Incofer destina casi ₡100 millones a consultoría para “analizar” estudio del tren eléctrico
Ingeniero dará servicios por 36 meses por monto de $169.200
Archivo CRH
(CRHoy.com). El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) destinará $169.200 (más de 98 millones de colones, según el tipo de cambio actual) a pagar una consultoría durante 36 meses, prorrogable por 12 más, con el objetivo de "analizar, supervisar e implementar el estudio de factibilidad del proyecto Tren Rápido de Pasajeros (TRP)", conocido también como Tren Eléctrico Metropolitano (TEM).
Esa contratación fue abierta el 27 de mayo de 2019 y quedó en firme –mediante una licitación abreviada- el 29 de julio de ese mismo año. El proceso se tramitó a través del expediente 2019LA-000004-0012900001.
Según consta en el sitio web del Sistema de Compras Públicas (Sicop), el consultor seleccionado fue el ingeniero industrial costarricense Juan Gabriel Sauma Rossi y dicho contrato comenzó a regir el 1° de agosto del año pasado.
El pasado 8 de junio Sauma Rossi participó en el programa Enfoques de CRHoy.com en calidad de representante de la unidad ejecutora del proyecto del tren eléctrico para referirse a detalles de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo.
De igual manera, aparece citado en documentos oficiales de Incofer como miembro de esa unidad y, como detalle adicional, en el pasado formó parte del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
En la intervención durante el programa también participaron Sebastián Urbina Cañas, exviceministro de Transportes (2014-2016), quien acuerpa la iniciativa gubernamental; Miguel Carabaguíaz Murillo, exjerarca de Incofer (2005-2014) y Juan Carlos Hidalgo, analista internacional de políticas públicas.
¿Por qué era necesaria esta contratación? Según las justificaciones aportadas por Incofer ante Sicop, lo que se busca es que la entidad cuente con asistencia y acompañamiento en la "planificación, ejecución y control" de las actividades realizadas por la empresa consultora que se encargó de realizar el estudio de factibilidad del proyecto (en este caso, la compañía española IDOM).
"Se prevé que, una vez finalizados los estudios de factibilidad, el consultor especializado dé el apoyo técnico que demande Incofer en la gestión requerida para la implementación de dichos estudios y el desarrollo del proyecto", citó la entidad, en mayo de 2019.
Imagen del expediente de la contratación de la consultoría adjudicada al ingeniero. Captura de pantalla/Sicop
Según consta en el Sicop, en octubre de 2019, se autorizó el pago a Sauma de 2 facturas (cada una por $4.700) por los servicios convenidos en los meses de agosto y setiembre de ese año. Ambas facturas respondieron a la "revisión de las memorias 1-18 del estudio de factibilidad".
También, en noviembre de 2019, se autorizó el pago de otras 2 facturas por ese mismo monto ($4.700) por un informe trimestral presentado el día 15 de ese mes y por la revisión de las memorias del 18 al 25 del estudio de factibilidad.
Asimismo, en diciembre de ese año se avaló el pago de otra factura por $4.700 por la realización de reuniones con la empresa IDOM (que realizó el estudio de factibilidad).
Cada factura autorizada en 2019 ascendió a $4.700. Captura de pantalla Sicop
Una revisión hecha por CRHoy.com a través de ese sistema de compras no encontró la contratación de otras consultorías similares entre 2019 y 2020, pese a que este 15 de junio –en el programa radial Nuestra Voz- el encargado de la Unidad Ejecutora del TRP, Mario Durán Fernández, hizo referencia a la participación de 3 consultores independientes que han colaborado con el proceso de análisis de los estudios de factibilidad.
Actualmente los estudios de factibilidad son foco de inquietudes en razón de inconsistencias señaladas por el economista costarricense Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en economía e investigador de la Universidad de Aberdeen en Escocia.
Loría advirtió deficiencias en la metodología y los procedimientos hechos en el Análisis Costo Beneficio (ACB) del análisis hecho por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la empresa española IDOM.
El proyecto de tren eléctrico está estimado en $1.400 millones para ser concesionado por un plazo de 30.5 años. (Captura de pantalla/Casa Presidencial)
Detalles del TEM
El trazado del tren eléctrico, que se daría en concesión a una empresa privada, se extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Alántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.
La inversión total rondaría los $1.550 millones, con un aporte estatal inicial de $550 millones financiados por un crédito del BCIE. Sin embargo, dependiendo de la oferta de las compañías, el Estado hará un aporte anual que oscilaría entre los $50 millones y las $150 millones.
Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda estimada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representa aproximadamente 200.000 pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año.
Las frecuencias de salida estimada es de cada 5 minutos en hora pico y 15 minutos en hora valle en líneas de mayor demanda.
El plan del Poder Ejecutivo según el cronograma dispuesto es que la empresa concesionaria quede seleccionada en los primeros meses de 2021. Si todo sale como está previsto, las 2 primeras líneas del tren eléctrico funcionarán en 2023. La concesión se otorgaría por un plazo de 30.5 años.
La propuesta se complementa con 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.
Incofer procura que para finales de 2020 se prevé tener lista la licitación pública internacional para atraer empresas interesadas. Al menos 33 compañías de diferentes países ya han mostrado deseos de involucrarse en el proyecto.
Sobre el crédito del BCIE, que se empezará a discutir en los próximos días, las autoridades de gobierno sostienen que cuenta con condiciones "muy favorables". Comprende una tasa efectiva que pagará el país de 1.5% y un plazo de gracia de 5 años. No hay cargo de compromiso y se estima que en 12 años iniciaría el repago de la deuda.