Independencia judicial se ve atacada con recortes presupuestarios, según magistrada
Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que la principal forma de garantizar la autonomía del Poder Judicial es mediante la independencia financiera, la cual —según afirmó— se ha debilitado en los últimos años debido a las reducciones presupuestarias que ha sufrido la institución.
La alta jueza destacó que la independencia financiera es tan relevante que la Constitución Política previó recursos suficientes para evitar que el Poder Judicial dependiera de las decisiones de los gobiernos de turno, al asignarle un porcentaje del presupuesto nacional para su funcionamiento, al igual que ocurre con otras entidades estatales, como el Ministerio de Educación Pública.
El Poder Judicial debe recibir, como mínimo, el 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, Solano enfatizó que ese porcentaje no representa un tope, sino una base, especialmente ante el aumento en la cantidad y complejidad de los casos que tramita la institución.
La magistrada advirtió que la independencia judicial está en riesgo debido a las limitaciones financieras. Según indicó, el porcentaje del presupuesto nacional destinado al Poder Judicial pasó de 7,1% hace seis o siete años a 6,3% este año y a 6,1% proyectado para el próximo, lo que considera un escenario límite.
También criticó que, pese a que el Poder Judicial ha mostrado una mayor resolución de casos y trámites más expeditos sin contar con todo el personal requerido, el Gobierno se ha negado a facilitar más recursos.
"Yo le hice ver a la señora presidenta que no damos más resultados porque no tenemos recursos y que ella, que fue ministra de Planificación, sabe cuánto nos correspondía y que nos han dado la mitad. Vea que la Constitución habla del 6% como mínimo. No habla de que sea hasta un 6%.
Si nosotros necesitamos más jueces para poder dar respuesta, entonces no puede ser que se nos diga que no se nos dan recursos porque no damos resultados. Eso no lo voy a aceptar nunca", expresó Solano.
La magistrada cuestionó otras acciones que, según dijo, les han impedido aprovechar plenamente los recursos ya asignados. Citó como ejemplo lo ocurrido en 2024, cuando se aprobaron nuevas plazas para la Fiscalía, pero el dinero fue transferido hasta noviembre, cuando ya no había tiempo suficiente para realizar las contrataciones y ejecutar el presupuesto.
"Desde mi óptica, eso es tomarle el pelo a uno. Le doy esto sabiendo que el presupuesto no es ejecutable", explicó.
El Poder Judicial utiliza hasta el 98% de los recursos que se le asignan, y lo poco que no logra ejecutar responde a situaciones concretas, como inconvenientes en procesos de contratación.
Cuesta arriba en 2027
El presupuesto total para 2027 será de ₡530.183 millones, de acuerdo con el anteproyecto presentado, lo que representa una disminución de ₡11.342 millones en comparación con el presupuesto de 2026.
Específicamente, el gasto corriente para 2027 se proyecta en ₡497 mil millones, mientras que el gasto de capital será de ₡32 mil millones. En comparación con el año en curso, esto representa ₡9.540 millones menos para gasto corriente y una reducción de ₡1.802 millones en gasto de capital.
Según la Dirección de Planificación, las disminuciones presupuestarias afectan la capacidad operativa del Poder Judicial y representan riesgos importantes para la institución.
Entre esos riesgos están que se debilitarán procesos de innovación dirigidos a mejorar y ampliar los servicios digitales, así como las limitaciones en infraestructura física, mobiliario y equipo para la atención de los usuarios, lo que tendría un impacto directo en los servicios de justicia.
Además, la reducción en el gasto corriente dificulta cubrir gastos ineludibles para la operación básica de los servicios judiciales, como remuneraciones —incluidos ajustes por costo de vida y anualidades de salarios inferiores al salario global—, servicios públicos, limpieza y seguridad.
Para ajustarse al límite presupuestario, se aplicó un recorte de ₡14.316 millones. Entre las reducciones específicas destacan ₡334.906.557 en construcciones, ₡1.878 millones en vehículos y cerca de ₡1.000 millones en informática.
En cuanto a la independencia judicial, la magistrada sostuvo que el juez se mantiene y seguirá siendo independiente al resolver cada caso concreto dentro de un expediente, donde debe emitir un pronunciamiento jurídico basado únicamente en la Constitución y la ley.
En el ámbito administrativo, explicó, sí opera la jerarquía propia de los órganos del Poder Judicial. Sin embargo, la independencia judicial se fundamenta en las resoluciones emitidas en cada caso concreto y, aunque en derecho pueden existir distintas interpretaciones, los magistrados no pueden obligar a un juez a fallar en determinado sentido.
