Jueza aprobó levantar el secreto bancario a Batalla, Picado y otros 12 imputados

La jueza Adriana Zúñiga Cruz, del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, autorizó el levantamiento del secreto bancario del exministro Mauricio Batalla, como parte de la investigación del caso Pista Oscura.

La misma medida fue dictada para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, y los otros 11 implicados en la causa penal 24-000454-1218-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia en perjuicio de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Gerardo Chaves, abogado de Batalla, negó que exista una orden del levantamiento del secreto bancario, pese a que el documento judicial expresamente lo confirma.

Estas personas, junto con otro funcionario de la CNE de apellido Villalobos, fueron detenidas durante la ejecución de 21 allanamientos realizados este martes.

Se trata de la investigación que se sigue contra estas 14 personas por, presuntamente, haber dirigido un plan delictivo para modificar el contrato adjudicado a la empresa Constructora MECO S. A., con el fin de reparar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).

En apariencia, habrían actuado para favorecer a la compañía que ganó la licitación, pese a que existían criterios técnicos que indicaban la necesidad de suspender las obras que ya estaban en curso.

Además, el contrato fue adjudicado mediante un decreto de emergencia firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, bajo el argumento de que la estructura había sufrido daños a causa de tres tormentas tropicales. Sin embargo, un grupo de ingenieros encargados de valorar la pista negó que ese fuera el origen de los daños.

Con ese decreto se autorizó el pago de casi 40 millones de dólares a MECO, sin que el contrato pasara por el filtro de la Contraloría General de la República, tomando en cuenta su carácter de emergencia. Al tratarse de una declaratoria de emergencia nacional, el Gobierno puede agilizar el traslado de recursos sin requerir supervisión previa de dicha entidad fiscalizadora.

Por esa razón, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó a la jueza la apertura de las cuentas bancarias de los involucrados en la causa, ya que, a su criterio, es necesario verificar si recibieron algún tipo de dádiva por su participación en lo que califican como un plan delictivo.

"(…) con la finalidad de realizar un análisis socieconómico y poder determinar si se pudo haber dado un pago de dádivas a los funcionarios públicos durante el período en que se ejecutó el proyecto para que conocer qué productos financieros tienen los imputados en el sistema financiero y realizar el análisis socieconómico que se pretende por parte del Ministerio Público, enfocado en establecer si ha existido acrecentamiento indebido a raíz de la recepción de dádivas por parte de los investigados", dice la orden de allanamiento de la diligencias ejecutadas este martes.

El fiscal a cargo del caso es claro al exponer en su informe a la jueza que la investigación está enfocada en determinar si estas personas se vieron beneficiadas de alguna manera por, supuestamente, ejercer presión o influencia en perjuicio de la Hacienda Pública, en relación con los trámites vinculados al proyecto de remodelación de la pista.

Para el ente acusador, desde la etapa inicial de la investigación quedó claro que las modificaciones lideradas por Batalla, Picado, Castillo y Villalobos se realizaron con el objetivo de beneficiar a la empresa MECO mediante la variación del contrato original.

"Así vemos, que la gestión fiscal reviste de interés para la investigación ya que la información que se requiere tiene relación con identificar si existieron depósitos de dinero a los imputados o a la empresa MECO S.A. o si se debe descartar, durante la etapa del proyecto que puedan presumirse son dádivas; aunado a ello, esto podría establecer si se dio un acrecentamiento patrimonial injustificado", detalla el documento judicial.

Esto motivó al fiscal a solicitar a la jueza la autorización para acceder a la información financiera de los imputados mediante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Banco Central, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Con la información que se obtenga de estas instituciones, se pretende elaborar un informe contable que será incorporado posteriormente como prueba en la causa penal, con el fin de esclarecer si existió o no el pago de dádivas.

Ante la SUGEF, se solicitó el detalle de productos en entidades financieras, incluidos préstamos, cajas de ahorro, hipotecas, inversiones y cualquier otro instrumento financiero contratado por los imputados.

Al Banco Central se le requirió toda la información relacionada con transacciones en el sistema SINPE, registradas a nombre de las personas físicas y jurídicas mencionadas en el expediente.

Al Ministerio de Hacienda se le pidió información sobre los salarios y rentas reportados a favor de los investigados, en el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2023 y el 16 de enero de 2025.

A la CCSS se le solicitó el detalle de las planillas reportadas por las empresas Constructora MECO S. A., cédula jurídica 3-101-035078, e Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, para el mismo periodo.

Al INS se le requirió entregar las planillas correspondientes a esas mismas sociedades y dentro del mismo rango de fechas establecido en las solicitudes anteriores.

El fiscal Diego Maroto deberá delegar esta diligencia a un perito y a un investigador designados por la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes estarán a cargo de notificar formalmente la solicitud de información a las entidades mencionadas.