Gobierno desoye advertencias de la Contraloría sobre Ley Jaguar
El Poder Ejecutivo desoyó las advertencias de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de Ley Jaguar, que restaría potestades fiscalizadoras a la entidad.
La contralora Marta Acosta dijo que de aprobarse dicha legislación, la Contraloría se quedaría sin herramientas para controles previos de la administración pública, sin posibilidad de sancionar o advertir sobre riesgos en la administración de los recursos públicos.
La jerarca resumió sus advertencias en los siguientes puntos:
Pese a dichas alertas, el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Planificación Laura Fernández sostienen que la ley no resta potestades a la Contraloría y hasta retaron a la contralora a un supuesto debate.
Ya la contralora y los jerarcas del gobierno habían mantenido una reunión para discutir diferencias sobre la aplicación del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública. En esta, los funcionarios de la entidad fiscalizadora le explicaron a los representantes del Gobierno los alcances de la ley. Aun así, el presidente Chaves y su equipo insisten en que la Contraloría está haciendo una interpretación errónea de la legislación y por esto presentaron la Ley Jaguar.
¿Qué dice la ley?
La ley Jaguar es el proyecto que el Gobierno pretende someter a un referéndum y que, a criterio de la oposición y expertos en materia constitucional, ataca y resta competencias a la Contraloría General de la República (CGR), al concluir que la propuesta busca eliminar el acatamiento obligatorio de las directrices del órgano contralor y le resta peso a la resolución de sus investigaciones.
Contralora enumeró cambios que buscan restar competencia a institución
La intención del Poder Ejecutivo de sentar a Acosta y a Fernández en un debate se dio luego de que la contralora señalara 5 cambios de la ley Jaguar que busca restar competencias al ente contralor.
Acosta dijo que este plan, de aprobarse, dejaría al ente contralor "pintado en la pared", sin capacidad de fiscalización y supervisión de los manejos públicos.
La Contraloría resumió en 5 aspectos el impacto que tendrá esta propuesta en sus funciones:
- Suprime la fiscalización de la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
- Impide el uso de instrumentos vinculantes (disposiciones, órdenes etc.)
- Elimina los controles preventivos de la CGR, esto pese a que desde la Constitución Política se disponen actuaciones que son entendidas como controles previos, como lo relacionado con la materia de aprobación presupuestaria, el refrendo y la fase recursiva en materia de contratación pública, u otras en normativa legal como el sistema de la garantía de la función de auditoría interna.
- Se permite contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso abierto, limitando la participación de oferentes.
- La reforma cambia la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, y permite a Japdeva escoger "a dedo" al socio estratégico con el que se haría el negocio, evadiendo los procedimientos de contratación pública.