Magistrada cuestiona falta de precisión en plan que busca suprimir beneficios a sospechosos de narco
La magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Vargas González realizó una serie de señalamientos a un proyecto de ley que pretende suprimir los beneficios carcelarios para los sospechosos de estar ligados a la narco actividad.
Se trata del expediente 23.714, presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz.
El proyecto propone que a la declaratoria de narcoactividad se le debe otorgar "una prisión preventiva por un plazo de un año, no revisable antes de ese plazo, excepto por circunstancias excepcionales".
Además, duplica los plazos para efectos de la investigación, celebración de audiencias, plazos para deliberación y dictado de la sentencia, así como los plazos para recurrir; e impide la aplicación de medidas alternas del procedimiento penal así como cualquier tipo de reducción de la pena (exceptuando casos de testigo de la corona).
Este jueves en audiencia con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la magistrada Vargas dijo que la propuesta de Campos no precisa con claridad las causas que serían sometidas a declaratoria de narco actividad y sus manifestaciones.
Explicó que el proyecto no habla de causas por delitos contemplados en la Ley 8204, sino que la propuesta habla de causas vinculadas con delitos de los contemplados en la dicha ley.
Según la magistrada, este problema de precisión no es poca cosa.
"Estamos hablando de un problema de precisión importante", dijo.
Añadió que el texto no explica en qué consiste la vinculación que tiene que existir entre el hecho que se investiga y la narco actividad y sus manifestaciones.
El proyecto del diputado Campos busca que a la declaratoria de narcoactividad otorgar "una prisión preventiva por un plazo de un año, no revisable antes de ese plazo, excepto por circunstancias excepcionales".
Además, duplica los plazos para efectos de la investigación, celebración de audiencias, plazos para deliberación y dictado de la sentencia, así como los plazos para recurrir; e impide la aplicación de medidas alternas del procedimiento penal así como cualquier tipo de reducción de la pena (exceptuando casos de testigo de la corona).
El diputado Campos dijo que la eventual ley permitiría a los Tribunales contar con una herramienta adicional para juzgar más rápido a los narcotraficantes y sin que le cueste un colón más al Poder Judicial.