Inspección Judicial confirma investigación contra exfiscal por asumir cargo en Gobierno sin permiso
Fiscal subrogante solicitó investigar intentos de “burlar procedimiento” para trabajar en el Micitt
Esteban Aguilar Vargas, el exfiscal coordinador de Cibercrimen del Ministerio Público, es investigado a nivel disciplinario por la Inspección Judicial, debido a que se asumió un cargo en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles sin contar con el permiso del Poder Judicial.
El fiscal es hermano de Gabriel Aguilar, el jefe del despacho presidencial de Chaves, y fue escogido personalmente por Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), entre 10 candidatos, para designarlo como subdirector Nacional de Ciberseguridad.
Sin embargo, un oficio del cual CR Hoy tiene copia, demuestra una serie de maniobras de Aguilar para aparentemente evadir el permiso que, por ley, debe obtener el funcionario judicial para poder trabajar en una institución fuera, en otra rama estatal.
El Poder Judicial confirmó hoy la apertura de un nuevo expediente por estos hechos en concreto.
"Sobre su consulta concreta se indica que la Inspección Judicial procedió abrir la causa disciplinaria número 25-001326-0031-DI, la misma se encuentra en investigación sin traslado de cargos", señalaron ante la consulta de este medio.
El cargo que ocupa este exfiscal no existía hasta hace poco, que no había sido ocupado por nadie y que ni siquiera es financiado por la misma cartera, sino por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Tal como reveló CR Hoy el pasado viernes, Esteban Aguilar no tiene permiso para haber salido del Ministerio Público hacia otra entidad pública.
El Consejo Superior, máximo órgano administrativo judicial, no ha emitido ninguna autorización formal y, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cualquier servidor debe contar con un visto bueno explícito para laborar en otra área del sector público.
La investigación inició a solicitud de la fiscal subrogante, Karen Valverde, quien señaló tajantemente que Aguilar pretendía "burlar el procedimiento normativo establecido" para conseguir una autorización e irse a trabajar al gobierno chavista.
De acuerdo con el documento que motivó la apertura de una causa, Esteban Aguilar actuó de mala fe y de forma desleal, cometiendo lo que parece ser un abuso de derecho, posiblemente para simular que sí tenía el permiso para irse al Micitt.
Por esa razón, Valverde envió un oficio explicando paso a paso lo que ocurrió, para que el órgano disciplinario pueda actuar.
"La información facilitada por el señor Aguilar Vargas a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia fue para inducir a error a la institución y que se creyera falsamente que se contaba con un permiso sin goce salarial para trabajar en el sector público.
Así burlar el procedimiento normativo establecido para la gestión de interés e iniciar labores en el Poder Ejecutivo sin estar autorizado para ello", manifestó Valverde en el oficio.
Así trató de burlar a superiores
La fiscala Karen Valverde ha estado a cargo de tramitar un permiso sin goce salarial que Esteban Aguilar solicitó desde el 3 de marzo, con la intención de ausentarse por un año sin perder la plaza en el Poder Judicial.
Esto se debe a que el funcionario ha alegado supuesta persecución laboral por parte del fiscal general, Carlo Díaz, quien desmintió las acusaciones tiempo atrás. En esa misma fecha, Aguilar presentó una incapacidad laboral para ausentarse del 3 al 17 de marzo.
Mediante la resolución 27-2025 de la Fiscalía General de la República, el 17 de marzo se concedió el permiso sin goce de salario que regiría a partir del 18 de marzo de 2025 hasta la misma fecha de 2026. Para plantear la solicitud, solo alegó motivos de salud.
En ese documento se recordó a Aguilar que, según la ley, existen prohibiciones para los trabajadores judiciales, y que no podía quebrantar el objetivo del permiso ni la causa que lo motivaba. En caso de requerir una autorización para un fin diferente, debía hacer la gestión específica y respectiva.
Al día siguiente, el fiscal de Cibercrimen presentó una segunda licencia médica para ampliar su ausencia del 18 al 31 de marzo, y además pidió cambiar la fecha del permiso.
