Ley para dar recompensas a quienes den información sobre criminales tiene roces constitucionales
Informantes obtendrían pago a cambio de pistas sobre prófugos
El proyecto que pretende crear un programa de remuneraciones a cambio de información sobre los criminales más buscados del país, podría tener roces con la Constitución Política, tal cual está planteado.
La Corte Plena conoció este lunes el proyecto de ley 24.088, presentado por el diputado Gilberth Jiménez, y determinó que la iniciativa interfiere con la organización del Poder Judicial.
La propuesta busca tomar parte del dinero incautado al crimen organizado, para crear un Fondo de Recompensas, y así brindar un pago a los ciudadanos que brinden información relevante a las autoridades para lograr detener a sospechosos o imputados perseguidos por la policía judicial y la Fiscalía.
Cómo funciona
La propuesta obligaría al Ministerio Público a crear una lista de los más buscados. De esta forma, los ciudadanos podrían identificar a los sospechosos y prófugos más requeridos.
Los informantes recibirían una retribución, sólo si las pistas o datos son relevantes y permiten dar con la detención de los imputados.
Según plantea el proyecto original, el programa funcionaría únicamente para personas ya declaradas en estado de rebeldía por un juez o jueza de la República.
El informe analizado por la Corte Suprema de Justicia, recomienda a los diputados verificar si quieren ampliarlo a personas que ni siquiera hayan sido traídas a la justicia por primera vez, para extender el alcance.
Además, los magistrados consideran que el proyecto de ley debe definir claramente la lista de delitos incluidos en el programa de recompensas; así como detallar si únicamente aplicaría para casos de narcotráfico.
Dudas sobre cómo financiar las recompensas
Para crear un fondo que permita pagar a los informantes, el proyecto cambia la distribución de los recursos que se incautan al crimen organizado.
La propuesta traslada un 35% del dinero al Organismo de Investigación Judicial, un 17% al Instituto Costarricense sobre Drogas.
A la Oficina de Atención de Víctimas de la Fiscalía, a los cuerpos policiales de Seguridad Pública y a la Policía Penitenciaria le correspondería un 10% respectivamente.
La reforma le asignaría un 10% de estos recursos al fondo de recompensas, así como un 8% al Poder Judicial para Centro de Intervención de las Comunicaciones.
A los magistrados les preocupa que se disminuya el porcentaje de dinero que recibirán otros programas, para costear la nueva iniciativa.
El proyecto también permitiría las donaciones internacionales para robustecer el fondo de recompensas.
Inconstitucional
Los montos de las recompensas y el funcionamiento general del programa, sería definido por una comisión tripartita conformada por el Fiscal General, por el Director General del OIJ y un integrante de la Sala Tercera.
Según la magistrada Patricia Vargas, evidentemente esto genera una afectación del quehacer del Poder Judicial, porque se crea un órgano nuevo. La alta jueza a cargo del informe, ve inconveniente la participación de la Corte Suprema en la designación de las recompensas.
"También se les hace ver, lo inconveniente que resulta, que en cualquier supuesto involucren a un Tribunal de la República en la comisión. Justamente están integrando a un miembro de la Sala Tercera, que tenemos funciones jurisdiccionales y estamos cubiertos por el principio de imparcialidad.
Se hace ver este tema para que lo valoren y cuestionen incluso si esto podría presentar roces de constitucionalidad", indicó la Vargas.
El diputado Gilberth Jiménez, proponente del programa de recompensas, afirmó que analizarán las recomendaciones de la Corte Plena para modificar el proyecto y asegurar su implementación.