Gobierno le quita a Aduanas coordinación de los escáneres y se la da a Seguridad

El gobierno modificó el decreto que faculta la operación de los escáneres para monitorear carga en puertos y puestos fronterizos. Con la decisión, el Poder Ejecutivo varió el nombre de los dispositivos y quitó la coordinación a la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda para otorgársela al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El decreto original, el N° 44107-H-COMEX-MAG-MSP, fue publicado el 19 de julio de 2023 a través del diario oficial La Gaceta. Es decir, 6 días después de la puesta en operación de 2 escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) gestionada por la empresa neerlandesa APM Terminals.

Este 6 de febrero de 2024, también en La Gaceta, las autoridades gubernamentales publicaron la modificación a 9 artículos del decreto original y la adición de otros 5 artículos.

El Poder Ejecutivo varió el nombre de los sistemas. Pasó de llamarlos Centro de Inspección Remoto (CIR) a Centro Integrado de Identificación de Objetivos (CIIO). En el ajuste, se le concede la coordinación al MSP, "dentro de los alcances y competencias de la Operación Soberanía y la Política Nacional de Seguridad" y se le quita a Aduanas.

En principio, los CIR comprendían una unidad administrativa de la DGA. Con los cambios en el decreto, la coordinación recae en el MSP y se estipula una integración con las autoridades competentes: el Ministerio Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

En la primera versión del decreto la selección de las mercancías que se someterían al "control no intrusivo" eran escogidas a través del sistema informático de la DGA. Pero, con el cambio, ahora serán "seleccionadas por los criterios de riesgo o imprevisibilidad" definidos por las autoridades competentes (MSP, Hacienda, MAG y el SFE).

Los ajustes también establecen que la DGA ya no participe en los acuerdos de confidencialidad sobre la ubicación y la operación de los centros de inspección.

Además, entre los 5 artículos nuevos se incluye el Artículo 17 referente al "principio de confidencialidad", el cual obligará a los funcionarios destacados en el CIIO a cumplir con lo que dispongan las autoridades competentes.

Los cambios en el decreto se fijaron el 13 de diciembre de 2023 y entraron en vigor con la publicación oficial hecha en La Gaceta este 6 de febrero.

Aparte de los 2 escáneres instalados en APM Terminals, operados por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) y que se sumaron al que ya existía en ese inmueble, el Poder Ejecutivo pretende instalar 2 más en la terminal de Caldera, 1 en uno de los muelles de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), 1 en Paso Canoas y 1 en Peñas Blancas.

Proyecto frenado

La decisión del gobierno de retirar el recurso de apelación en subsidio contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que frenó el proceso de adquisición de escáneres antidrogas por parte de la empresa estatal Racsa, dejó en firme a finales de enero el señalamiento del ente contralor.

El Poder Ejecutivo pretendía adquirir los escáneres mediante una alianza estratégica entre Racsa y y el SFE, pero el 20 de diciembre de 2023 la CGR ordenó frenar el proceso licitatorio aduciendo que el esquema escogido por la Administración Chaves Robles (2022-2026) no cumplía con los presupuestos legales para dicho fin.

Días después, el SFE presentó el recurso de apelación en subsidio que fue retirado, por decisión del gobierno, el 30 de enero.

En el primer año del plan, se pretendían destinar ₡1.500 millones para este fin.

¿Por qué retiraron el recurso? Marta Acosta, Contralora General de la República, advirtió que mientras el reclamo estuviera en curso no se podría discutir el tema en la reunión con Rodrigo Chaves, presidente de la República.

Rafael Picado, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, explicó el 21 de diciembre de 2023 que la CGR entiende la importancia que tiene para el país la adquisición de los escáneres y su impacto en la seguridad ciudadana.  "Sin embargo, hacerlo de manera improvisada, poco transparente e incorporando a terceros de manera directa no contribuye a ese fin. Todo lo contrario. Genera diversos riesgos. De ahí que de manera firme se solicitó el respeto al marco legal vigente", citó.

Picado mencionó que desde el 13 de junio de 2023 la CGR advirtió a las instituciones involucradas riesgos importantes en el procedimiento que el Gobierno pretendía seguir para la adquisición de esos dispositivos.

En primer lugar, la entidad fiscalizadora indicó que por medio de un decreto ejecutivo no se podía adjudicar a dedo el servicio de inspección no intrusiva y se debía respetar la Ley General de Contratación Pública, así como los principios constitucionales de contratación.

"No obstante, más allá de las aludidas interpretaciones, se determinaron conductas contrarias a lo advertido, lo cual representa un riesgo para el buen uso de los fondos públicos y, por lo tanto, se emitió la orden por parte de la CGR para evitar que se evadan los procedimientos de contratación pertinente", afirmó.

El funcionario detalló que el uso de la figura de la excepción, que pretendía hacer el Gobierno, para la contratación entre entes de derecho público parte del supuesto de que el ente público puede brindar el servicio él mismo. Pero esto jurídicamente es incompatible con la figura de la alianza estratégica.

"Las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación nunca pueden ser utilizadas como un mecanismo para la contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública", señaló.

Por lo tanto, se cometieron yerros graves en el procedimiento cuestionado, como los siguientes:

• La ausencia de un estudio de mercado que garantice el mejor uso de los fondos públicos.
• Todas las instituciones vinculadas al sistema de inspección no intrusiva tenían conocimiento de lo advertido y tuvieron el tiempo suficiente para acudir a los procedimientos de contratación respectivos.