Inspección Judicial investiga y pide suspensión de funcionario sospechoso de vender droga

Fue 1.5 kg de cocaína por ₡1.5 millones, también ofrecía vender expedientes judiciales

La Inspección Judicial, consejo disciplinario del Poder Judicial, ya investiga al funcionario administrativo del Poder Judicial de apellidos Mendoza Hidalgo, que fue capturado el pasado sábado como sospechoso por venta de drogas en Puntarenas. La causa se tramita con número de expediente 24-2023-31-DI.

El funcionario que trabaja para los Tribunales locales, fue detenido luego de entregar un kilogramo y medio de cocaína por un valor de ₡1.5 millones a un agente encubierto del Organismo de Investigación Judicial.

Adicionalmente, ese órgano disciplinario pidió como medida temporal la suspensión del sujeto, debido a que en el proceso judicial, se le permitió a Mendoza regresar a su trabajo. El Consejo Superior del Poder Judicial tendrá el veredicto.

La Fiscalía contra el Narcotráfico ordenó la detención del administrativo, luego de que en una operación policial con agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial, lo encontraran vendiendo estupefacientes.

Tras la captura, el Ministerio Público pidió seis meses de prisión preventiva para continuar con la investigación y el proceso; no obstante, el Juzgado Penal de Puntarenas rechazó la solicitud y ordenó únicamente monitoreo electrónico con permiso para trabajar en el Tribunal Penal, impedimento de salida del país y entrega del pasaporte.

Entre la justificación para no imponer prisión preventiva ni prohibir el ingreso del funcionario al Poder Judicial, el Juzgado manifestó que el sujeto tiene arraigo laboral, domiciliar y familiar, consideró que no había riesgo de reiterar el supuesto delito y que las penas no son tan graves para que pueda evadir la justicia.

Argumentaron también que no se trataba de un delito funcional, es decir, que el delito de narcotráfico que se le imputa al trabajador judicial no se cometió con ocasión de su cargo, sino en el ámbito privado de sus actuaciones.

Esa resolución fue apelada por la Fiscalía y esperan revertir esa decisión. Mauricio Boraschi, fiscal adjunto a la Fiscalía General, señaló que son respetuosos de las determinaciones de los jueces, pero se mostró sorprendido.

"Este es un caso para nosotros muy delicado, que se trabajó de manera muy coordinada entre Organismo de Investigación Judicial y Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, porque involucraba una situación de tráfico de drogas en la que estaba implicado directamente un funcionario del Tribunal Penal de Puntarenas", señaló.

Las evidencias obtenidas hasta ahora apuntan a que el Mendoza Hidalgo no solo se dedicaba a vender droga, sino que también hacía otros ofrecimientos que inclusive abarcaban vender expedientes judiciales.

"En una de las provincias más violenta del país, con gran cantidad de homicidios asociados a temas de narcotráfico y esta persona trabajando en un Tribunal Penal donde se maneja información y expedientes de casos muy graves y teniendo pleno acceso a ellos, nos parece que es realmente sorprendente", manifestó Boraschi.

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