Más de 4.000 personas operan para el crimen organizado en el país, estima OIJ

Más de 4.000 personas estarían trabajando para los aproximadamente 200 grupos de crimen organizado, conocidos como carteles criollos, que existen en el país y que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene mapeados para buscar desarticularlos.

Los grupos criminales cuentan en sus filas con personas que van desde los 15 años hasta los 45 en su mayoría, sin embargo, hay casos donde conocen de personas con edades superiores.

El OIJ confirmó que desde el 2019 que se implementó el Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre las Organizaciones criminales y la Resiliencia (Decisor) han tenido mayor facilidad de monitorear el movimiento de los clanes, no obstante sus facultades les permiten ir desarticulándolos poco a poco.

"Había 300 grupos criminales y ahorita podemos hablar de 200, de esos el OIJ tiene capacidad operativa para trabajar nada más como 100, entonces es lo que tenemos mapeado, pero no les podemos llegar, o sea, no podemos ni siquiera iniciar una investigación entonces hacemos la priorización.

Nosotros buscamos los grupos que tengan más afectación a nivel país, a nivel de mediático, a nivel de víctimas colaterales, etcétera y con base en eso realizamos la priorización de lo que tenemos que atacar durante el año", explicó Randall Zúñiga, director de la policía judicial.

El jerarca comentó que estas agrupaciones cuentan como mínimo con 20 personas cada uno, sin embargo, hay algunos que son mucho más numerosos, por lo que tomando en cuenta que existen aproximadamente 200 bien estructurados operando, el número de personas bajo esta sombra criminal estaría por encima de 4.000.

"Como no podemos abarcar 200 grupos criminales, pues porque no hay capacidad operativa para eso entonces lo que hacemos es priorizar y abarcamos los más fuertes", añadió el jefe policial.

Promedio de 2,4 por cantón

Pese a que el número es importante, para Zúñiga todavía es un número manejable que podría estar dentro de la rivalidad habitual, pues en promedio habría 2,4 bandas por cantón, lo cual hace mapeable los movimientos de la mayoría.

Donde confesó que existe un número altamente superior al promedio es en San José y Limón, principalmente, pues hay organizaciones de larga data que pese a que sus líderes están en la cárcel, mantienen a personas de confianza manejando sus operaciones.

Uno de esos ejemplos son los barrios del sur de capital, donde solo en una zona específica que aglomera la Ciudadela 25 de Julio, La 15 de Setiembre, San Sebastián, María Reina, Sagrada Familia, Barrio Cuba, Alajuelita entre otros, existe una disputa de por lo menos 4 en un área muy pequeña.

La guerra en estos barrios tiene bajo un régimen de violencia a la zona y por eso en las últimas semanas las diferentes policías han tenido que sostener operativos para controlar los homicidios, atentados contra carros y viviendas, ventas de droga al microtráfico y hasta cobro de peajes de sujetos que caminan por aceras con fusiles de asalto.

"Los Lara", cuyos líderes están presos, es uno de los grupos más antiguos y tiene sus orígenes en Sagrada Familia. Pese a la condena de sus cabecillas no perdieron su imperio, no obstante reciben constantes embates de otras organizaciones como la de "Pioja" y Los Myrie.

Previo a esta guerra incluso estuvieron en constante disputa con "Los Gery", pero tras la condena de sus jefes, perdieron fuerza en la capital y prácticamente se quedaron administrando sus plazas en Tres Ríos, Río Azul, Linda Vista y alrededores.

En esta zona también confluyen otras tres bandas, una es la de un peligroso criminal preso de apellido Martínez, a quien conocen con el alias de "Pollo", quien se mantiene en constante disputa con sus rivales "Turco" y "Enano".

Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República, asegura que pese a ser muchas personas las involucradas en estos grupos, el análisis que hacen les permite avanzar en investigaciones para ir cerrando los casos.

"Es un número considerable, preocupante e importante, pero nosotros celebramos poder contar con los niveles de inteligencia y de desarrollo de tecnologías para poder lucir no solo para ir mapeando y enlistando a estos grupos sino irlos manejando porque en estos trabajos nosotros le asignamos diferentes calificaciones al grupo basados en el trabajo policial que se les hace y el daño social que causan", explicó.

Explicó que no se trata de solo trabajar dos o tres organizaciones y luego las otras, si no que tienen muchas al mismo tiempo pero le dan peso y énfasis a las que las características indiquen que deben atacar primero.

"(…) hay organizaciones que son más pequeñas y se debe considerar también que el problema es que dentro de estas hemos sacado otras, lo cual genera fragmentación y como consecuencia más rivalidad", indicó.

¿Cómo priorizan las bandas?

Además de tomar en cuenta los sitios donde se registran más asesinatos, las autoridades judiciales se basan en el programa Decisor para enlistar los grupos que se deben atacar a la brevedad posible.

Este toma en cuenta crímenes violentos que atentan contra la integridad física como: amenazas, lesiones, privaciones de libertad, homicidios, delitos relacionados con armas de fuego, tráfico, comercio, tenencia o accionamiento de armas.

También influyen los delitos patrimoniales, tráfico y trata de personas, delitos de índole sexual, persecución de activos, inherente a cualquier proceso por delincuencia organizada, entre otros.

"Conforme vamos desarticulando organizaciones, inmediatamente en el Top 10 van subiendo otras y para eso nosotros constantemente estamos monitoreando zonas, por ejemplo hace unas semanas estábamos con Heredia, Alajuela y todo el sector de Occidente, ahora estamos en la zona de Cartago", reveló Boraschi.

Para tener efectividad en el combate contra el crimen organizado, se trabaja sobre tres ejes, el primero abarca la recolección, identificación, investigación y desarticulación de las organizaciones que por sus características sean consideradas de crimen organizado.

Después se aplica énfasis en contingencia con celeridad, el tercero consiste en atacar los delitos comunes, que se derivan del crimen organizado y finalmente se usa una herramienta tecnológica que permite almacenar todas las informaciones que ingresen a la institución por las diferentes vías y que puedan ser utilizadas en investigaciones futuras.

"Estamos revisando constantemente el instrumento informático que usamos con los policías y los fiscales para enlistar y mapear los casos que llevamos en cada región. Esto nos permite ir sacando algunos de la lista y concentrarnos en otros que vienen atrás, estamos en una dinámica fuerte que requiere mucho trabajo de calle", señaló el fiscal.

Tanto Boraschi como Zúñiga insisten en que se debe destinar más dinero en recursos policiales, así como en la parte social, pues estos son vitales para frenar la crisis que vive el país.

"Nosotros necesitamos como país hacer esa inversión para tener personas dedicadas a dar la cara por el país en materia de seguridad.

"Lastimosamente este año lo veo complicado, seguramente terminar el año con una cantidad bastante importante de homicidios y no veo soluciones integrales por ahora. Vi una posibilidad que generó la Asamblea Legislativa, que les agradecemos mucho, pero igualmente no va a resultar todo lo que se espera. La problemática mayor que tenemos es el tema estructural que no se está atendiendo", dijo el jerarca del OIJ.

Según el último corte del OIJ, al inicio de la Semana Santa, el país registra 213 asesinatos, siendo San José y Limón las provincias con más casos registrados.