Magistrados: Ley para anticipar testimonio a víctimas de abuso colapsaría el sistema
Existen más de 12 mil denuncias por agresiones sexuales y violaciones: pueden tardar hasta 10 años en trámite
Un proyecto de ley tramitado en el Congreso, permitiría al Poder Judicial tomar el testimonio o adelantar la captura de pruebas sobre violaciones o agresiones sexuales, al momento de interponer la denuncia previo a que se inicie un juicio o investigación.
Esto con el objetivo de evitar que se olviden los hechos, se borren los rastros y además, que las víctimas no tengan que volver a vivir el episodio una y otra vez, durante las diferentes etapas de un proceso judicial.
No obstante, aprobar una reforma para permitir ese anticipo de prueba, provocaría un colapso dentro del sistema de justicia, de acuerdo con el criterio de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Incluso varios magistrados señalan que un cambio de este calibre, paralizaría las investigaciones y trámites de los demás delitos.
Paso a paso: ¿qué es el anticipo jurisdiccional de la prueba?
Normalmente, en el transcurso de las investigaciones, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público van gestionando la recolección de pruebas y testimonios que permitan clarificar si se cometió un delito o no.
No obstante, el Código Procesal Penal contempla una figura llamada "anticipo jurisdiccional de prueba" para casos excepcionales.
Esta es una diligencia que se realiza, cuando es urgente alguna acción definitiva e irrepetible para recibir una declaración, por un obstáculo difícil de superar o porque al no hacerlo inmediatamente, la prueba no se podrá usar durante la etapa de juicio.
Un ejemplo es, cuando un testigo podría olvidar lo que ocurrió, cuando la vida de una víctima corre peligro o cuando una persona debe abandonar el país. Entonces, un juez puede autorizar la recepción anticipada del testimonio, si lo considera admisible.
Todos estos procesos están regulados en la ley: específicamente en el Artículo 293 Código Procesal Penal.
La idea del proyecto de ley es ampliar las causas para anticipar la prueba e incluir que, en los casos que se investigue un delito sexual, la Fiscalía gestione lo necesario para recibir el testimonio o las pruebas de la víctima, apenas reciba la denuncia o tengan conocimiento de la violación o abuso sexual.
La intención de esta reforma legal, es evitar la impunidad de los delitos sexuales y que las personas denunciantes no tengan que repetir su relato una y otra vez, causando revictimización.
La magistrada Roxana Chacón, explicó que este proyecto surgió en el seno del mismo poder judicial, ha sido defensora de la iniciativa.
"¿Por qué es importante? Porque al momento en que se comete la violación, en esas primeras horas las víctimas recuerdan el evento y es lo que necesitamos para tener una prueba importante, amarrada y ligada al proceso que nos permita llegar a un juicio penal", indicó.
La iniciativa se tramita bajo el expediente legislativo N°. 23.634 y fue propuesta por la diputada liberacionista, Carolina Delgado.
Delitos contra mujeres han aumentado
Costa Rica registra más de 32 mil agresiones sexuales reportadas, cuyas víctimas son niñas, niños y hombres, pero especialmente las mujeres. Así lo muestran los datos del Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres.
Durante 2022, fueron 6.868 la cantidad de mujeres contra las cuales se cometieron delitos sexuales: un 87% del total. Por otro lado, el 94% de los agresores fueron hombres, casi 6 mil sospechosos.
La comparación entre denuncias y resoluciones es notoria: en 2022 se aperturaron 9.902 causas contra poco más de 2 mil casos que se resolvieron.
La cantidad de sospechosos absueltos es mayor que la cantidad que terminan condenados. Al menos esa fue la tónica en el año de referencia. De 2044 resoluciones de los tribunales, solo 963 víctimas consiguieron justicia, mientras que en 1.081 casos, la
De acuerdo con la especialista en Derechos Humanos, Larissa Arroyo, este proyecto sería una medida oportuna para luchar contra la impunidad en los crímenes sexuales.
"Algo que es curioso es que la discusión sobre este tema no ha sido sobre el fondo, si es útil o no para atender este tipo de problemática. Me queda clarísimo que el sistema revictimiza y después preguntan por qué no denuncian las mujeres agredidas", cuestionó la consultora jurídica.
Considera que para la implementación del anticipo de prueba, se debería considerar más la atención a la víctima, que los efectos que pueda tener en la carga de trabajo del Poder Judicial.
"La resistencia a implementar esta reforma está en cómo se implementa, en los costos y en la carga mayor de trabajo. Eso también tiene que ser resuelto, pero la Sala Constitucional ha sido tajante en que no se puede alegar falta de presupuesto para cumplir con derechos fundamentales", explicó Arroyo.
¿Por qué los magistrados tienen dudas?
Proyecto incide sobre funcionamiento del Poder Judicial, según Corte Plena.
Según un informe dictamen por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, autoridad máxima del Poder Judicial, la reforma legal planteada provocaría mayor duración en las investigaciones.
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, adelantar todos los testimonios de las víctimas de abuso sexual, generaría un colapso en los tribunales.
"Teníamos datos del 2022 y 2023, que ascendió a cerca de 14.900 denuncias por delitos sexuales. No me imagino cuál es el impacto de tramitar casi 15 mil anticipos jurisdiccionales de la prueba.
Eso creo que casi paralizaría la investigación de la justicia penal, en donde hasta las medidas cautelares quedarían en segundo plano, para poder hacer los anticipos de prueba", señaló la alta jueza.
También señaló que el proyecto de ley violenta los principios del proceso judicial y la independencia del juez.
Señalaron que tampoco se evitaría la revictimización, porque tomar el testimonio desde la denuncia, no impediría que la víctima deba relatar los hechos nuevamente durante un eventual juicio.
Adicionalmente, señalaron que el proyecto tiene contradicciones, porque en un párrafo señala el anticipo de prueba como opcional, pero más adelante en el texto obliga a los jueces a implementar esta medida en todos los casos de violación o agresiones sexuales.
La Corte Plena conoció y discutió un informe sobre este proyecto de ley, el pasado lunes. Concluyeron que la iniciativa incide en el Poder Judicial y requerirá más votos para aprobarse y modificar la ley actual.
Durante el debate, la Corte reconoció el alto tiempo de espera y atrasos que tienen las denuncias por agresiones sexuales. Los plazos rondan hasta los 10 años.
"Cuando se habla de mecanismos para descongestionar la cantidad de denuncias, son casos que tenían 9 años. Todavía quedan asuntos muy viejos, del 2017 hacia acá", expresó la magistrada Roxana Chacón.
"Hay una impunidad total con relación a las víctimas de delitos sexuales. Una cosa son los imputados que defiende el proceso penal que se libran de los procesos, y otra cosa las más de 12 mil personas que no encuentran justicia", enfatizó la alta jueza.
Aparte, la presidenta de la Sala III reconoció que la Fiscalía no ha hecho el trámite de adelantar la captura de prueba de forma adelantada, en muchos casos donde sí debía.