Madre Patria: Juzgado congeló ₡504 millones y 237 cuentas a implicados en megacaso de fraudes
Son cerca de ₡48 millones en moneda nacional y $872 mil en divisa extranjera
El Juzgado Penal de San José ordenó inmovilizar 237 bienes bancarios relacionados los sospechosos del megacaso "Madre Patria", en el cual se investigan supuestos fraudes registrales, legitimación de capitales y actos de corrupción.
Son cuentas bancarias, cuentas de ahorros y corrientes, certificados de depósito a plazo, planes de ahorro a la vista y tarjetas de crédito. Muchas de ellas están directamente a nombre de los imputados, en otras están autorizados y varios bienes pertenecen a sociedades o figuras jurídicas vinculadas con las personas incluidas en el legajo de investigación.
En total, las cuentas poseían cerca de ₡504 millones, de acuerdo con un conteo realizado por CRHoy, tras conseguir una copia de la resolución dictada el pasado viernes 12 de julio del presente año. En dicho voto, un juez penal autorizó el congelamiento de los productos financieros por el plazo de un año, es decir, rige hasta mediados del 2024.
Los recursos contabilizados por este medio arrojan que los bienes financieros estaban en moneda nacional y extranjera: en colones, la cifra ronda los ₡47.868.955. Mientras que en dólares, el dinero inmovilizado se aproxima a los $871.789, que al tipo de cambio actual, se convierte en un monto que supera los ₡456 millones de colones adicionales.
Justamente son las cuentas en dólares que tienden a conservar más fondos: una sola posee entre más de $361 mil, es decir, un 38% de todo lo incautado. Otras 8 operaciones superan los $12 mil dólares y siete más oscilan entre los mil y $10 mil dólares.
Por otro lado, entre 135 bienes financieros en colones, el de mayor valor no supera los ₡8.5 millones. Solo 10 cuentas superan el millón de colones; y 65 rondan entre los mil y ₡100 mil colones.
Dinero disperso
El dinero que fue congelado por orden judicial no estaba concentrado, sino que permanecía disperso por gran parte del sistema financiero nacional.
La mayoría de cuentas (145) están abiertas desde años atrás en los bancos estatales del país: justo es el Banco Nacional donde la supuesta red criminal tenía más cuentas, 79 en total.
Adicionalmente, 76 bienes financieros están bajo tutela de bancos privados, en su mayoría (50) permanecen en el BAC. Dieciséis productos financieros están en otras entidades como cooperativas y mutuales.
Contemplando los montos de dinero, en colones las mayores sumas estaban en Banco Nacional (₡18.7 millones) y en el Banco de Costa Rica (₡12.6 millones), mientras que las cifras en dólares más cuantiosas permanecerán congeladas en el BAC ($442 mil), en Promérica ($204 mil) y el Banco Nacional ($197 mil), en montos aproximados.
Muchas de las cuentas estaban vaciadas al momento de la orden judicial. De todas las cuentas en divisa extranjera, ya 50 estaban en montos inferiores a los $5 dólares. Por otro lado, 144 de las cuentas, tarjetas y certificados en colones están con montos de ₡5 mil o menos.
Solicitud de Fiscalía
Fue la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada a cargo del caso, que pidió congelar las cuentas bancarias de la supuesta banda de estafas, así como el levantamiento de secreto bancario. Lo solicitaron la medida civil precautoria, para evitar que se oculten dineros cuestionados y además, respaldar la investigación.
La decisión le permitiría a los investigadores tratar de determinar en los próximos meses el origen del dinero y confirmar o descartar la hipótesis que apunta a que la mayoría son ganancias producto de los posibles fraudes y apropiaciones de propiedades ajenas.
Así lo dicta la resolución a la que CRHoy tuvo acceso:
Esta medida preventiva se impone en virtud de que se han identificado transacciones bancarias concretas de dineros que los investigados depositaron en las cuentas bancarias de los imputados o de sus empresas; constituyendo así evidencia material que se encuentra en custodia de una institución financiera, y en virtud de que los mismos son obtenidos producto de la conducta ilícita que se investiga, resulta procedente su inmovilización, a fin de que se analice la procedencia de los mismos y en procura de evitar que los mismos puedan ser transferidos o movilizados y de esa manera lograr su ocultamiento.
Tomando en consideración que se está ante una investigación penal por hechos bajo la modalidad de fraude registral (falsedad ideológica, estafa mayor) y que como resultado de dichas delincuencias, la organización criminal ha generado millonarias ganancias que han insertado en el sistema financiero nacional bajo diferentes tipologías que se adecuan al delito de Legitimación de Capitales, (…) la cual a lo largo del periodo de investigación, ya se ha logrado recopilar elementos probatorios de relevancia, se hace necesario, indispensable, y procedente, como medida preventiva el congelamiento y/o inmovilización de todos los productos financieros que los investigados y las sociedades aquí involucradas posean medida que ya la UIF realizó administrativamente desde el pasado 25 de junio del 2024,
En las gestiones también ha participado el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), dado el complejo análisis financiero que implica este caso.
El segundo caso más grande la historia
Madre Patria fue calificado como un megacaso por el fiscal general Carlo Díaz. A nivel operativo-policial, es el segundo expediente de investigación más complejo de los que ha manejado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó su director Randall Zúñiga el día de los allanamientos.
Son alrededor de 40 personas imputadas entre abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, miembros de la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español
Aparentemente, conformaban una organización criminal que se dedicaba a fraudes registrales contra extranjeros y adultos mayores, para apropiarse de terrenos y posteriormente, legitimar el dinero mediante varios negocios como el transporte público de autobuses.
Gran parte de los sujetos descuentan un año prisión preventiva. El legajo de investigaciones el cual CRHoy ha ido revelando en las últimas semanas, se tramita bajo el número de expediente 22-005018-0042-PE.