Jefes de fracción analizarán solicitud de sanción a diputado Gilbert Jiménez
A la derecha, Gilbert Jiménez, diputado del PLN. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -Una petición para sancionar al diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), por una presunta falta que cometió cuando fue alcalde de Desamparados será discutida este jueves por los jefes de las fracciones parlamentarias.
Así lo indicó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que no existe norma para sancionarlo con una suspensión de 25 días sin goce de salario.
"Conociendo el criterio de la Procuraduría de que no existe una norma constitucional, legal o reglamentaria aplicable a un diputado por cargos previos a su nombramiento como diputado y que le corresponde al Plenario tomar una definición al respecto, puse en conocimiento de los jefes de fracción la consulta a la Procuraduría y la respuesta de la Procuraduría para que los jefes de fracción lo puedan analizar, conocerlo y lo vamos a ver el jueves para tomar un acuerdo sobre cómo se va proceder", dijo.
El pasado 6 de julio, la Procuraduría respondió una consulta que le hizo Arias sobre la ruta a seguir con el caso de Jiménez, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) trasladó un expediente sobre el caso a la Asamblea Legislativa con una solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) para sancionar al legislador.
"No existe disposición alguna de rango constitucional, legal o reglamentaria que admita la posibilidad de imponer sanciones a los diputados por faltas cometidas en otro puesto público antes de iniciar el ejercicio del cargo", indicó el procurador Julio César Mesén en un oficio dirigido a Arias.
Según el criterio de la PGR, la decisión final tendría que tomarla el Plenario Legislativo.
El pasado 24 de mayo, la Contraloría pidió al TSE aplicar una suspensión sin goce de salario por 25 días a Jiménez por presuntas faltas a las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública que habría cometido cuando fue alcalde de Desamparados.
Sin embargo, los magistrados del TSE concluyeron que no pueden sancionar al liberacionista porque cometerían "una ilegítima violación a la separación de poderes" y que, por tratarse de un diputado cubierto con inmunidad, es el Congreso el que debe resolver.
El expediente fue remitido entonces al Directorio Legislativo y a raíz de ello el Presidente del Congreso pidió la opinión de la Procuraduría.
El caso surgió a raíz de una denuncia que hizo un vecino de Desamparados contra la municipalidad porque, al parecer, ese gobierno local permitió el desarrollo de una construcción que incumplía con los permisos requeridos.