Ese mismo día participó en una marcha convocada por el mandatario contra el fiscal general, e incluso se subió a la misma tarima que Chaves y habló contra Carlo Díaz, estando incapacitado. Por esa razón, se abrió una investigación administrativa en su contra.
El 24 de marzo comienzan a cambiar las versiones: Esteban Aguilar remitió un nuevo correo electrónico a esta jefatura, así como al Consejo Superior del Poder Judicial, con el fin de solicitar un permiso sin goce de salario del 1.º de abril de 2025 hasta 2026, por haber sido seleccionado para laborar como subdirector de Ciberseguridad del Micitt.
Por esa razón, la Secretaría General de la Corte inició la gestión y le advirtió al fiscal de Cibercrimen que debía aportar documentación, como una constancia emitida por la Inspección Judicial que indicara que no tenía causas pendientes, el visto bueno escrito por parte de la jefatura y un documento del Micitt que señalara las fechas del nombramiento.
El pasado 31 de marzo, la Fiscalía General emitió la resolución n.º 39, en la cual señaló que avalaba el permiso para ausentarse y que no se oponía a su traslado al Gobierno, "sin perjuicio de lo que resuelva el Consejo Superior del Poder Judicial ante la solicitud de permiso".
Ese mismo día, a tan solo horas de su ingreso al Micitt, Aguilar Vargas respondió un correo indicando que solo faltaba "únicamente ya la autorización del superior", es decir, su jefe, para que el Consejo Superior tramitara su solicitud al día siguiente, martes 1.º de abril.
Por esa razón, en la Fiscalía reenviaron la resolución en la que no se oponían al aval, a sabiendas de que se debía valorar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que debía revisar el Consejo.
Sin embargo, ese mismo martes, Esteban Aguilar retiró el trámite y desistió de pedir el aval para irse al Micitt, bajo el argumento de que su jefatura le había concedido el permiso sin goce salarial para trabajar en el Poder Ejecutivo.
Debido a todo este embrollo gestado por el funcionario, la fiscal subrogante emitió una aclaración especificando que nunca autorizó su traslado al Micitt, sino solamente su ausencia, y pidió investigar el actuar de Aguilar.
No me atribuí una competencia que no me corresponde, se advirtió al señor Aguilar Vargas de forma reiterada en las resoluciones señaladas y en el correo dirigido al Consejo Superior, encargado del trámite de la gestión.
Debe observarse que las gestiones presentadas por esta persona a la Fiscalía General se han atendido mediante resoluciones por lo que tampoco es aceptable considerar que sobre el cambio del objetivo del permiso sin goce de salario para trabajar se vaya a omitir la obligación de sustentar formal y sustancialmente tal decisión. (…)
No es válido considerar que el visto bueno que se otorga por esta jefatura para el trámite del permiso sin goce de salario, amparado en el artículo 44 de cita, pueda o deba suplir la decisión que le corresponde al Consejo Superior o si fuera del caso a quien este órgano disponga. (…)
El pasado miércoles, en entrevista con CR Hoy, la jerarca confirmó que el exfiscal empezó a trabajar en el Micitt el martes 1º de abril, fecha de inicio de su nombramiento temporal. "Ya él comenzó el día de ayer", replicó Bogantes ante una pregunta directa.
Este funcionario salió del Ministerio Público en medio de acusaciones y polémicas con su superior jerárquico. Allí laboró sin mayores resultados operativos durante los últimos años y acumuló varias investigaciones disciplinarias, múltiples viajes y algunas controversias.
Alabado por el mandatario Rodrigo Chaves y por la ministra de Ciencia y Tecnología, el exfiscal de Cibercrimen fue nombrado en el Gobierno tras salir de forma controvertida de la Fiscalía, en medio de varios escándalos.
Pese a los halagos, los informes de labores de Esteban Aguilar muestran que durante los últimos años él únicamente destacó por participar en reuniones, viajes, talleres, charlas, capacitaciones y entrevistas, sin mayores resultados operativos.
En 2023 y el primer semestre del 2024, no se registró ni un juicio, acusación, operativo o trámite de medidas cautelares por causas penales, a pesar de que la función principal de los fiscales es precisamente la persecución penal.
Solo se reportó un allanamiento y dos acusaciones hacia la segunda mitad del año pasado.