¿Más plaguicidas en el agua? UCR exige frenar reforma

El Consejo Universitario de la UCR ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que reconsideren la reforma al Decreto Ejecutivo N.o 38924-S, que propone modificar el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.

La modificación planteada por el Ministerio de Salud introduce los llamados Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR), los cuales permitirían concentraciones mayores de plaguicidas en el agua potable en comparación con la normativa actual.

Esta reforma se alinea con estándares de la Unión Europea, sin embargo, la UCR destaca que la medida no es suficiente para garantizar la seguridad de este recurso tan vital.

Uno de los casos más alarmantes es el del plaguicida clorotalonil. Este químico, prohibido desde 2023 por su condición cancerígeno, ya ha sido detectado en diversas fuentes de agua del país.

Según la UCR, elevar los límites de este y otros plaguicidas podría significar que la población consuma niveles peligrosos de estos residuos, incrementando el riesgo de sufrir daños a la salud a largo plazo.

El Consejo Universitario también señala que, la reforma no explica bien cómo se medirán y controlarán los nuevos límites de plaguicidas. Sin una metodología definida y expertos capacitados, es difícil asegurar que el agua sea realmente segura.

Otro punto importante, es que el decreto no considera el impacto de la combinación de distintos residuos químicos en el agua.

En ese sentido la UCR enfatizó que es esencial aplicar el principio precautorio en cualquier cambio regulatorio relacionado con la calidad de agua potable. Este principio establece que, cuando existe el riesgo de daño grave o irreversible, deben tomarse medidas preventivas para proteger a la población.

El Consejo Universitario pide al Poder Ejecutivo que reevalúe la reforma y cree un comité técnico que reúna a expertos de diferentes áreas.

Este grupo tendría la tarea de revisar la propuesta y asegurar que se implementen controles adecuados. Además, la UCR expresa su solidaridad con las comunidades que ya están expuestas a altos niveles de plaguicidas en su agua, subrayando la importancia de proteger el derecho de todos a un acceso seguro a este recurso vital.

Este pronunciamiento se da en un contexto en el que Costa Rica aún enfrenta los efectos de la crisis del agua de 2024, la cual, según la Defensoría de los Habitantes, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua en el país.

Durante el 2024, la Defensoría de los Habitantes alertó sobre múltiples casos de contaminación en fuentes de agua, lo que afectó a comunidades enteras y generó una grave preocupación en materia de salud pública.

La detección de químicos peligrosos en el agua potable evidenció la falta de control y fiscalización, dejando en claro que el sistema de abastecimiento no cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la calidad del recurso.

Además de la contaminación, el país sufrió extensos racionamientos programados y no programados, lo que impactó la higiene y el acceso al agua para consumo en miles de hogares. Ante este panorama, muchas comunidades recurrieron a la protesta para exigir respuestas y soluciones por parte de las autoridades.