Magistrado Fernando Castillo: “La Sala IV no puede dar un golpe de Estado”
El magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, aclaró que el órgano constitucional no ha dado ni puede dar un golpe de Estado, tal como lo ha afirmado la presidenta de la República Laura Fernández y otras figuras de su gobierno. Más bien, lo que hizo fue restablecer el orden constitucional ante el bloqueo generado en la Asamblea Legislativa.
Castillo compareció en la comisión de Nombramientos donde se discute la elección de los magistrados suplentes de la Sala IV. El tema que ocupó la atención fue el fallo que prorrogó el nombramiento de las suplencias vencidas para que el tribunal pueda avanzar con la discusión de 124 expedientes varados por inhibitorias, debido a que la bancada oficialista se niega a elegir entre las candidaturas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado fue claro en que la Asamblea puede devolver la lista propuesta por la Corte, pero debe dar una justificación objetiva, para que los magistrados puedan hacer los cambios. También agregó que las recomendaciones hechas ya habían sido avaladas por la Comisión de Nombramientos del Congreso anterior.
Castillo dijo que las figuras políticas que no compartan el fallo de la Sala IV igual lo deben acatar, porque es lo que corresponde en un Estado de derecho. No hacerlo así pone al país en una situación de inseguridad jurídica.
"En un Estado de derecho toda sentencia debe ser respetada. Imagínese que un finquero tiene una sentencia de la Sala Primera que le dice que la cerca de su finca debe estar en tal lado. Pero el finquero dice que no la va a acatar y corre la cerca. Cuando llega la Fuerza Pública se agarra a balazos con la policía. Eso no puede existir en un Estado de Derecho", explicó Castillo.
La decisión de la Sala IV
La Sala Constitucional ordenó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, coordinar las acciones necesarias para que el Plenario conozca la nómina de candidatos a magistrados suplentes.
Además, prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes cuyos períodos vencieron en diciembre, con el propósito de evitar que continúe la acumulación de expedientes mientras el Congreso realiza las nuevas designaciones.
Actualmente, el tribunal mantiene al menos 123 expedientes pendientes.
La presidenta Laura Fernández y la fracción oficialista de Pueblo Soberano, calificaron la resolución como un golpe de Estado. Tras conocerse la decisión, presentaron una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que votaron a favor de la prórroga.
El magistrado Catillo fue uno de los que salvó el voto y declaró sin lugar el recurso. Indicó que las razones de su posición se conocerán cuando se publique el texto de la resolución.