Gobierno planea que Conavi gestione concesión de vía a San Ramón tras finiquitar contrato con BCR
Ministro propone que unidad ejecutora actual asuma manejo de iniciativa mediante acuerdo con CNC
(CRHoy.com). La intención de la Administración Chaves Robles (2022-2026) en finiquitar el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón, procura que una unidad interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) gestione la obra bajo la vía de la concesión.
Ese es uno de los extremos de la adenda número 3 que negocian ambas entidades, luego de que las actuales autoridades del Poder Ejecutivo decidieran apostar por otra alternativa para ampliar los 55 kilómetros de carretera que conectan a la capital con el cantón alajuelense de occidente.
La idea impulsada por Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, radica en que la Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (UESR), conformada a lo interno del Conavi, lidere la gestión del proyecto a través de un convenio con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Esta intención se recoge en las actas de las sesiones del Consejo de Administración de Conavi del 4 y del 11 de julio pasados, cuando la entidad discutió el panorama para cumplir con la intención gubernamental de finiquitar el fideicomiso con el BCR.
La adenda contractual negociada entre ambas partes, que se firmaría en los próximos días, apunta a que la participación de la entidad bancaria se limitaría a concluir el plan de obras impostergables (obis) que configuran la fase previa a la modernización de la carretera y la gestión de las expropiaciones.
El programa de "obis" incluye 17 intervenciones, como eliminación de "cuellos de botella" y ampliación de puentes, distribuidas en 5 paquetes. Ya el primer lote de obras está concluido, mientras el 2a (ampliaciones sobre el río Torres e intercambio con Circunvalación), está adjudicado desde finales de 2020 y aún no inicia por atrasos en expropiaciones.
La intención de finiquito liderada por Conavi pretende una "transición adecuada" hacia el nuevo modelo de gestión del proyecto, que no se interrumpa el plan de "obis", que todos los contratos de la fase pre-operativa (a cargo del fideicomiso) se culminen y, los que no, finalmente pasen a manejo del CNC.
Adicionalmente, la estructuración financiera quedaría a cargo del CNC y la UESR asumiría la gestión de la ampliación integral mediante la firma de un convenio con esa misma institución.
Para asumir la gestión de la iniciativa, la dirección ejecutiva de Conavi deberá determinar si la dependencia que se encargará cuenta con el suficiente personal o si requiere recursos adicionales.
"Instruir a la dirección ejecutiva para que se proceda a elaborar un convenio de préstamo con el CNC a efecto que, la actual UESR pueda ser utilizada por ese consejo para la gestión del proyecto integral del corredor vial San José-San Ramón. Lo anterior, a partir del momento en que se haga el traslado del proyecto al CNC", reza uno de los acuerdos tomados el pasado 4 de julio por la cúpula del Conavi.
El ministro Amador indicó el pasado 2 de setiembre que la adenda contractual que prevé el finiquito también incluye reducciones en otros rubros operativos del fideicomiso.
"Se elimina la estructuración financiera de $10 millones. Eso se quita. Esa adenda se va a estar mandando a ellos (BCR), para que ellos con su parte legal la valoren y con eso definimos como se reorienta el proyecto", dijo el funcionario, quien también es presidente del Consejo de Administración de Conavi.
¿Por qué existe el fideicomiso?
En 2015, la Administración Solís Rivera (2014-2018) firmó la ley para modernizar el corredor vial entre la capital y el cantón alajuelense.
Un año después, en 2016, el BCR se adjudicó el fideicomiso promovido para desarrollar el proyecto. Luego, en 2017 entró en funcionamiento bajo el nombre de Ruta Uno.
Ruta Uno, en su condición de fiduciario, conformó la Unidad Administradora del Proyecto (UAP). Esta entidad ha sido la responsable de diseñar y ejecutar el plan de obras impostergables (obis), el cual configura la etapa previa a la ampliación integral del corredor vial. También, se encargó de gestionar el estudio de factibilidad para el proyecto global que realizó la consultora IDOM.
En tanto, el Conavi, en su rol como fideicomitente, constituyó la UESR. Todo lo que haga y proponga la UAP de Ruta Uno debe ser avalado por la UESR.
"Hubo una ley que hizo que esto se diera. El BCR ganó y se convirtió en fiduciario. El fiduciario cobraba $75 mil al mes. Hubo una adenda que le permitió al banco, convertirse no solo en fiduciario, sino también en UAP. Al hacer esto, el banco pasó de esos $75 mil a $38 mil por fiduciario más $150 mil por UAP", dijo Amador, el pasado 27 de junio ante una comisión legislativa.
Según el ministro, en la última cláusula firmada se estableció que se le debe pagar a Ruta Uno el 0.5% "de lo que sea que estén estructurando (expropiaciones mediante peaje, por ejemplo), con el únicamente hecho de eso y después un 1% cuando se haya hecho el trabajo".
En tanto, entre el 1º de agosto de 2017 y el 15 de mayo de 2022, por concepto de salarios, la UAP había consumido más de ₡3 mil millones distribuidos en 23 plazas. En todo ese lapso, los recursos fueron aportados por el banco.
La vía entre San José y San Ramón, de 55 kilómetros, se ampliaría en 4 etapas por un costo cercano a los $720 millones, según el plan propuesto por el fideicomiso tras un estudio de factibilidad elaborado por la consultora española IDOM.
La obra planteada se dividía en estos tramos: La Sabana-Circunvalación (1.6 kilómetros a 3 carriles por sentido), Circunvalación-Aeropuerto (12.6 kilómetros a 4 carriles por sentido), Aeropuerto-San Antonio del Tejar (5.2 kilómetros a 3 carriles por sentido) y San Antonio del Tejar-San Ramón (34.8 kilómetros a 2 carriles por sentido).