Informe: Exoficial detenido para extradición por narco reclutó policías de Fuerza Pública

Michael Corella, alias Rojo

El expolicía de la Fuerza Pública, Michael Corella Amador, detenido para extradición por narcotráfico, formó una red de 122 policías que participaban en actividades criminales, según un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Según el informe, del que este medio tiene copia, los oficiales participaban en contrabando, trasiego de drogas, filtración de información policial y apoyo logístico a organizaciones criminales en la Zona Sur.

El informe dirigido al entonces director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, analiza los antecedentes de funcionarios destacados en la Dirección Regional Brunca Sur. La Dirección General ordenó esa revisión ante sospechas de infiltración del crimen organizado en la Policía.

Según el reporte de inteligencia, muchos de los oficiales investigados colaboraban con el exoficial Corella, a quien identifica como uno de los principales articuladores de redes dedicadas al contrabando de licor, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región fronteriza.

El documento atribuye a un oficial de apellido Moya un papel clave dentro de la estructura. Según la información de inteligencia, el funcionario, quien ejercía funciones de mando como encargado de equipo, reclutaba a otros policías para colaborar con organizaciones criminales y coordinaba la movilización de personal y recursos estatales en beneficio de esas estructuras.

Además, el informe dado a conocer por La Nación señala que otro oficial de apellido Vásquez habría solicitado de forma irregular información sobre personas con órdenes de captura para alertarlas antes de que las autoridades judiciales ejecutaran las detenciones.

Exoficial les puso roles

La DIAC también identifica a varios funcionarios como presuntos colaboradores directos del exoficial Corella. Entre ellos figuran oficiales de apellidos Beita, Montenegro y Zúñiga, a quienes vincula con actividades de contrabando y narcotráfico. En el caso de Zúñiga, el reporte asegura que también participaba en los llamados "cobronazos", es decir, el cobro violento de deudas relacionadas con drogas.

Asimismo, una oficial de apellido Dinarte, conocida con el alias "La Gorda", habría aprovechado su puesto para monitorear la ubicación de patrullas y evitar intervenciones contra distribuidores de droga. El informe también la relaciona con los "cobronazos" atribuidos a Corella. Además, indica que un oficial de apellido Guadamuz se incorporó a la estructura del ahora extraditable, aunque posteriormente ambos rompieron relaciones por disputas relacionadas con la distribución del dinero obtenido en esas actividades.

El documento también menciona a oficiales de apellidos Araya, alias "Brutus"; Cerdas y Chacón, alias "Chupojo", como personas que mantenían una relación de confianza y brindaban apoyo logístico al exoficial. Asimismo, señala que un oficial de apellido Prendas presuntamente utilizaba patrullas oficiales para custodiar cargamentos ilícitos y trasladar dinero para la organización.

Otra oficial de apellido Rojas figura como expareja sentimental de Corella. Según el informe, colaboraba con policías vinculados al contrabando en San Vito y, de acuerdo con las fuentes de inteligencia, hacía ostentación del incremento de su patrimonio gracias a los negocios atribuidos al exoficial.

Policía supuestamente vinculado con alias Rojo

Además de los presuntos vínculos con Corella, la DIAC concluyó que al menos 27 policías investigados habrían colaborado con organizaciones dedicadas al trasiego internacional de drogas. Entre las funciones atribuidas figuran escoltas con recursos del Estado, apoyo logístico para el transporte de cargamentos y coordinación de aterrizajes clandestinos de aeronaves, conocidos en la Zona Sur como "avionetazos". El informe también relaciona a otros funcionarios con redes de trata ilícita de migrantes.

La investigación de inteligencia también concluye que la mayor infiltración se concentraba en el contrabando de licor. Según el análisis, al menos 44 oficiales mantenían presuntos vínculos con la organización conocida como "Los Whiskeros". De acuerdo con el reporte, alertaban sobre retenes policiales, compartían información reservada y brindaban custodia a cargamentos ilegales.

Como parte de sus conclusiones, la Unidad de Inteligencia del MSP atribuye esa presunta infiltración a problemas económicos de algunos funcionarios y a una supervisión deficiente por parte de los mandos medios sobre el uso de patrullas y equipos de comunicación. Por esa razón, recomendó reubicar a los oficiales que no tuvieran arraigo en la Zona Sur y trasladar los hallazgos para el inicio de investigaciones administrativas y judiciales.

Detenido en 2025

Corella Amador fue capturado el 18 de octubre de 2025 durante un operativo conjunto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). En ese momento laboraba en la delegación de Fuerza Pública de San Vito de Coto Brus y figuraba entre cuatro costarricenses requeridos por la justicia estadounidense por presunto narcotráfico internacional.

De acuerdo con la solicitud de extradición a la que tuvo acceso este medio, las autoridades estadounidenses atribuyen al exoficial un papel dentro de una organización asentada en la Zona Sur que, presuntamente, movilizó cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica para posteriormente enviarlos a México y, finalmente, a Estados Unidos. El expediente judicial sostiene que Corella pasó de colaborar con un narcotraficante de alto perfil a desempeñarse como intermediario en operaciones de tráfico internacional de drogas.

La Corte del Distrito Sur de California lo acusa de dos delitos federales: conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y conspiración para importar esa misma cantidad de cocaína a territorio estadounidense. La orden de captura en su contra permanecía vigente desde julio de 2020 y el exoficial continúa en prisión preventiva mientras se resuelve el proceso de extradición solicitado por ese país.