Iniciativa de “equidad contributiva” afecta funcionamiento de Poder Judicial

(CRHoy.com) La Corte Suprema de Justicia determinó la mañana de este lunes que la iniciativa de la diputada Pilar Ciseneros Gallo, que busca equiparar los aportes que hace el Estado en los regímenes básicos de pensiones, afecta su funcionamiento.

Por ende, la iniciativa requerirá 38 votos para ser aprobado en la Asamblea Legislativa, en apego al artículo 167 de la Constitución Política.

La cúpula del Poder Judicial acordó por unanimidad acoger un informe rendido por su director jurídico, Rodrigo Campos Hidalgo, en el que se abordó punto por punto la iniciativa de la legisladora del oficialista Partido Progreso Social Democráctico (PPSD), que se tramita bajo el expediente 23.733.

A modo de síntesis, la propuesta de Cisneros Gallo es igualar el porcentaje que el Estado cancela como patrono en los regímenes de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional (RCC), así como el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJP), al aporte hecho en el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Esa "equidad contributiva" plantea que llegará 35 años después de que la Corte determine que tiene el financiamiento de las pensiones vigentes, en el tanto que el transitorio II del plan dispone rebajas paulatinas (los primeros dos años, en 0,18%, y los restantes, en 0,25%).

Campos Hidalgo precisó una serie de afectaciones. Primero, porque el proyecto carece de un estuido actuarial, lo que genera una "incertidumbre y nebulosa", como también lo destacaron la Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Servicio Técnicos del Congreso.

De seguido hizo referencia a un criterio preliminar de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones (Junafo), que concluyó que el régimen de pensiones de la Corte puede caer en cierre técnico, precisamente por la ausencia de un estudio actuarial, así como de nuevas fuentes de aislamiento. A ello abonó una violación al principio "pro fondo", reconocido por la propia Sala Constitucional.

Además de ese riesgo de afectación financiera, se precisó un impacto sobre el personal.

En ese sentido, se citaron estudios de la Dirección de Gestión Humana (DGH) que estableció que más de un 56% de los trabajadores del Poder Judicial afirma sentirse afectados emocional o físicamente por recientes reformas que, por ejemplo, congelaron los incrementos salariales -incluso el correspondiente al costo de la vida- derivados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como la Ley Marco de Empleo Público.

A ello debe abonarse que la propuesta, si bien fija legalmente el aporte patronal en un 5,75%, no hace lo propio con la contribución obrera y, más bien, deja en manos de la Junta Administradora la posibilidad de modificar ese porcentaje (actualmente en 13,00%). Esta situación deja abierto que, eventualmente, ese órgano gestor pueda disponer incrementos en los aportes de los trabajadores para solventar un eventual desfinanciamiento del Fondo, producto de la rebaja en la contribución patronal.

Esa situación, a su vez, constituiría una diferencia con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, en el que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puede modificar su cuota como patrono.

Si bien el informe contó con el voto de los 18 altos jueces presentes, Jesús Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro y Roxana Chacón Artavia hicieron uso de la palabra para destacar la labor del director jurídico. "Es una situación amenazante", destacó la última magistrada, no sin antes agregar que los congresistas deben tener claro que lo planteado "estrangula y afecta" a las personas que cotizan para el régimen de jubilaciones del Poder Judicial.