(CRHoy.com) -La maniobra orquestada por un grupo de 12 diputados, en clara alianza con sindicatos, para boicotear el proyecto de ley que busca frenar abusos en huelgas no golpeará su curso en la Asamblea Legislativa.

El texto sustitutivo presentado este jueves por los legisladores -liderados por la congresista Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN)- parece ser un intento por distraer la atención de la discusión seria de las más de 200 mociones presentadas al proyecto de ley, que se enfila ya a su recta final para ser votada en primer debate por el Plenario Legislativo a mediados de setiembre.

La polémica iniciativa -calificada como un desaguisado- pretende legalizar las huelgas en servicios esenciales, como hospitales y clínicas, cuerpos policiales, suministro de agua potable, comedores escolares y entrega de cuerpos en morgues judiciales, a pesar de las consecuencias negativas para todos los costarricenses, como sucedió en la última huelga del sector salud.

Además, busca prohibir los rebajos salariales de manera retroactiva a quienes participen en movimientos de protesta declarados ilegales. Incluso, propone que las huelgas sean legales, si se garantiza un plan de servicios mínimos antes del inicio de la huelga.

Sus objetivos son completamente inversos a los planteados por el proyecto de ley que se tramita por medio de un procedimiento abreviado en el Congreso y que más bien pretende terminar con los abusos en las huelgas.

Esta iniciativa firmada por 12 legisladores, además de ser un intento por distraer, no goza de apoyo de la mayoría del Parlamento.

El texto fue suscrito por los diputados Franggi Nicolás, Paola Valladares y Daniel Ulate, del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepelman, Carmen Chan y Nidia Céspedes, del bloque independiente Nueva República, Wálter Múñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), Shirlez Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

No surtirá efecto

El diputado del PLN y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, descartó que el texto sustitutivo afecte el proyecto de ley para terminar con los abusos en las huelgas, iniciativa que él ha impulsado.

"Cuando planteamos la moción 208 bis para darle un procedimiento especial lo hicimos porque sabíamos perfectamente que este proyecto en la vía ordinaria no pasaría porque lo hubieran enterrado con mociones. Y ahora no lo pueden hacer, si bien es cierto tiene 200 mociones, las veremos, tardaremos unos días en hacerlo, pero pronto estará en Plenario para la discusión final, y ahí cada diputado tendrá que tomar una decisión frente al pueblo: si está con la ciudadanía o está con algunos líderes sindicales, cuyo negocio es hacerle la vida difícil a los costarricenses", declaró.

El texto sustitutivo, para empezar, no cuenta con un sólido respaldo en la bancada del PLN, la más numerosa del Congreso.

"La mayoría de la fracción del Partido Liberación Nacional se manifiesta en contra del texto sustitutivo que se presentó por parte de 12 diputados (…) 14 diputadas y diputados de Liberación Nacional nos mantenemos a favor del espíritu del proyecto en la versión trabajada por los compañeros Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León", escribió en su cuenta oficial de Facebook la jefa de fracción de esa agrupación política, Silvia Hernández.

Sólido apoyo

La mayoría de legisladores de las bancadas del PUSC, Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y de otras agrupaciones mantienen su apoyo al proyecto de ley que fue dictaminado afirmativamente por una comisión especial el 9 de agosto pasado.

"En realidad, yo estoy en este momento concentrado revisando las otras mociones que han presentado las distintas fracciones políticas, mociones que vienen a buscar mejorar el texto. Esta moción, que lo que busca es desmejorar el texto, en realidad no le voy a poner atención, voy a concentrarme en cualquier propuesta que sea de mejoría", dijo el socialcristiano Pedro Muñoz.

Desde el oficialismo, la legisladora Nielsen Pérez, jefa de bancada del PAC, reiteró el respaldo de su agrupación al proyecto de ley en curso.

"Hay una mayoría que sí quiere que el proyecto avance en el espíritu original de regulación, y aquí tenemos que velar por todas y todos los ciudadanos, y que el derecho a huelga es un derecho, pero se está regulando cuando entra en conflicto con otros derechos", manifestó.

El diputado Eduardo Cruickshank, jefe de fracción del PRN, aseguró que no ha estudiado el texto sustitutivo liderado por Nicolás, pero dejó clara su oposición a que se legalicen huelgas en servicios esenciales.

"No estoy a favor de autorizar huelgas en servicios esenciales. Me parece que desde hace años las huelgas no están permitidas en los servicios esenciales y yo seguiré sosteniendo esa posición porque me parece que volver a que se tenga la opción de hacer huelgas en servicios esenciales afecta a la gente más vulnerable de la población, que no tienen opción de ir a servicios médicos privados o no tienen opción de estar en centros educativos privados", sostuvo.

Aunque indicó que respeta el derecho a manifestarse, el congresista Otto Roberto Vargas, del PRSC, también expresó su apoyo a la prohibición de huelgas en servicios esenciales y se mostró extrañado de que su compañero de bancada, Dragos Dolanescu, apoyara el texto sustitutivo que pretende lo contrario.

"Estoy totalmente en desacuerdo. Me extraña mucho que mi compañero de fracción haya avalado ese texto sustitutivo porque, como republicanos, parte de nuestra doctrina es el bien común. Esto viene a quitarle la atención médica a los asegurados, a todas las personas que pagan su cuota en la Caja, pero que en huelgas se ven inhibidos de recibir servicios", dijo.

La legisladora Zoila Volio, del PIN, también cuestionó que el texto sustitutivo haya sido apoyado por sus compañeros de bancada, Wálter Muñoz y Silvia Villegas. Incluso, valora separarse de la fracción y declararse independiente.

"Entregarnos a los sindicatos en servicios esenciales, como salud y seguridad, que hasta la propia Constitución prohíbe. Me preocupa muchísimo el giro que está dando el partido (…) Si el partido se está convirtiendo en una sede sindicalista, no hay nada que hacer", manifestó.

"Un despropósito"

El diputado Benavides agregó que el texto sustitutivo -liderado por su compañera de bancada- es "un despropósito".

"Es un conjunto de medidas redactadas por los sindicatos y suscritas por los compañeros diputados (…) Creo que los intereses de la gente están primero, creo que en servicios esenciales no se deben permitir las huelgas, creo que en servicios esenciales el plan de atención mínima no alcanza para atender a la gente, creo que el servicio normal es un servicio que ya está en mínimo", afirmó.

Manifestó que llegó la hora de que los diputados tomen una decisión. "O estamos con la ciudadanía y sus problemas o estamos entregados a algunos líderes sindicales acostumbrados a hacer negocio con la salud de las personas", agregó.

En la última huelga del sector salud, que duró 8 días, se cancelaron 82 mil citas médicas y 1.200 cirugías que ya estaban programadas.