Junta Directiva podría perder 4 miembros: ¿Qué pasará con el hospital de Cartago?

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está conformada por 9 miembros, pero 4 de estos podrían quedar separados del cargo por ser imputados del caso Barrenador y uno renunció recientemente, es decir, el órgano podría quedar solamente con 4 miembros.

Uno de los últimos temas medulares que vieron los directivos fue el retiro de la empresa mexicana que construiría nuevo hospital de Cartago. De hecho, este tema se analizó la mañana del jueves 19 de setiembre, y las detenciones por el caso se dieron el lunes 23, lo que significa que esta fue la última sesión en la que participaron los imputados.

Los actuales miembros que podrían ser inhabilitados por la adjudicación de 10 Áreas de Salud son: Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, María Isabel Camareno, representante del Estado y Zeirith Rojas y Johnny Gómez, representantes del sector patronal.

Cuando en Junta Directiva se conoció que la empresa adjudicada para la construcción del Max Peralta retiró su oferta, Esquivel, Rojas y Gómez votaron a favor de un acuerdo relacionado con el futuro del hospital.

Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías trasladar el manifiesto de la empresa adjudicada, a la Dirección Jurídica Institucional para que esa instancia en conjunto con la Asesoría Legal de la Junta Directiva, la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Logística y la Gerencia General, valoren lo que en derecho corresponda y presenten los informes de rigor, en el plazo máximo de 15 días naturales, decía el acuerdo.

Según el acuerdo, la Junta Directiva debía conocer dichos informes sobre la legalidad del retiro de la empresa aproximadamente el 4 de octubre, pero el futuro del órgano está en duda, por lo que no se sabe si para esa fecha tendrá quorum o no. De hecho, este martes debería haber sesión de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y fuentes extraoficiales han indicado que sí se sesionará.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó que a estos imputados se les separara del cargo, pero aún el juez no ha resuelto, ya que aseguró que se tomaría su tiempo, según Julio Sevilla, abogado de Gómez.

Estos hechos crearían 2 escenarios, si se les separa o si no. En caso de que se les separe se deberá buscar a los reemplazos de los 4 miembros, siendo uno de estos la presidencia ejecutiva. En el caso de Camareno y Esquivel será el ejecutivo quien designe a los reemplazos y con Gómez y Rojas será responsabilidad del sector patronal.

Por el contrario, si el juez no los inhabilita de sus cargos, solamente faltaría un miembro por ser nombrado. Esto se debe a que Jorge Porras, expresentante del Estado, interpuso su renuncia tras una denuncia puesta por Marta Rodríguez por presunto nombramiento ilegal. Cabe resaltar, que de momento se está a la espera del sustituto de Porras.

Este martes, Esquivel volvió a sus labores y se encuentra en las oficinas centrales de la CCSS, ya que al haber concluido la audiencia y sin comunicación del juez de inhabilitación del puesto le es permitido laborar en la CCSS.

Esta situación ha generado descontento en el sector salud. Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), resaltó el hecho de que la génesis del caso fue una denuncia interpuesta por la Auditoría Interna de la CCSS ante la Fiscalía.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, uno esperaría que la parte judicial defina una separación de los cargos de personas imputadas mientras termina la investigación, dijo Quesada.

Por su parte, Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), aseguró que el regreso de los funcionarios es un riesgo para la investigación de la FAPTA.

Las medidas cautelares, el juez tiene que otorgarlas lo más pronto posible para asegurar el proceso, para asegurar también el debido proceso y el derecho de defensa de las personas que están siendo investigadas por presuntos actos de corrupción (…)

Nótese como el presidente de la República ha ejercido una presión enorme para que el señor juez de la República no ponga estas medidas cautelares e incluso se atrevió a dar el nombre del juez en una conferencia de prensa, eso es una falta de respeto, es una intromisión a los poderes de la República (…) Esto puede ser la punta del iceberg para más casos de corrupción que se vayan a denunciar en los próximos días, dijo Hernández.