Investigadora narra cómo jefe judicial habría filtrado información a fiscal
Caso contra suegro del Exfiscal de Crimen Organizado por fraudes registrales
(CRHoy.com).- Rebeca González, funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tuvo a su cargo la investigación de la presunta fuga de información que habría hecho el exjefe de la Oficina de Investigaciones Criminales del OIJ, Luis Guillermo Fonseca Herrera, al entonces Fiscal de Crimen Organizado, José Francisco Fonseca. De acuerdo con González, todo comenzó con una llamada telefónica.
Fonseca Herrera enfrenta un juicio por el delito de divulgación de secretos que, según el Código Penal, se castiga con prisión de tres meses a dos años. El Ministerio Público le atribuye a Fonseca Herrera el haber alertado al exfiscal de Crimen Organizado que se iba a realizar una serie de allanamientos en una investigación contra su suegro, un hombre de apellidos Martínez Fuentes.
La investigadora judicial explicó que la fuga de información se habría dado el 7 de agosto del 2017, precisamente dos días antes de que se realizaran las acciones judiciales contra Martínez Fuentes y otras personas señaladas de cometer fraudes.
González relató que el 7 de agosto del 2017 en una reunión que sostuvo la ahora Fiscala General, Emilia Navas con el exfiscal de Crimen Organizado, José Francisco Fonseca, éste último recibió una llamada de Fonseca Herrera. En aquel momento, Navas era la Fiscala Adjunta de Fraudes.
"Ella (Emilia Navas) lo que dice es que suena el teléfono, el señor (José Francisco Fonseca) contesta y ahí es donde dice: 'Fonse claro, venite para la oficina' (…) Posterior a eso ella le dice que el señor Francisco le indica a ella: 'Doña Emilia, yo sé que en esta semana van a operativizar a mi suegro'", explicó la investigadora.
González explicó que Navas le dijo a Fonseca que el exjefe de Investigaciones Criminales no tenía que haberle dicho nada.
"Los compañeros de informática le hacen (al teléfono de Navas) una extracción de los mensajes de WhatsApp donde tuvo una conversación con Francisco Fonseca, que él le dice a ella que por favor no diga nada, que él eventualmente sabía del tema, para no tener problemas con la esposa (Karolina Martínez, exfiscal adjunta de Limón) (…) Navas le dice que no está de acuerdo y no le parecía que Luis Guillermo Fonseca le haya informado del tema (…) Y el último mensaje que él le escribe a ella básicamente le decía que "Fonseca no me dio mucha información" y simplemente como amigos le dijo que al suegro lo iba a operativizar", comentó González.
La investigadora comentó que incluso se revisaron las cámaras del Poder Judicial y se ve donde Fonseca sale de la oficina hacia el Ministerio Público.
En un principio, Francisco Fonseca declaró ante la Inspección Judicial que había sido Emilia Navas quien le alertó del allanamiento contra su suegro. Más adelante cambió la versión y aseguró que la alerta le había llegado mediante un mensaje de texto enviado por Fonseca Herrera.
"Él (Jose Francisco Fonseca) propiamente en el juicio da a entender que fue doña Emilia la que le había dicho, pero después dice que se da cuenta por un mensaje por que le manda Luis Guillermo: '¿Cómo se lleva con su suegro?' y que es por ese mensaje que le dice a doña Emilia que él sabía que iban a operativizar al suegro y que no pensaba decir nada, que podía confiar en él", comentó.
Vigilancia las 24 horas
La supuesta filtración de esta información provocó que Navas alertara de la situación a la Inspección Judicial, a la Fiscalía de Probidad, al entonces Fiscal General, Jorge Chavarría y al fiscal que llevaba el caso, Pablo Miranda.
Las autoridades judiciales decidieron entonces enviar a una pareja de oficiales a la casa y oficina de Martínez Fuentes. Esto se hizo el 8 de agosto de 2017 a partir de las 8 a.m., con el objetivo de que se realizara una vigilancia del sitio las 24 horas para evitar la salida de documentación o que el investigado saliera del país.
Randall González, investigador a cargo del caso contra Martínez Fuentes, comentó durante los allanamientos realizados el 9 de agosto del 2017 se determinó que días antes el sospechoso había sacado cajas y muebles de la oficina.
