando los pacientes ya disponen de tratamiento favorece la acumulación de fármacos y aumenta el riesgo de uso indebido.
En este caso, el riesgo se materializó con el hallazgo de medicamentos institucionales que terminaron disponibles para la venta ilegal.
El informe advierte que estas prácticas no solo afectan el patrimonio de la CCSS, sino que también representan un peligro para terceros que podrían consumir medicamentos adquiridos sin prescripción médica ni supervisión profesional.
