Inversión de infraestructura cayó más del 2% del PIB en los últimos 4 gobiernos
La inversión en infraestructura en Costa Rica se mantiene en niveles sumamente bajos y cayó de forma considerable durante un periodo de 14 años, según advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo internacional destacó una disminución cercana al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, en comparación con el promedio observado en ese mismo lapso, según reveló el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025.
En 2009, la inversión pública en infraestructura superó el 4% de la producción nacional. Para 2023, ese indicador representó menos del 1,5%.
De acuerdo con la gráfica compartida por la OCDE, la caída empezó a evidenciarse en el último año de la administración de Laura Chinchilla Miranda (2013) y se mantuvo en niveles bajos durante el mandato de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018).
Aunque la gestión de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) mostró un leve repunte en 2019, la pandemia por COVID-19 provocó una nueva contracción en los indicadores.
La medición realizada por la OCDE posiciona a la administración de Rodrigo Chaves Robles con cifras notablemente inferiores frente al arranque de la presidencia de Laura Chinchilla.
Según las gráficas comparativas, la inversión en energía predominaba hace 15 años. Actualmente, el sector transporte absorbe una mayor proporción del gasto.
No obstante, el informe subrayó deficiencias en la red vial, calificándola de "baja calidad", mientras señaló que la infraestructura portuaria del Pacífico, en especial Puerto Caldera, "no tiene suficiente capacidad". Asimismo, indicó que el sistema ferroviario "está subdesarrollado" y presenta debilidades en las conexiones intermodales.
Infraestructura hídrica
La renovación y expansión del sistema de agua potable, junto con un aumento en el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, resultan indispensables para enfrentar los efectos del cambio climático, según el informe.
La OCDE indicó que solo un 15% de la población se encuentra conectada a redes públicas de tratamiento de aguas residuales, una cifra muy inferior al objetivo del 100 % fijado por la Política Nacional de Saneamiento para el 2026.
"La débil planificación y ejecución han obstaculizado las infraestructuras de agua y alcantarillado: solo se ha utilizado la mitad de la asignación presupuestaria de 2023 para infraestructuras hídricas y aproximadamente el 60% de los proyectos en curso han sufrido retrasos.
"La inversión en aguas residuales se ha descuidado en gran medida desde hace algún tiempo. Costa Rica se beneficiaría de una planificación financiera estratégica a largo plazo para la inversión en infraestructura hídrica y de aguas residuales", indicó el informe de la OCDE.
El organismo recomendó definir una cartera de proyectos prioritarios basada en criterios técnicos claros y una ejecución transparente, con el fin de facilitar la obtención de financiamiento y acelerar la disponibilidad de obras hídricas.
Transporte
El Plan Nacional de Transporte 2011-2035 no se desarrolló con participación del sector privado ni de la ciudadanía, y su ejecución enfrenta obstáculos como la fragmentación administrativa, la escasa gobernanza y una limitada capacidad institucional.
Según la OCDE, persisten debilidades en la planificación, selección y ejecución de obras en este ámbito.
Además, advirtió que, aunque 10 entidades distintas pueden promover proyectos de transporte, muchos de estos "carecen de un análisis adecuado de factibilidad y viabilidad económica", pese a pasar por una fase de preinversión.
"Una planificación deficiente da lugar a un mayor costo y retrasos en la fase de implementación (por ejemplo, expropiación no programada, uso de materiales que requieren mayores costos de mantenimiento).
"El tiempo requerido desde la planificación hasta la implementación de la infraestructura también es extremadamente largo (entre 8 y 11 años), a pesar de que los retrasos en la fase de implementación se redujeron desde 2017", indicó el informe.
La OCDE recordó que el proyecto para construir una carretera entre San Carlos y San Ramón se aprobó en 1969, arrancó en 2005 y apenas se espera un avance significativo a partir de 2026. Esta demora, según el organismo, "socava la capacidad de ejecutar proyectos de inversión de capital".
Costa Rica ejecuta únicamente el 30% del gasto de capital presupuestado, una señal de alerta para las finanzas públicas.
Entre 2005 y 2014, el proyecto del tren eléctrico destinado a mejorar el transporte público en la Gran Área Metropolitana sufrió 6 modificaciones bajo distintas administraciones del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y aún no se ha puesto en marcha.