Gobiernos de Chaves y Alvarado subvencionaron combustible a presunto líder narco

Cabecilla de Los Catanos detenido el mes pasado en Golfito

9 de Feb. 2024 | 9:01 am

Los gobiernos de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) subvencionaron más de 460 mil litros de combustible para embarcaciones de un sujeto de apellidos Umaña Álvarez, a quien el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas (DEA) señalan como presunto líder narco de la organización Los Catanos de Golfito y uno de los más relevantes del Pacífico de Costa Rica.

La información fue confirmada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tras una consulta de CRHoy.com.

Incopesca detalló que al menos 13 embarcaciones registradas a nombre de Umaña recibieron ese beneficio del Estado desde el 2019.

OIJ liga a Los Catanos con al menos 4 decomisos de droga en el Pacífico Sur del país. En dos de estos intervino la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública entre el 2009 y 2021, por lo que las autoridades conocían desde hace más de 15 años de la posible actividad ilícita de este sujeto.

En total, según los registros de la institución gubernamental, entre 2019 y 2024, esas lanchas de operación pesquera fueron beneficiadas con "combustible a precio competitivo" con 461.526 litros.

En la información brindada por Incopesca se detalla que al menos 250 mil litros fueron otorgados en la administración pasada y los restantes 200 mil durante el mandato de Chaves.

Así se distribuye el combustible otorgado por los gobiernos al sujeto detenido el pasado 24 de enero en Golfito junto a su esposa:

Lanchas de Catano con combustible subvencionado

Lanchas de Catano con combustible subvencionado

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley N°7384, el sector pesquero puede adquirir de Recope el combustible (gasolina y diésel), para la actividad de pesca no deportiva, a un precio competitivo con el precio internacional. Dicha gestión deben realizarla por medio de Incopesca.

Como parte de las condiciones para optar por esa subvención se expone que la persona debe tener licencia de pesca vigente y al día, llenar el Formulario de Inspección de Desembarque de Recursos Hidrobiológicos, demostrar que cuenta con los insumos necesarios para dedicarse al negocio de la pesca, tener una zona establecida en la licencia de pesca para la realización de sus actividades comerciales, señalar la cantidad de recursos hidrobiológicos desembarcados en su totalidad en el territorio nacional, entre otros.

¿Quién debe vigilar esto?

  • El artículo 34 del Reglamento para la Regulación y Control del uso eficiente del combustible a precio competitivo, destinado a la flota pesquera nacional, elaborado por el Comité de Combustible del Incopesca, estipula que quienes reciban el subsidio quedarán sujetos a la supervisión por parte de los funcionarios de Incopesca debidamente acreditados o de cualquier otro funcionario de un ente fiscalizador público.
  • El artículo 38 señala que serán la Policía de Control Fiscal, la Dirección General de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Servicio Nacional de Guardacostas, Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Seguridad Pública, los entes a cargo de vigilar el adecuado uso de esos combustibles.

Narcotráfico internacional

El pasado 24 de enero agentes judiciales de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ realizaron varios allanamientos en diferentes localidades de Golfito, para desarticular a la presunta organización criminal dedicada a lavar dinero proveniente del narcotráfico, con la que vinculan a Umaña y su esposa de apellidos Vargas Moreno.

Una de las diligencias se desarrolló en La Mona, donde vive la pareja señalada de comandar la supuesta agrupación conocida como Los Catanos.

El Caso Rayo, cuya investigación inició en marzo del 2023, pudo determinar que el crecimiento patrimonial irregular del sospechoso no sería acorde a su actividad económica ligada a la pesca.

Randall Zúñiga, director del OIJ, detalló que esta banda se encargaba de recibir importantes cargamentos de droga provenientes de Colombia, mismos que posteriormente eran enviados a otros países.

"Él tiene como supuesto negocio fachada el trabajo con embarcaciones, estas lo que hacían era ir a un área muy específica entre la frontera marítima de Costa Rica, Panamá y Colombia (conocida como La T) y ahí en apariencia obtenían la droga para trasladarla a Costa Rica y posteriormente hacia el norte del continente", dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.

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Según el jerarca, Pito Catano, como es conocido el presunto criminal, además de invertir gran cantidad de dinero en propiedades, metía mucho dinero en estas para hacer embarcaderos, así como la manutención y compra de nuevas lanchas para mantener su centro de operaciones en Golfito.

"Ha gastado una cantidad considerable de dinero, de acuerdo a la investigación, en el arreglo de muelles, recibidores de pescado para atracadero de embarcaciones", dijo el director judicial.

Umaña es considerado por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, como un narcotraficante de mucha relevancia en Costa Rica.

"Según Guardacostas la detención de este sujeto y el decomiso de las embarcaciones, aproximadamente entre 10 y 15, reflejarían una disminución de hasta un 40% en el Tráfico de Drogas marítimo en el sector de Golfito. Así también la DEA lo cataloga como uno de los narcotraficantes de mayor relevancia de Costa Rica", consigna un documento de la investigación a la que CRHoy tuvo acceso.

Lavaron más de ¢300 millones

Para poder mantener más cerradas sus operaciones al mundo exterior, el pescador usó a personas de extrema confianza que le ayudaron a desarrollar sus negocios en el mundo de los estupefacientes.

"Él siempre trató de mantener un perfil bastante bajo, era una persona conocida en la comunidad y con buenas relaciones. Generalmente toda su actividad la centró en familiares muy cercanos, lo cual también dificulta poder tener acceso a información importante", detalló Zúñiga.

No obstante, por más que quisieron tapar sus operaciones ilegales, el trabajo de los agentes especializados en labores de investigación de lavado de dinero, logró determinar, por medio de las inversiones que hicieron los sospechosos, que había flujo de millones altísimo que no se podían justificar.

El jefe de la policía judicial confirmó que los bienes muebles e inmuebles valorados que habría adquirido para legitimar capitales están valorados en aproximadamente 300 millones de colones en el último año y medio.

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De hecho dos de las propiedades allanadas en La Mona y el Kilómetro 5 de Golfito, tenían rótulos de venta. Precisamente el OIJ confirmó que una de las maneras de lavar dinero que usaban era por medio de la adquisición y posterior venta de propiedades.

Lanchas en acción

Según la policía judicial, existe un vacío legal que le permitió al grupo a mover dinero por medio de ese negocio para blanquear activos supuestamente provenientes del narcotráfico.

"Tenemos que revisarlo a nivel nacional, las embarcaciones tienen una formulación a nivel artesanal, generalmente, no se cuenta con una tarifa establecida para la venta de la misma y que se pueda gravar, entonces una embarcación que cuesta ¢10 millones la venden en ¢40 millones o hasta ¢50 millones, legitiman esa otra parte y la vuelven a vender en un monto superior", explicó Zúñiga.

El jerarca dijo que esto se debe a que las lanchas no tienen un monto estimado, apegado a la realidad, a la hora de inscribirse, lo cual aprovecharon estas personas para empezar a venderlas a precios muy cómodos y después comprarlas a otro precio más inflado y en una tercera transacción la vendían para recuperar el dinero y que el mismo ingresar legalmente a sus cuentas aduciendo que lo obtuvieron con la venta de ese bien mueble.

Aseguró que es necesario buscar la forma de frenar esta práctica, que podría estar siendo utilizada con otro tipo de mercancías, por lo que urge a la legislación nacional que se aborde el tema cuanto antes para evitar que siga sucediendo y así golpear las finanzas de estos grupos, prioridad que se planteó el OIJ desde el año pasado.

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