Informe de caso “Madre Patria” detalla que investigados habrían regalado iPhones a funcionarios del CTP
Autobusero hizo referencia a que "regaló" telefónos en entidad estatal
Funcionarios del Consejo de Transporte Público (CTP) habrían recibido teléfonos iPhone como aparentes dádivas a cambio de beneficiar a empresas autobuseras ligadas con la presunta organización criminal del caso "Madre Patria".
Así se indica en el expediente judicial del caso, del que CRHoy.com tiene copia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público señalan la posible existencia de un grupo criminal dedicado a cometer fraudes registrales con valiosas propiedades, las cuales eran despojadas a sus propietarios originales y luego vendidas a terceros que las compraban de buena fe.
Con los recursos provenientes de las actividades ilícitas, las autoridades judiciales consideran que se habrían legitimado capitales a través de numerosos testaferros en distintas actividades comerciales. Una de ellas serían las empresas autobuseras que operaban varias rutas concesionadas por el CTP en la provincia de Alajuela.
Uno de los presuntos líderes de la organización, un español de apellidos Gómez González, se habría asociado con un empresario de apellidos Herrera González, quien se encargaba de operar empresas autobuseras.
Gómez y Herrera habrían puesto a familiares cercanos (compañera sentimental e hija) en las sociedades anónimas que controlaban las empresas autobuseras.
Una intervención telefónica efectuada por el OIJ a las 3:40 p.m. del 28 de agosto de 2023 revela una conversación entre Herrera y un sujeto de apellido Garita, en la cual detalla que compró 5 iPhone y que todos los "regaló" en el CTP.
En esa misma llamada, Herrera asegura que los adquirió y los "regaló" por orden del español Gómez.
¿Por qué en el CTP? Los distintos informes policiales elaborados por el OIJ, contenidos en el expediente del caso "Madre Patria", señalan que la agrupación delictiva habría pactado y entregado dádivas a funcionarios a cambio de obtener asesorías y ayudas con trámites a lo interno del CTP para favorecer a las empresas autobuseras afines a los imputados.
Al parecer, el objetivo de la agrupación era acaparar más rutas en distintos puntos del país en detrimento de otras compañías.
Para ese fin, funcionarios de la institución estatal habrían realizado tareas como el ingreso ilícito de documentos a los sistemas del CTP o la alteración interna de documentación (sobre flotas, unidades, entre otros).
La incorporación de documentación falsa o alterada tendría el objetivo de justificar que todos los reglamentos están en orden y que las empresas autobuseras que lideran Gómez y Herrera cumplen con los requisitos de ley.
Además, los funcionarios del CTP involucrados con la presunta recepción de dádivas habrían intercedido ante sus jefaturas para que los documentos presentados ante el consejo no fueran revisados exhaustivamente y con ello evitan que la documentación falsa sea detectada, lo que deja constando el favorecimiento hacia la organización.
"En extra-llamada entre Herrera y Garita, se evidencia como Herrera en asocio y por orden de Gómez, en apariencia adquirieron 5 celulares de alta gama (iPhone), los cuales fueron entregados como dádivas a los funcionarios del CTP, quienes estarían favoreciendo la organización criminal con asesorías y trámites a lo interno del Consejo", subraya el análisis elaborado por la policía judicial tras la llamada.
Allanamientos en el edificio del CTP por el caso Madre Patria. Archivo CRH/Greivin Granados
La información consta en la primera ampliación del informe 05-RCI-OECDO-2024, realizado por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ.
Las intervenciones telefónicas también revelan que los imputados procuraban evitar dejar rastro para las autoridades judiciales ante posibles investigaciones en curso. Por ejemplo, procuraban efectuar llamadas a través de la aplicación WhatsApp en vez de los mecanismos de comunicación tradicionales.
El OIJ y el Ministerio Público también imputaron en la causa a un funcionario de apellidos Rosales Apú, del departamento de Concesiones y Permisos del CTP, quien presuntamente también colaboraba con la organización criminal con la inclusión de documentos alterados para beneficiar a las empresas autobuseras y brindando asesoría para los diferentes trámites que requerían.
De igual forma, 5 oficiales de la Policía de Tránsito fueron detenidos por evitar sanciones en carretera contra los buses de las empresas ligadas a los imputados a cambio de supuestas dádivas.