Investigación contra exagentes de OIJ que entrenaron sicarios terminó en nada por falta de figura legal
Proyecto de ley busca penalizar con hasta 15 años de prisión a los funcionarios que capaciten a grupos criminales
Las indagaciones que realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre al menos 2 exagentes que fueron capturados en un video brindando entrenamiento táctico a supuestos sicarios, no llegaron a buen puerto y pese a llegar a conocer quiénes son los exfuncionarios, las autoridades se vieron obligadas a abandonar la causa a falta de una figura en la ley para castigar estas acciones.
Se trata de hechos que ocurrieron el año anterior, pero cuyas imágenes circularon hasta mediados de abril. En ellas se observa a dos extrabajadores judiciales involucrados en una especie de ejercicio o práctica de tiro, como si se tratara de un polígono.
Tras conocer lo ocurrido, el OIJ empezó una investigación que permitió identificar a los sospechosos, quienes supuestamente fueron miembros del cuerpo judicial. También se consiguieron indicios de a cuál grupo criminal asesoraban con técnicas militares para el manejo de armas.
No obstante, ni el Código Penal ni ninguna otra ley establecen una figura de delito o penas por este comportamiento, lo que impide que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente a los exagentes. Esta versión fue confirmada a CRHoy por el fiscal general, Carlo Díaz.
Randall Zúñiga, director de la policía judicial, también explicó por qué los investigadores se vieron impedidos a continuar avante con el caso.
Cuando se da la noticia de que exagentes de OIJ estaban dando entrenamiento táctico a personas que de alguna forma estaban vinculadas de actividad no necesariamente legal, se inicia una investigación y se coordina dirección funcional directamente con la Fiscalía. Sin embargo, no se logra encontrar un delito que pueda imputársele a ellos.
Las autoridades valoraron la "asociación ilícita", un delito que contempla la legislación nacional cuando hay personas que toman parte en una asociación de dos o más para cometer delitos, con una pena que se agrava si el objetivo es cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo.
Esa figura legal permite sanciones de hasta 6 años de cárcel, según el Código Penal. No obstante, OIJ no tenía competencia legal para seguir indagando.
Sí hubo entrenamiento
Pese a no poder conseguir un castigo legal contra los exfuncionarios, Zúñiga confirmó que sí tenían evidencias de que estos sujetos daban entrenamiento a otros hombres vinculados con actos delictivos.
Nosotros no podemos afirmar que los exagentes estaban en una actividad criminal, porque no hay una tipificación de esa conducta como un delito. Lo que intentamos es que se tramitara como asociación ilícita y eso ni tan siquiera fue posible.
Un video capturó a al menos dos gatilleros o aprendices de sicarios de joven edad, ambos con un arma de fuego cada uno semejante a una pistola semiautomática que es accionada contra un objetivo frente a los sujetos.
El primero, de camisa gris de tirantes, pantaloneta y gorra, levanta sus brazos con el arma tras recibir la señal del instructor, camina una distancia menor a los 5 metros mientras detona al menos tres proyectiles.
Seguidamente, se agacha, da la media vuelta y se coloca detrás del segundo sujeto, que lo seguía con una mano en la espalda del primero y el arma sostenida hacia abajo. Luego de esta acción, el segundo sospechoso de camisa negra sin mangas y pantaloneta, se coloca con las dos manos para accionar al menos cuatro veces el arma de fuego.
Vuelve a apartarse del camino para dar paso al primer tirador, quien dispara otra vez en unas cinco ocasiones hacia el mismo objetivo, para volver a dar paso al segundo sospechoso.
Todo este ejercicio fue supervisado por otros tres hombres. El principal, que conduce la práctica de tiro, va dando instrucciones a un costado de los pistoleros con protección auditiva. Un segundo exagente da seguimiento a la acción un par de metros atrás.
El video muestra que la práctica no terminó allí, pero la grabación fue cortada. Un tercer sujeto de vestimenta muy similar a los exagentes también participó.
Gerardo Castaing, exjefe del OIJ y experto en seguridad, señaló la falta de un marco legal que deja en evidencia este caso, no solo para castigar a los oficiales que "cambian de bando", sino para evitar esta práctica.
Esto en cuanto las funciones que tiene a su cargo la policía judicial, permite a una parte importante de sus agentes tener la capacidad de asumir actividades operativas de alto riesgo, principalmente se imparte a los efectivos del Sistema Especial de Respuesta Táctica (SERT).
No hay ningún contrato de confidencialidad en cuanto a los aprendizajes adquiridos, que obligue a los exfuncionarios a no proporcionar sus conocimientos tácticos y estratégicos. Si renuncian, se van con ellos y si establecen una agencia de asesoría o crean un polígono, lógicamente esos conocimientos van a ser transferidos a otras personas.
La situación con exagentes tácticos del OIJ debe ser revisada con cuidado porque la legislación no está clara en cuanto a la obligación que tienen de no facilitar la preparación en la cual el Poder Judicial les capacitó.
Proyecto busca tipificar delito
Este miércoles en la Asamblea Legislativa se presentó un nuevo proyecto de ley que busca tipificar como delito el asesorar o entrenar a estas personas que son parte de grupos organizados con el objetivo de cometer delitos contra la vida o propiedad.
La propuesta se presentó bajo en numeral 24.404 por parte de distintas fracciones legislativas. La iniciativa pretende adicionar un artículo 281 ter al Código Penal.
El plan contempla penas de prisión entre 10 y 15 años para quienes incurran en esta práctica. Además, se busca imponer una inhabilitación de 20 años para ocupar puestos en la función pública a quienes cometan estas acciones.
De aprobarse, el artículo se leería de la siguiente manera:
"Artículo 281 ter. Entrenamiento y Asesoría a Grupos de Crimen Organizado"
Se impondrá una pena de prisión de diez a quince años a todo funcionario de los diferentes cuerpos policiales que, aprovechándose de su conocimiento y posición, entrene o asesore a individuos o grupos en técnicas para el homicidio por precio o por promesa remuneratoria o cualquier otra actividad delictiva organizada. Adicionalmente, se impondrá la inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas por un período de veinte años.
Con las mismas penas e inhabilitación para el ejercicio de la función pública serán sancionados los ex oficiales de los diferentes cuerpos policiales, que aprovechándose de su conocimiento y experiencia, realicen las acciones descritas en el párrafo anterior.
"Es nuestro deber en nuestra función de legisladores, de buscar todas las maneras posibles de dotar a nuestro ordenamiento jurídico de normas que puedan colaborar en que nuestro país sea seguro y que ciudadanos que utilizan sus habilidades y educación técnica y táctica, cuando fueron o son funcionarios públicos especializados en el área, en beneficio de la delincuencia, sean puestos a las órdenes de las autoridades y sancionados", señala la exposición de motivos del plan.
La propuesta de ley puede verla en este enlace 24404