El oficial a cargo del allanamiento de las oficinas de Martínez Fuentes, que se ubican en un segundo piso junto a oficinas de otros abogados, le dijo a González que uno de esos abogados le dijo al investigador que días antes Martínez había sacado cajas. "Además de que tenía días de no verlo por ahí", comentó.
José Pablo Badilla, abogado de Fonseca Herrera, aseguró que en su declaración, José Francisco desmintió a la Fiscala General ya que dijo que Luis Guillermo Fonseca no le había dado ninguna información sobre los allanamientos contra su suegro.
"Él se percata del allanamiento a raíz de que doña Emilia le da la información que se iba a hacer un operativo contra su suegro y que se estaba trabajando con sumo hermetismo y además que lo estaban coordinando con la Fiscalía General para protegerlo a él. A partir de eso tenemos que es infundada la afirmación que Luis Guillermo transmitió ninguna información", dijo Badilla.
El caso de fraude registral
El 9 de agosto del 2017, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado realiza una serie de allanamientos contra un grupo de presuntos estafadores.
Dentro de las 39 personas detenidas, estaba un abogado de apellidos Martínez Fuentes, padre de la exfiscal Adjunta de Limón, Karolina Martínez y suegro del exfiscal contra Crimen Organizado, José Francisco Fonseca.
A este grupo, el Ministerio Público lo vinculaba con fraudes con propiedades y la obtención de créditos con perfiles falsos para adquirir vehículos de lujo.
Martínez Fuentes sería uno de los líderes del grupo y al parecer preparaba toda la logística para los actos delictivos, como quitarles propiedades a extranjeros y la obtención de los créditos con perfiles falsos.
La investigación contra este grupo inició en 2014, cuando indagaron a un pequeño grupo de notarios que se identificaba como 'Los Larios', dedicados a realizar traspasos ficticios en el Registro Público usando documentos falsos o identidades ficticias.
- ¿Qué hacían? Son sospechosos de despojar propiedades con valores importantes a costarricenses y extranjeros, a través de la falsificación de documentos en el Registro Público y traspasos sucesivos (herencia).
- ¿Cómo lo lograban? Para ese fin, estudiaban a las víctimas, revisaban sus movimientos migratorios y verificaban si los terrenos no reportaban actividad registral reciente.
- ¿Hubo casos? Por traspasos sucesivos, se detectó un caso en Heredia (en 2014) donde 3 personas resultaron afectadas.
- ¿Cómo operaban? El grupo dotaba de perfiles financieros falsos a los 'frenteadores' (colaboradores), para obtener créditos bancarios y financieros en diferentes entidades.
- 45 supuestos delitos: Un fraude registral por la compra de una propiedad, 22 defraudaciones con la compra de carros de lujo y 22 casos en los que confeccionaron perfiles falsos para conseguir préstamos en entes de intermediación financiera. De esa cantidad de automóviles, 20 fueron recuperados.
- ¿Y sus carros de lujo? Los sospechosos crearon perfiles falsos para obtener 22 vehículos de lujo (con valores superiores de $100 mil), de marcas como Audi, Mercedez Benz y BMW. Luego hacían traspasos a una organización criminal en Panamá, para deshacerse de los carros y así ganar dinero.
- ¿Qué hacían con los autos? Con la compra de los carros, también conseguían tarjetas de crédito amparadas en documentos falsos para defraudar empresas dedicadas a la venta de artículos hasta por un monto de $50 mil semanales.
- ¿Quiénes están detenidos? Entre los 39 detenidos y piezas reclutadas por el grupo destacan un funcionario del Banco de Costa Rica (BCR), un funcionario de una agencia de vehículos de lujo y 5 funcionarios de aduanas.
- ¿Qué hacía el gerente del BCR? Era un colaborador del grupo. Facilitaba el acceso que tenía a bases de datos, para saber si la persona que utilizarían en los documentos falsos cumplía con los requisitos para obtener un préstamo.
- ¿Qué más hacían? Sospechosos habrían evadido impuestos para traer 11 equipos de refrigeración para vender helados por un valor total de $400 mil. Para ello, habrían contado con la colaboración de 5 funcionarios de Aduanas, quienes a cambio de un pago omitieron los controles respectivos.
- Los líderes son 3: mujer de apellido Larios (nicaragüense), su pareja sentimental de apellidos Marsh y otro hombre de apellidos Román.