Investigan si Directora Adjunta del ICD incumple requisito de ley

Heldren Solórzano, directora adjunta del ICD y el viceminstro de la Presidencia Jorge Rodríguez. Archivo

(CRHoy.com) La Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público analizan si la Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Heldren Solórzano, incumple con un requisito de ley para ocupar ese cargo.

Se trata del requerimiento de tener una "amplia experiencia y probada en el campo relacionado con las drogas" dictada en el artículo 111 de la Ley 8204.

Los cuestionamientos inclusive fueron debatidos en una sesión del Consejo Directivo del ICD en febrero pasado, luego de que se recibiera una nota de advertencia de la Auditoría Interna del ICD.

En la sesión 02-2023 el Presidente del Consejo Directivo del ICD, Jorge Rodríguez Bogle leyó parte de la advertencia en la que se cuestionaba si la funcionaria cumplía con el requisito establecido.

Según indica el acta del Consejo -de la que CRHoy.com tiene copia- la auditoría informó que revisó el expediente de Solórzano que se encuentra en la oficina de Recursos Humanos de la entidad y a su criterio incumple con la normativa.

"Queda demostrado que la señora Solorzano Manzanares, no posee experiencia amplia comprobada en el campo relativo a estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, temas esenciales del que hacer institucional, siendo que la decisión tomada por el órgano colegiado en la sesión citada al inicio de este oficio es contraria a lo que expresamente establece la norma señalada", expresa el oficio que quedó en el acta de la sesión.

En el documento se manifiesta que la funcionaria contaba con los siguientes atestados y experiencia:

• Licenciatura en criminología.
• Maestría en criminología con énfasis en seguridad humana.
• Funcionaria del Ministerio de Justicia 02 de abril del 2018 hasta el 31 de octubre del 2022, aproximadamente 4 años en la Asesoría Legal desempeñando actividades de investigaciones preliminares, diligencias auxiliares y elaboración de informes especiales.
• Universidad de Costa Rica desde setiembre del 2016 hasta abril del 2018, aproximadamente 2 años en función de coordinación de ofertas de servicio, docente, oferta de cursos y atención de trámites, trabajos finales de graduación.

Según la lectura del documento, realizada en la sesión por Jorge Rodríguez Bogle, la comisión especial encargada de recomendar el nombramiento debía "efectuar un análisis exhaustivo con el fin de determinar la idoneidad".

Asimismo, recuerda que la asesoría legal "es la llamada a velar por el cumplimiento del principio de legalidad."

Recomienda anular nombramiento

"De la presente advertencia, y en aras de proteger los intereses y la transparencia institucional ante el escrutinio público, desde mi investidura como Auditora General, se recomienda someter a estudio la nulidad absoluta del acto de nombramiento y se tomen las medidas y acciones correctivas pertinentes conforme al ámbito legal, con el fin de fortalecer los criterios de oportunidad, transparencia, idoneidad, legalidad, imparcialidad y razonabilidad que deben prevalecer en los procesos de reclutamiento y selección que se ejecuten en el seno del Consejo Directivo que usted preside".

En acta del Consejo Directivo se aprecia que la auditora hizo una recomendación para que se someta a estudio una posible nulidad del nombramiento.

En el acta, además, se menciona que la CGR ya mandó a preguntar por este nombramiento e inclusive se lee que por un tema de transparencia, el subdirector del OIJ a.i., Michael Soto sugiere comunicarle la situación al Ministerio Público.

Por su parte, el viceministro de la Presidencia y presidente del Consejo, Rodríguez Bogle cuestionó a la auditoría y dijo que "no aporta las pruebas que dice señalar y segundo, no hay ningún otro elemento probatorio de todos los que se consideraron a la hora del nombramiento".

Por su parte, el viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, recomendó una investigación preliminar del caso.

No obstante, tras la discusión se tomó un acuerdo "para averiguar la verdad real de los hechos de conformidad con el artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública, al Secretario del Consejo Directivo del ICD para que proceda con el debido proceso de acuerdo con la Ley General de la Administración". Esta labor se le encomendó al señor Osvaldo Aguirre representante del Iafa en el Consejo.