Gobierno busca dineros para que BNCR compre y alquile buses
Fondo de banco estatal recibiría crédito para comprar unidades que alquilarían operadores
Operación de buses en el AMSJ. Foto: Roberto Carlos Sánchez/Casa Presidencial
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reafirmó el interés de que el Estado compre y arriende autobuses eléctricos a través de un fondo que sería administrado por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
La Administración Chaves Robles (2022-2026) busca que la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por las siglas en inglés) a través de la plataforma Financiamiento Acelerador de Transición Energética (ETAF, por las siglas en inglés), brinde el asesoramiento técnico enfocado en la creación de un fondo de inversión destinado a este plan.
En ese sentido, las autoridades de gobierno solicitaron a Irena ayuda para conseguir los dineros que servirían para comprar los autobuses eléctricos que serían arrendados a los autobuseros a través del BNCR.
¿Por qué el gobierno querría interceder en el alquiler de este tipo de unidades a las compañías que operan las rutas definidas por el Consejo de Transporte Público (CTP)?
El plan es que si las empresas operan buses eléctricos podrían obtener contratos de concesión de 15 años y no de 7. Una unidad eléctrica cuesta entre $260 mil y $280 mil (₡145 millones, según el tipo de cambio vigente el 8 de diciembre de 2023), mientras el vehículo de diésel ronda los $150 mil (más de ₡78 millones).
La justificación del MOPT es que una concesión 14 años no generaría un impacto "alto" en las tarifas a los usuarios y los empresarios pueden diluir en ese lapso los costos de utilizar las unidades eléctricas.
Luis Amador Jiménez, ministro del MOPT, fue a Dubái (Emiratos Árabes) a inicios de diciembre para participar en Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 28, y solicitar recursos a Irena.
Según el jerarca, el First Abu Dhabi Bank (también de Emiratos Árabes) habló sobre un compromiso para financiar entre $60 millones y $87 millones como parte de los recursos que serían inyectados al fondo del BNCR. Con estos recursos se podrían adquirir aproximadamente 310 unidades eléctricas.
Pese a las intenciones, el plan aún tiene pendientes por resolver y no es llamativo de primera entrada para todos. Incluyendo empresas de venta de autobuses.
"Tratamos con la empresa privada Mazda, que es de las más grandes de allá y no hubo una respuesta contundente. El ministro Tattenbach (Franz, del Ministerio de Ambiente y Energía) se quedó en sitio (Dubái) y va a buscar a ver si se logra el apoyo", reconoció Amador, quien agregó que también buscan ayuda con BID Invest, el brazo financiero para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El 17 de noviembre el MOPT adelantó que presentarían política pública de electromovilidad que otorgaría concesiones de hasta 15 años a empresarios que operen con unidades eléctricas. Así lograrían obtener financiamiento en entidades bancarias para comprar este tipo de vehículos.
El jerarca insiste en que el costo bajo este contexto sería similar si las concesiones se otorgan por plazos de hasta 7 años para operar con buses de diésel.
La política pública de "electromovilidad" contemplaría los diferentes elementos que se necesitan a nivel de contrato, de reglamento y de incentivos para arrendar las unidades eléctricas.
El alquiler de buses eléctricos formaría parte del plan de sectorización de buses en la Gran Área Metropolitana (GAM), el cual arrancaría en los primeros meses de 2024.
El plan piloto de la sectorización involucrará 5 sectores de la GAM. Pero, existen pendientes que se deben cumplir antes de arrancar: paradas con techo, señalización, demarcación, tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la firma de contratos. Sobre las tarifas, el modelo debe ser ajustado para que se cobre una tarifa para cada sector.
Por eso, bajo la sectorización, los nuevos contratos de operación de las empresas se harían a 15 años.
Operación de buses de transporte público en la GAM. Cortesía MOPT
El plan piloto arrancaría con los sectores de Tibás, Pavas, San Francisco de Dos Ríos, Guadalupe y Moravia. Bajo ese panorama, el Consejo de Transporte Público (CTP) mantiene el esquema de operar a través de consorcios empresariales. Es decir, 1 o varias empresas se pondrían de acuerdo para ofrecer el servicio en un sector.
La propuesta de sectorización en análisis, impulsada desde el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), plantea un esquema de sectores y subsectores con rutas troncales. Esto se mantendría, mientras los esfuerzos están enfocados en estimar nuevamente la demanda en el transporte de pasajeros tras los impactos por la pandemia del coronavirus COVID-19.
Los sectores principales serían Alajuela, Heredia, Cartago y el Área Metropolitana de San José (AMSJ), mientras los "subsectores" contemplaban los siguientes trayectos: Tibás-Santo Domingo, San Pedro-Curridabat-Tres Ríos, Moravia-Paracito y Hatillo-Alajuelita, San Francisco, Escazú-Santa Ana, Desamparados y Pavas, y La Uruca-Heredia Sur, Guadalupe-Coronado, Paso Ancho-San Sebastián y Sector Central.
La idea es operar rutas troncales desde sitios específicos hacia San José, las cuales estarían alimentadas a su vez por rutas sub-troncales provenientes de otras localidades periféricas. La propuesta se complementaría con otros proyectos ya pensados, como el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y los cambios hacia una flotilla eléctrica más amigable con el ambiente.
Por ejemplo, en el caso de Tibás-Santo Domingo, las troncales son: Heredia, Santo Domingo, La Florida, San Luis de Santo Domingo y San Miguel de Santo Domingo. En el caso de Pavas, está la troncal de Lomas del Río y de Pavas centro y sus respectivas alimentadoras. En tanto, para San Francisco de Dos Ríos está la troncal que llega hasta San Antonio de Desamparados.