Junta Educativa pagó más de ₡600 millones por proyecto plagado de irregularidades
Proyecto estuvo frenado por 2 años antes de ser retomado tras solicitud de la Sala IV y Ministerio de Salud
Proyecto fue detenido el 10 de marzo por irregularidades en las contrataciones. (Imagen tomada de Internet)
(CRHoy.com). – En 2016, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aprobó la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio Técnico Profesional José María Zeledón en El Llano de Desamparados, sin embargo, lo que debía ser una alegría para los estudiantes terminó convirtiéndose en una pesadilla.
El proyecto fue autorizado por medio de una contratación directa por un monto máximo de ₡1.314 millones y a 9 meses plazo, pero el 10 de marzo pasado la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) ordenó la suspensión de las obras y la realización de una investigación sobre las actuaciones de la Junta Administrativa.
A partir de ese momento, la obra gris correspondiente a la primera etapa que se había levantado y algunas aulas que se construyeron quedaron en total abandono y tras varios meses ya mostraban importantes señas de deterioro, pese a que ya se había invertido el 43% de los recursos.
En un reciente informe elaborado por Catalina Salas, directora de la DIEE, se señala que las razones que motivaron el paro técnico de la construcción están relacionadas con serias irregularidades en las contrataciones de los dos arquitectos a cargo del proyecto.
"Serias irregularidades en las contrataciones de los dos profesionales responsables de la administración de las obras, quienes fueron contratados por la Junta Administrativa del CTP José María Zeledón… Las contrataciones de los dos profesionales fueron ilegales por no apegarse a la normativa, debido a que existieron vicios graves y evidentes de fácil constatación", señala el documento.
Además, se indica que la Fiscalización de la DIEE encontró "presuntas serias irregularidades" en el diseño y construcción de las obras, ya que no se realizó ningún análisis para determinar si los diseños de las cimentaciones en los planos se adecuaban a las condiciones del terreno.
"Ambas condiciones exigían suspender las obras puesto que resulta ilegal que un proyecto de obra pública continúe desarrollándose sin un profesional responsable debidamente contratado, aunado a la situación de incertidumbre razonable sobre la seguridad estructural de las edificaciones levantadas", explicó la directora de la DIEE en el informe.
De los ₡1.314 millones asignados al proyecto, actualmente en Caja Única de Estado quedan como saldo ₡683 millones.
Mal manejo de fondos públicos
Tras las declaraciones de la directora de la DIEE sobre dicho proyecto, Douglas Caamaño, candidato a alcalde de Desamparados por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto mal manejo de los fondos públicos.
"La denuncia parte del informe de la DIEE en donde se indica que hay serias irregularidades en la contratación de profesional y en el diseño y construcción de las obras. Extrañamos en el informe las medidas legales que se tomaron contra el mal uso de una cantidad de casi ₡700 millones de los fondos públicos, pero no se habla ni de las consecuencias legales ni penales", aseguró.
Denuncia presentada ante el Ministerio Público.
En el informe y de manera escueta, la DIEE indica que ambos profesionales fueron denunciados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y estas investigaciones se mantienen en curso.
En cuanto a la estimación de las pérdidas ocasionadas durante el tiempo en que se mantuvo el paro técnico de las obras, la dirección manifestó no contar con un aproximado de los daños, pues estos cálculos están en proceso.
"La estimación de los daños se encuentra en proceso y depende en gran parte del resultado de la consultoría que se está contratando para determinar la idoneidad estructural de las obras y el costo de los trabajos de resanado de los construido y ajustes pertinentes", se lee en el oficio.
Caamaño agregó que esperan que se realicen las investigaciones necesarias con el fin de que los implicados enfrenten las responsabilidades de sus actos.
"Hay muchos padres de familia que están muy preocupados, la comunidad sigue sin saber qué pasó realmente y espero que ellos se unan a este clamor mío para que los responsables enfrenten las consecuencias", manifestó.
Con respecto a las obras, mediante oficio DVM-A-DIEE-DEC-0918 del 31 de mayo de 2019, se recomendó levantar la suspensión técnica de las obras y realizar los ajustes en el contrato preexistente de mano de obra.
Además, se ordenó realizar las obras solicitadas por la Sala Constitucional y la última orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, así como la conclusión del edificio con mayor avance de obras y otros trabajos conexos.
"Se han realizado la gran mayoría de las obras exigidas por la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud, relacionadas con la limpieza y cerramiento de espacios para garantizar la seguridad de los usuarios del centro educativo", indicó Salas en el documento.
Sin embargo, el monto estimado para la finalización de las obras se encuentra pendiente de ser determinado con sustento en la formulación de un nuevo proyecto que tome en cuenta los resultados de la contratación de una consultoría consultiva sobre el estado estructural de los edificios construidos.