Informe advierte posibles delitos en “póliza de la impunidad” para jerarcas y pide a Fiscalía investigar
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa pidió al Ministerio Público investigar posibles delitos en la gestión de una póliza de responsabilidad civil financiada con fondos públicos, que buscaba proteger al presidente Rodrigo Chaves y a altos jerarcas del Ejecutivo ante demandas judiciales.
El informe, aprobado este jueves, no individualiza responsabilidades penales, pero solicita a la Fiscalía General valorar posibles conductas como peculado por extensión, tráfico de influencias, abuso de autoridad y falsedad ideológica, esta última vinculada a irregularidades en los registros de ingreso a Casa Presidencial.
La investigación legislativa concluye que el proceso presentó deficiencias en su sustento técnico, falta de trazabilidad y posibles actuaciones irregulares en su tramitación.
La póliza —cuya contratación fue detenida— pretendía cubrir al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, así como a altos jerarcas del Ejecutivo ante eventuales demandas judiciales. El contrato se estimaba en más de ¢248 millones y se gestionaba con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La iniciativa fue denominada por sectores de oposición como "póliza de la impunidad".
El informe identifica a varios jerarcas y exjerarcas por su participación en distintas etapas de la iniciativa. Entre ellos figura el exvicepresidente de la República y diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Stephan Brunner Neibig, quien reconoció haber impulsado el tema dentro del Consejo de Gobierno y liderado su discusión a nivel político.
También se menciona al exministro de Hacienda y diputado electo del PPSO, Nogui Acosta Jaén, quien admitió que su rol consistió en ubicar los recursos necesarios para financiar la póliza con fondos públicos.
Asimismo, se documenta la participación de representantes de la empresa privada OneGlobal, quienes sostuvieron al menos cinco reuniones en Casa Presidencial entre julio y setiembre de 2024, antes de que el proceso fuera publicado en el Sistema de Compras Públicas (SICOP).
Las visitas no quedaron registradas en las bitácoras oficiales, lo que el informe considera una posible irregularidad administrativa.
Posibles delitos identificados
Los diputados señalan que los hechos podrían configurar distintos delitos.
En el caso del peculado por extensión, se cuestiona el uso de recursos públicos para cubrir riesgos personales de funcionarios. Sobre el tráfico de influencias, el informe apunta a las reuniones previas con actores privados en el marco del proceso de contratación. La posible falsedad ideológica se vincula con inconsistencias en los registros oficiales de ingreso a Casa Presidencial. Finalmente, el abuso de autoridad se relaciona con la promoción de gestiones administrativas sin una base legal clara.
La comisión determinó que no se presentaron estudios actuariales ni análisis de costo-beneficio que justificaran la inversión. Además, advirtió una coordinación "opaca" entre el Ministerio de Hacienda, el INS y la empresa involucrada, sin adecuada trazabilidad documental.
Como conclusión, los diputados acordaron remitir el expediente completo al Ministerio Público para que se determine si los hechos configuran delitos y se establezcan posibles responsabilidades penales.
La Fiscalía General mantiene un expediente abierto por este caso desde noviembre de 2024, en el cual figura como investigado el presidente Chaves.
El informe subraya que el patrimonio público no puede utilizarse para cubrir riesgos personales de quienes ejercen cargos públicos, al tratarse de responsabilidades inherentes a la función.
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que no existe habilitación legal para que el Estado financie seguros de responsabilidad civil cuyos beneficiarios directos sean funcionarios, al considerar que esto prioriza intereses personales sobre el interés público.