Gobierno quiere llevar a la Sala IV a un cierre técnico, denuncia el PLN
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) responsabilizó al oficialista Pueblo Soberano de poner en riesgo el funcionamiento de la Sala Constitucional, al negarse a elegir magistrados suplentes, lo que podría dejar sin respuesta los reclamos ciudadanos en materia de derechos constitucionales.
El Partido Pueblo Soberano, agrupación oficialista con mayoría en la Asamblea Legislativa, se ha negado a votar la nómina de magistrados suplentes recomendada por la Corte Suprema de Justicia, lo que ha paralizado el trabajo de la Sala IV
Cuando un magistrado propietario se incapacita, se ausenta o debe inhibirse de un caso, un suplente ocupa su lugar. Sin esos nombramientos, la Sala no puede sesionar, lo que significa que reclamos ciudadanos relacionados con el acceso a la salud, la educación, el libre tránsito y otros derechos constitucionales quedan sin respuesta.
Además, también mantiene frenado el proceso penal contra el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, quien es investigado por irregularidades en el financiamiento de la campaña del 2022. Como miembro de un supremo poder, tiene inmunidad y, por lo tanto, su caso debe verlo un Tribunal Penal de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Sala IV Paul Rueda tuvo que inhibirse del caso por los ataques que ha recibido de parte de Chaves, al no tener magistrado que lo supla, el proceso está frenado.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, condenó el accionar del oficialismo y dijo que se está en un límite gravísimo.
"La culpa no es de esta Asamblea Legislativa, la culpa es de Pueblo Soberano (PPSO). Esa fue la fracción que votó en blanco en todas las votaciones que hemos hecho en esta legislatura y la que llevó el tema a este límite gravísimo, donde corremos el riesgo de un cierre técnico", manifestó Ramírez.
Este miércoles, el PPSO aprobó una moción de orden para devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos a las suplencias e iniciar el proceso desde cero. La decisión se tomó en medio de fuertes cuestionamientos contra la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, por un supuesto atropello a los derechos de los legisladores del bloque democrático y una presunta violación al reglamento legislativo.
Ese eventual cierre técnico lo advirtió el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, quien señaló que el tribunal quedaría en una situación comprometida al no contar con magistrados suplentes.
Además, la propia Sala IV indicó que reiniciar el proceso de nombramiento desde cero implicaría, como mínimo, un retraso de nueve meses antes de que el Congreso pudiera designar nuevamente a las magistraturas suplentes.
La elección de magistrados suplentes sigue un procedimiento específico. En la legislatura anterior, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa una nómina de 18 candidatos. Posteriormente, la Comisión de Nombramientos analizó los perfiles, realizó entrevistas y recomendó a nueve aspirantes para ser electos en el Plenario, con 38 votos.
