Gobierno cede a la presión y llega a acuerdo con universidades públicas
(CRHoy.com).-El Gobierno de la República cedió ante las autoridades universitarias y la representación estudiantil y firmaron este martes un acuerdo, tras una sesión de negociación que se extendió por casi 5 horas, con la intención de garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
En el documento se respeta la autonomía universitaria, garantiza que no se deben dar clasificaciones de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no hayan sido aprobadas por las universidades de manera autónoma.
En el espacio de negociación participaron el Presidente de la República, Carlos Alvarado; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; la ministra de Educación, Guiselle Cruz; las autoridades de las universidades públicas; representantes de las federaciones de estudiante; las diputadas Karine Niño y Paola Valladares y el diputado Enrique Sánchez.
"Este acuerdo es una muestra de cómo en un país como el nuestro autoridades universitarias, representación estudiantil y Gobierno pueden llegar a acuerdos para resolver sus diferencias a través del diálogo", dijo Víctor Morales, ministro de la Presidencia.
Los estudiantes universitarios vandalizaron edificios de la Universidad de Costa Rica, tomaron el edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional y bloquearon calles en San Pedro y Heredia como medidas de presión, lo que causó caos vial, sin que las autoridades intervinieran para levantar las manifestaciones callejeras.
Reclasificación de partidas
Tras el diálogo iniciado la semana anterior entre gobierno y universidades públicas, las universidades estatales revisaron sus presupuestos para reclasificar diferentes partidas de gasto que actualmente están consideradas como gastos corrientes para contabilizarlas como gastos de capital con lo que se logra garantizar el funcionamiento normal de estas casas de estudios.
En el compromiso, el Gobierno afirma que concuerda con la propuesta de Conare y se compromete a garantizar las gestiones pertinentes y las acciones administrativas para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades.
Por otro lado, universidades y gobierno reconocieron que no debe ser creada ninguna clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no haya sido acordada previamente por los órganos de gobierno de las universidades, garantizando así el ejercicio de su autonomía.