Ivonne Acuña apenas ha devuelto ¢1 millón de los ¢6 millones que prometió
Legisladora no volvió a la Asamblea desde diciembre del 2021, pero no se negó a renunciar
(CRHoy.com) El director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales confirmó a CRHoy.com que Acuña reintegró los recursos el pasado lunes.
"En una nota que envió dijo que devolvía las dietas de las sesiones a las cuales ellas no solicitó permiso y que desde su punto dice fueron mal pagadas, correspondiente a dietas del mes de febrero", explicó.
Promesa hecha
Acuña en una nota del 15 de marzo pasado enviada a Ayales y a la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, se comprometió a devolver el pago de dichas dietas, pero también a los ¢3 millones de combustible que pagó en un solo día con la tarjeta de débito que se le entrega a cada legislador para el uso de los 500 litros de combustible por mes.
En julio del 2021, tras una resolución del Departamento Legal, los saldos no gastados del combustible pueden acumularse y usarse cuando los diputados deseen.
Esto permitió a Acuña pagar en un solo día ¢3 millones en la gasolinera Fill-N-Go en Escazú el 30 de noviembre anterior (11 días antes de salir al país) que sirvió para que la congresista abriera una línea de crédito para uso futuro de ese combustible.
Otros legisladores también usaron este portillo para hacer pagos de más de ¢600 mil en un solo día.
Diputada Ivonne Acuña. (Foto: Archivo)
A finales de marzo, Acuña devolvió el celular, la computadora, sus credenciales, placas oficiales y la tarjeta de débito del Banco de Costa Rica (BCR) donde se deposita a cada legislador los 500 litros de combustible.
Para realizar el resto de la devolución de los recursos no hay una fecha límite, "queda a la voluntad de ella", ha dicho Ayales.
En esa misma carta Acuña le dijo a Hernández que ella no iba a renunciar a su curul.
Investigación en Fiscalía
La Fiscalía General ha dicho que mantiene una investigación abierta contra Acuña por el supuesto delito de incumplimiento de deberes tras una denuncia realizada.
El 28 de marzo por medio de sus abogados Carlos Porras y Ronald Cortés, ella se puso a la orden del Ministerio Público.
"La persona más interesada en que esta investigación camine soy yo, por cuanto las autoridades judiciales podrán acreditar con certeza que esta imputación no tiene ningún fundamento", indicó la legisladora.