Incertidumbre laboral rodea a colaboradores de Fundación Manos Abiertas
Conapdis reconoce que contrato era con organización no gubernamental
Cerca de 50 colaboradores de la Fundación Manos Abiertas en La Unión de Cartago enfrentan un panorama de incertidumbre laboral a raíz de los allanamientos ocurridos en el albergue durante este martes.
Un grupo de trabajadores relataron a CRHoy.com que fueron comunicados por parte del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) que estarían como voluntarios, pero que no se les podría cancelar sus labores por la situación judicial ocurrida.
Señalaron que ni siquiera saben si están despedidos porque no se les realizó ninguna comunicación por escrito sobre lo ocurrido, por lo cual sienten que están en un limbo.
Alegaron que también les preocupa su situación laboral en el futuro porque producto del allanamiento temen que los encasillen dentro de la generalización de que supuestamente maltrataban o torturaban a estos pacientes.
Relataron que en la parte administrativa nunca se metieron, pero indicaron que nunca presenciaron ningún tipo de agresión contra ningún paciente, lo cual les causó extrañeza por parte de la comunicación oficial de las autoridades.
"Desde ayer a las 6:00 a.m ya no teníamos trabajo porque Conapdis nos dijo que nos quedábamos sin un patrono que nos asistiera, que íbamos a trabajar voluntariamente porque no se sabía el estado en que iba a pasar con nosotros. No nos dieron una carta de despido ni nada que nos respalde", indicó una de las colaboradoras del albergue, quien relató la angustia que están viviendo actualmente.
Otra de las trabajadoras dijo a este medio que acudieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para ver cuáles pasos proceden en esta situación, sin embargo, detalló que se les entregó una ficha y están a la espera de más información.
Situación compleja
Bilbia González, directora ejecutiva del Conapdis, reconoció que el abordaje de este caso es complejo porque la relación contractual de los trabajadores fue con la Fundación.
González agregó que la institución estatal asumió la administración de forma temporal a raíz de una medida cautelar que interpuso un juez de la República.
"Lo que hemos procurado es llamar a la calma a los trabajadores y también dar un poco en el esquema de responsabilidad social una guía e instrucción toda vez que nosotros no podríamos asumir de ninguna manera porque no fue suscrito por la institucionalidad ni por el Estado estas relaciones laborales.
Hay que articular un poco lo que tienen que dirigirse a generar el manejo de los derechos laborales. Ya hemos hecho un acercamiento con las autoridades del Ministerio de Trabajo, quien ha manifestado su anuencia a dar un soporte y apoyo", indicó González.
Aseguró la directora ejecutiva que hay un acercamiento para garantizar el respaldo y la atención de las garantías laborales y ver de qué forma pueden reinsertarse laboralmente.
El caso se mantiene en investigación por parte del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

