Gobierno optó por ruta más lenta para romper fideicomiso de vía a San Ramón

(CRHoy.com). El criterio jurídico del abogado experto de la Unidad Ejecutora del Corredor Vial San José-San Ramón (UESR) apunta a que la ruta tomada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para finiquitar el fideicomiso acordado con el Banco de Costa Rica (BCR) no es la más rápida para impulsar el plan de modernización de la carretera.

El Conavi y el MOPT definieron con la entidad bancaria el Acuerdo de Finiquito Anticipado (ATA) del fideicomiso Ruta Uno, el cual surgió desde 2016 como mecanismo para propiciar la ampliación de la vía entre la capital y el cantón alajuelense.

Jorge Armando Calvo Robles, abogado experto de la UESR en el Conavi, detalló que en virtud de que el ATA es nulo, debido a que no es la figura jurídica estipulada en el contrato refrendado por la Contraloría General de la República (CGR), urge aplicar la rescisión por mutuo consentimiento. A partir de ahí, en un corto plazo la gestión del proyecto lo asumiría el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) mediante un convenio.

El plan del gobierno es que con el ATA se inicie una fase de transición que finiquitaría el fideicomiso a más tardar diciembre de 2024. Así las cosas, para ampliar la ruta se gestionaría un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por entre $400 y $500 millones. Luego, se contrataría una empresa concesionaria que construya y explote la operación de la ruta por un plazo definido.

"La figura establecida es la rescisión por mutuo consentimiento, y con las consultas ante el Ministerio de Hacienda y ante la Contraloría General de la República respecto de las liquidaciones. Además, mediante el CNC, se asumen los peajes bajo la tarifa actual y no se corre el riesgo de que una nueva figura contractual no pueda realizar dicha acción de forma adecuada y echar mano de la experiencia con la que cuenta el CNC al respecto, con todo ello estaríamos iniciando labores a cargo del Estado en la ruta nacional 1 este mismo año 2023. No como se pretende que hasta el diciembre del año 2024", describió Calvo Robles, en un oficio remitido el 14 de setiembre a las jerarquías del MOPT y del Conavi.

El funcionario también solicitó ese mismo día una reunión con Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo de Conavi, para exponer la recomendación sobre el futuro del proyecto una vez que se finiquitara el fideicomiso.

"Me gustaría exponerle mi propuesta de rescisión contractual y convenio con el CNC, para la ejecución inmediata del proyecto por parte del Estado y la finalización automática del Fideicomiso con el BCR. El plazo total es máximo de un 1 para que finalice dicho Fideicomiso y la nueva figura bajo una Alianza Público-Privada (Concesión-Fideicomiso), para que asuma los peajes de inmediato. Caso contrario la propuesta del ATA hasta diciembre del 2024, con posibles prórrogas y del cual estoy en total desacuerdo", recalcó Calvo.

El abogado agregó que, si no se logra iniciar con labores de construcción "pronto", en el peor de los escenarios las fuerzas vivas de la comunidad solicitarán responsables y esto podría incidir en los jerarcas institucionales.

"El BCR lo firmó con premura, porque a largo plazo está encaminado a favor de ellos y con posterioridad poder solicitar indemnizaciones millonarias en contra del MOPT y el Conavi. Todo ello lo puedo exponer con fundamento y criterio profesional jurídico", concluyó Calvo, en la solicitud de reunión con Batalla.

El MOPT está a la espera de un rediseño del plan propuesto por el fideicomiso del BCR, conocido como Ruta Uno. Según la entidad, esta optimización, a cargo del BCIE, mediante una cooperación no reembolsable por $1 millón, estaría concluida en enero de 2024.

Puente sobre el río Poás. Imagen de uno de los tramos que componen el corredor vial San José-San Ramón. Cortesía Ruta Uno

Una década sin nada

"Carretera sí, concesión no". Ese fue el emblema usado por el denominado Foro de Occidente y otras organizaciones sociales para presionar a la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014) y frenar a toda costa la concesión de la ruta San José-San Ramón con la constructora brasileña OAS.

El 22 de abril de 2013, en medio de protestas y pugnas, Laura Chinchilla, entonces presidenta de la República, rompió el contrato con la empresa y advirtió que la decisión traería atrasos para modernización vial.

Tras esa decisión, el Estado pagó $35 millones como indemnización a OAS por el rompimiento contractual.

En el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) se tomó otro rumbo para enderezar el proyecto. En 2015, se firmó una ley de ampliación vial bajo la figura del fideicomiso y en 2016 se firmó un contrato con el BCR para conformar el fideicomiso Ruta Una.

Más de 6 años después, aras atrasos, obstáculos y desajustes en los cronogramas, la Administración Chaves Robles (2022-2026) apostó por finiquitar el fideicomiso.

Así las cosas, 10 años después de que se rompió el contrato de concesión con OAS, la ruta entre San José y San Ramón sigue sin ser modernizada. Salvo 5 "obras impostergables" (obis), como el conector Barreal-Castella y el intercambio de la Firestone, construidas bajo Ruta Uno, el estado de la vía es el mismo que en 2013.

El MOPT y el Conavi alegan que las "obis" pendientes serían ejecutadas por las entidades del Estado.

Ruta Uno planteó ampliar la carretera en 4 etapas: La Sabana-Circunvalación (1.6 kilómetros a 3 carriles por sentido), Circunvalación-Aeropuerto (12.6 kilómetros a 4 carriles por sentido), Aeropuerto-San Antonio del Tejar (5.2 kilómetros a 3 carriles por sentido) y San Antonio del Tejar-San Ramón (34.8 kilómetros a 2 carriles por sentido).

Para conseguir el dinero requerido ($610 millones) que permitiría honrar el crédito bancario para el proyecto integral, el análisis de factibilidad estipuló 4 estaciones de peaje en la carretera principal y otras 2 en puntos de conexión. Esta infraestructura se ubicaría en Los Arcos, Coyol de Alajuela, Grecia y Río Grande de Naranjo. Además, habrá puntos de cobro en Barreal de Heredia y la radial de Río Segundo de Alajuela.

El estudio de factibilidad estimó la tarifa óptima de peaje para recorrer todo el corredor vial en automóvil ronda los ₡1.800 por sentido (estimación referencial que depende de evaluación económica financiera final). Es decir, ₡3.600 en un viaje ida y vuelta.