Japdeva en crisis: los pluses salariales que se presupuestan pagar en 2023
Casi ₡799 millones irían dirigidos a cancelar anualidades
(CRHoy.com). En medio de un futuro aún incierto, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) proyecta destinar casi el 20% de lo que paga en remuneraciones a incentivos salariales contemplados en la convención colectiva.
Para 2023 la entidad dispondría de un presupuesto superior a los ₡14.957 millones, de los cuales más de ₡9.127 millones irían destinados a honrar remuneraciones (básicas y eventuales).
De este último rubro, más de ₡1.906 millones se cancelarían pluses salariales cobijados en el acuerdo laboral vigente
Entre este indicador no se incluyen el aguinaldo y el bono escolar. Los cuales, para efectos contables de la entidad, se incorporan en el apartado de "incentivos salariales, cada uno por un monto superior a los ₡512 millones.
Los datos están contenidos en el presupuesto ordinario que presentó la junta el pasado 30 de setiembre ante la Contraloría General de la República (CGR).
El panorama de Japdeva está bajo la lupa de la Administración Chaves Robles (2022-2026). Incluso, el pasado 5 de octubre, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rodrigo Chaves, presidente de la República, dejó entrever que la realidad de la institución es compatible con los síntomas de una "quiebra".
El mandatario enfatizó en que la empresa estatal "está generando pérdidas" y deben tomar medidas, pues "la situación es crítica".
En esa misma línea, este 12 de octubre, también luego del Consejo de Gobierno, Chaves reiteró que dieron un plazo para decidir "qué hacer" con la junta.
Millones en pluses
Mientras las decisiones se toman, para 2023 se presupuestan casi ₡799 millones por el beneficio salarial de la anualidad. Este beneficio, el más jugoso, está amparado en el Artículo 58 de la convención colectiva y que fue avalado por la reforma fiscal vigente desde 2018, se concede a los funcionarios como reconocimiento a su permanencia de forma ininterrumpida prestando sus servicios a la Administración Pública en casos que hayan cumplido con una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente dato numérico en la "evaluación anual" y a título de monto nominal fijo para cada escala salarial.
Como segundo incentivo más abultado figura el costo de vida regional, por un monto superior a los ₡327 millones. ¿Por qué se paga? Este plus, autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda, es recibido por todos los funcionarios de la planilla institucional (472, para 2023) y representa un incremento salarial anual.
"Los aumentos de salario serán negociados cada año, en el periodo comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de octubre, ambas inclusive, en montos acordes al incremento en el Costo de Vida en la Canasta Básica de la Región Atlántica. El monto regirá a partir del 1º de enero del año siguiente. Asimismo, Japdeva pagará cualquier otro aumento que en el transcurso del año decrete el Poder Ejecutivo. Este aumento se hará en forma automática", detalla la Convención Colectiva vigente.
Como tercer incentivo más elevado destaca la carrera portuaria. Se pagarían, durante 2023, más de ₡211 millones a 283 funcionarios. Este incentivo se otorga con base al Artículo 70 de la convención colectiva vigente y en atención a lo dispuesto por el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Japdeva. La carrera portuaria en lo sucesivo consistirá en otorgar cada 5 años un aumento del 5% calculado sobre el salario base, hasta un máximo de un 25%, a todos los trabajadores, excepto los que reciben el incentivo de arraigo.
En el listado también figuran la dedicación exclusiva, se presupuestan más de ₡146 millones (para 34 empleados) y el arraigo cultural (más de ₡175 millones) para 57 empleados. Este último rubro se reconoce a los profesionales porque "no se queden en su sitio de estudio (fuera de Limón), sino que regresen a esa provincia a trabajar para la junta".
En el documento presupuestario, Japdeva contempla también casi ₡74 millones para el pago del 65% del salario total por plus de prohibición para el pago de personal de auditoría y departamentos financieros, conforme a la ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, así como la inclusión de prohibición por el no ejercicio del notariado a los abogados de la Institución.
Asimismo, se reconocerán más de ₡63 millones por concepto de carrera profesional (para 59 funcionarios) y más de ₡76 millones como bono por eficiencia portuaria.
Casi 3 años después de que entidad consiguiera aval legislativo para reducir la planilla en un 80% y emprender una reestructuración operativa, aún falta mucho camino por andar.
La junta debe cesar a 200 funcionarios en las próximas semanas para alcanzar el número mágico de trabajadores (aproximadamente 400) para procurar emprender la ruta hacia una nueva realidad.
En octubre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la reestructuración por ₡17 mil millones para modernizarse ante la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de la holandesa APM Terminals.
Pese a ello, a mediados de setiembre, la entidad pidió un presupuesto extraordinario de ₡6 mil millones para cumplir con compromisos de gasto corriente y de continuidad de la reestructuración.
Si bien la pandemia por el coronavirus COVID-19 figuró entre los obstáculos para concretar los planes de reforma, la institución apuntó al embargo judicial promovido por el Sindicato de Japdeva (Sintrajap) como el principal factor para dificultar el proceso. Esta situación congeló ₡5.300 millones en cuentas bancarias institucionales durante casi 1 año y obligó a frenar la reducción de la planilla en virtud de la ausencia de recursos.
En medio del embargo, la junta tuvo que echar mano a una de las cartas que le permitía la ley de reestructuración. Gestionó el traslado del tope de los ₡10 mil millones de superávits de otras instituciones para atender la reforma interna: recibieron ₡3.500 millones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y ₡6.500 millones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Hace 3 años la institución arrastraba un déficit de ₡2.650 millones mensuales. En marzo, antes del cambio de gobierno, la brecha se mantenía en ₡640 millones.