Laura Fernández convoca proyecto para que el Estado pague defensa penal de funcionarios
Dos años después de que la Contraloría General de la República (CGR) frenara la polémica póliza impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles para proteger a jerarcas ante eventuales procesos judiciales, la presidenta Laura Fernández convocó a sesiones extraordinarias un proyecto que permitiría a las instituciones públicas financiar defensas penales de funcionarios con recursos estatales.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.958, habilitaría por primera vez a la Administración Pública para sufragar esas defensas, siempre que exista una justificación formal y que el funcionario devuelva el dinero si resulta condenado.
El texto más reciente del plan establece que cada institución podrá recurrir a abogados institucionales o a contrataciones externas, según sus necesidades, para asumir la representación legal de funcionarios investigados en la vía penal.
La posibilidad de contratar abogados externos fue uno de los puntos más discutidos durante las consultas legislativas. Varias instituciones advirtieron que sus departamentos jurídicos carecen de especialistas en litigio penal. El Ministerio de Hacienda señaló que la mayoría de los abogados del sector público se dedica a asesoría administrativa, lo que podría obligar a inversiones adicionales en capacitación o contrataciones externas. El Ministerio de Cultura y Juventud, por su parte, alertó sobre posibles conflictos de interés si las mismas asesorías jurídicas deben defender a funcionarios y luego investigarlos administrativamente.
La iniciativa fue presentada en septiembre de 2023 por el diputado Horacio Alvarado Bogantes y recibió dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Gobierno y Administración el 22 de octubre de 2024.
El proyecto parte de la premisa de que existe un vacío legal que impide a las instituciones asumir defensas penales con fondos públicos sin exponerse a cuestionamientos por posible uso indebido de recursos estatales. El dictamen cita un criterio de la CGR que advierte sobre esa limitación.
El texto obliga además al funcionario a reintegrar todos los gastos de defensa en caso de condena firme o si acepta una salida alterna al proceso penal. Para ello, las instituciones deberán exigir cauciones, garantías u otros mecanismos que aseguren la recuperación del dinero.
La iniciativa autoriza también a las instituciones a firmar convenios con universidades y el Colegio de Abogados para capacitar a funcionarios en litigio penal.
Aunque varias entidades respaldaron el proyecto por considerar que brindaría seguridad jurídica a quienes ejercen cargos públicos, otras se opusieron. La Municipalidad de Coto Brus argumentó que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a servicios que benefician directamente a la ciudadanía. La Comisión Nacional del Consumidor sostuvo que ya existen mecanismos legales para defender a funcionarios y advirtió sobre un posible gasto innecesario de fondos estatales.
El antecedente: la "póliza de la impunidad"
La convocatoria revive una discusión que ya había generado controversia durante la administración Chaves. En 2024, ese gobierno intentó contratar una póliza financiada con recursos públicos para proteger al presidente, ministros y otros altos funcionarios frente a demandas y procesos judiciales derivados del ejercicio de sus cargos.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Nogui Acosta Jaén, fue bautizada por diputados de oposición como la "póliza de la impunidad", pues cubriría riesgos legales de jerarcas con dinero estatal. La propia Dirección Jurídica de Hacienda advirtió sobre la ausencia de sustento legal para asumir ese gasto, y la CGR concluyó que no existía habilitación legal para financiar ese tipo de coberturas en beneficio directo de funcionarios. Ese criterio terminó frenando la contratación.
El expediente 23.958 intenta ahora crear esa habilitación legal expresa, bajo condiciones específicas y con mecanismos de recuperación del dinero en caso de condena.