Más recortes en educación, salud y seguridad no resolverán el déficit fiscal, advierte Estado de la Nación

Recortar educación, salud y seguridad no resolverá los problemas fiscales del país, según Estado de la Nación
Más recortes en educación, salud, seguridad e infraestructura no resolverán los problemas fiscales del país. Por el contrario, podrían deteriorar las condiciones de vida de la población y afectar el crecimiento económico.
Así lo advierte el Informe Estado de la Nación 2026, que señala que los efectos positivos de la reforma fiscal aprobada en 2018 comienzan a agotarse.
Incluso si el Gobierno mantiene las restricciones al gasto, sin contar el pago de intereses de la deuda, el déficit fiscal pasaría del 3,4% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 4,2% en 2031.
El informe atribuye esta proyección principalmente al menor crecimiento de la recaudación y al elevado costo de los intereses de la deuda.

Fuente: Informe Estado de la Nación 2026
"Seguir apostando por medidas fiscales enfocadas en recortes (…) no solo menoscaba las condiciones necesarias para propiciar un desarrollo humano sostenible e inclusivo, sino que es insuficiente para asegurar la solvencia fiscal del país", explicó Luis Vargas Montoya, investigador adjunto del Programa Estado de la Nación.
El deterioro de las cuentas fiscales se refleja en el resultado primario, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno sin incluir los intereses de la deuda.
En 2020, el Gobierno gastaba más de lo que recibía. Esa diferencia equivalía a un 3,3% del PIB. Para 2022, logró que sus ingresos superaran sus gastos en un monto equivalente al 2% del PIB. Sin embargo, ese superávit primario se redujo al 0,9% en 2025.
Menos ingresos y más gastos por intereses
Costa Rica fue el segundo país con mayor crecimiento económico en 2025 entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un 4,6%, frente al promedio de 1,8% de la organización.
Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en un aumento similar de los ingresos del Gobierno.
La caída del tipo de cambio del dólar, la baja inflación y la disminución de las ganancias de las empresas podrían explicar parte de esta situación. A esto se suma que una parte importante del crecimiento económico proviene de empresas con beneficios fiscales, como las que operan en zonas francas.
Entre 2021 y 2025, los ingresos del Gobierno Central representaron, en promedio, un 15,2% del PIB. Para el periodo 2026-2031, se proyecta que esa proporción baje al 12,2%.
La reducción respondería principalmente a una menor recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta en relación con el PIB.
Al mismo tiempo, el pago de intereses de la deuda aumentaría. Pasaría de representar un promedio del 2,7% del PIB entre 2010 y 2019 a un 4,7% entre 2026 y 2031.

*Proyecciones. Fuente: Informe Estado de la Nación 2026
"La estrategia confrontativa de la administración Chaves-Robles redujo las posibilidades de construir los acuerdos legislativos necesarios para autorizar operaciones de endeudamiento externo que permitieran sustituir deuda interna más costosa por otra en mejores condiciones", explicó Vargas.
Las proyecciones apuntan a que la deuda alcanzaría el 64% del PIB en 2030, sin incluir las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Menos recursos para servicios públicos
El Estado de la Nación advierte que la presión fiscal podría limitar aún más los recursos disponibles para educación, salud, seguridad e infraestructura.
En educación, el presupuesto para 2027 equivale al 4,9% del PIB, frente al 5,6% presupuestado para 2026. La Constitución Política establece una inversión mínima del 8% del PIB.
En seguridad, la inversión pasó del 2,5% al 2,1% del PIB durante la última década.
En salud, las listas de espera de la CCSS alcanzaron 1,3 millones de registros en 2025, un 64,2% más que en 2019. Ese mismo año, la inversión en infraestructura de transporte también llegó a su nivel más bajo de la última década.
Según Vargas, nuevos recortes en estas áreas podrían afectar el crecimiento económico y, con ello, la capacidad del Estado para recaudar impuestos.