Gobierno negó recursos al OIJ para abrir delegaciones en zonas sensibles al narco
Tanto el gobierno de Rodrigo Chaves como la administración de Laura Fernández negaron recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para abrir tres delegaciones en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz en Guanacaste, puntos calientes para el narcotráfico.
La anterior Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto para abrir las tres oficinas. En La Cruz, la urgencia radica en que es un lugar complejo y violento, sensible también al contrabando y la trata de personas debido a su cercanía con la frontera con Nicaragua.
Pese a ello, la delegación del OIJ más cercana se encuentra a unos 100 kilómetros, en Liberia. Por eso, existe la necesidad de contar con investigadores más cerca de la península de Santa Elena. También en Guanacaste, la policía judicial buscaba abrir una sede cerca de Tamarindo.
Dado su crecimiento urbano y su consolidación como polo turístico del país, esta zona presenta una problemática importante de tráfico local de drogas, entre otros delitos.
Finalmente, está Puerto Jiménez. Una sede judicial permitiría cubrir de mejor forma las investigaciones en el Triángulo de Osa, Bahía Drake, el río Sierpe y Golfo Dulce, una de las principales puertas de entrada de cargamentos de cocaína y marihuana, por donde pasan hasta mil toneladas al año.
Pese a la urgencia de contar con investigadores en estos focos delictivos, a principios de año se notificó al OIJ que no se le otorgarían los recursos para estas aperturas. Luego esperaron el cambio de gobierno para evaluar si existiría la posibilidad de obtener financiamiento.
"De momento no nos han informado si existe la posibilidad, pero creo que sería importante tener presencia de OIJ en estos tres lugares y, especialmente hablando del Pacífico Sur, me parece que sería un muy buen complemento la presencia de OIJ en Puerto Jiménez junto la presencia de guardacostas ahí otra vez en la zona", detalló.
Los recursos para las nuevas instalaciones estaban presupuestados dentro de los ₡8.688 millones que el Ministerio de Hacienda determinó no girar al Poder Judicial. De las 176 plazas policiales nuevas del OIJ que se esperaba financiar, gran parte estaba destinada a las nuevas sedes.
También se pretendía cubrir el alquiler de locales y la compra de vehículos destinados a las nuevas delegaciones.
Zonas abandonadas
Desde diciembre de 2024, la dirección del OIJ planteó la creación de delegaciones en varias zonas sensibles, especialmente en la península de Osa, donde dispositivos GPS o rastreadores de ubicación instalados en lanchas decomisadas en aguas costarricenses han permitido determinar que la zona es utilizada como ruta para hacer llegar grandes cargamentos de droga.
En la península de Osa, la intención es contar con un equipo de oficiales altamente capacitados que logren incluso interceptar y capturar embarcaciones que movilizan estupefacientes, armas y productos ilegales.
La urgencia surgió justamente después de que, durante el gobierno pasado, el entonces viceministro Manuel Jiménez Steller ordenara el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas que se ubicaba en Bahía Drake y que fue trasladado hacia Golfo Dulce y Quepos, lo que elevó los tiempos de reacción ante alertas sobre lanchas dedicadas al narcotráfico. La decisión fue respaldada por el ministro Mario Zamora.
Dicha decisión fue revertida por el gobierno de Fernández la semana pasada revertida por el gobierno de Fernández la semana pasada, según anunció el ministro de Seguridad, Gerald Campos. Para el director del OIJ, no solo es importante retomar las operaciones navales allí, sino que también se requiere la presencia de investigadores.
"Ha sido muy importante el que se vuelvan a retomar y eso es lo que yo quisiera más bien manifestar. Lo hemos dicho muchas veces: la puerta de entrada del tráfico internacional de drogas a Costa Rica es el Pacífico Sur y ahí es donde se requiere mucha vigilancia de guardacostas y mucha vigilancia aérea", detalló.
Soto ratifica que las trazas y los radares internacionales de movimiento de embarcaciones revelan actividad en puntos del sur del país, como Drake, Sirena y Golfito. De ahí la importancia de retomar las operaciones antinarcóticos en esta región.
Desde 2022, los trayectos son más comunes desde Colombia y otros países suramericanos, como Ecuador, que llegan hasta diversas localizaciones en ambas costas costarricenses.
Una de las rutas más utilizadas tiene como punto de partida Buenaventura, una ciudad costera del Pacífico colombiano, desde donde provienen, en su mayoría, lanchas tipo Eduardoño o semisumergibles con destino final a la Zona Sur o a los alrededores de la península de Osa.
La autonomía y las características de estas embarcaciones les permiten llegar hasta este sector del país.