Gobierno admite dificultad para romper contrato de concesión con Globalvía
Ministro Amador: "Tratamos de buscar hasta por dónde cancelarles esa vara"
(CRHoy.com). Pese a que fue una de las primeras alternativas altisonantes que planteó la Administración Chaves Robles (2022-2026) al asumir el poder en mayo de 2022, la posibilidad de romper el contrato de concesión con la empresa Autopistas del Sol S.A. (Globalvía) para la ruta 27 (San José-Caldera) se dificulta.
La carretera, de 76.8 kilómetros, es la principal vía de comunicación terrestre entre el Valle Central y el Pacífico Central. El contrato de concesión es por 25 años y está vigente hasta 2033. Es decir, aún falta una década para que expire el acuerdo.
Esta ruta entró en operación el 27 de enero de 2010, en los meses finales de la Administración Arias Sánchez (2006-2010). Sin embargo, rápidamente se reportaron problemas operativos (desprendimiento de taludes) e inconvenientes de capacidad.
Incluso, en los primeros años de funcionamiento de la concesión, surgieron interrogantes sobre la necesidad de ampliar el corredor vial. Sobre esa misma línea, en el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) se crearon acercamientos con Globalvía y se estimó una propuesta preliminar de modernización vial que rondaría los $550 millones.
Cuando la Administración Chaves Robles llegó, optaron por pausar las negociaciones con la concesionaria y se concentraron en analizar alternativas para mejorar las condiciones de la ruta. La principal intención radicó en encontrar una salida para romper el contrato, pero Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, reconoció que esto no será -de momento- posible.
"Es una frustración gigantesca. Yo no le voy a mentir. Tratamos de buscar hasta por dónde cancelarles esa vara (sic) y no tenemos suficiente (dinero) en este momento. O, tendríamos que entrar a un pleito que más bien pegaría la cosa por algunos años", mencionó el ministro, en una entrevista radial en el programa Panorama de la Cámara Nacional de Radio (Canara) que se emitió el 15 de mayo.
Los escenarios posibles apuntan a que para que las tarifas de peaje no suban abruptamente, de cara a una ampliación, el Estado debería brindar un aporte al costo de las obras que serían asumidas por Globalvía. Asimismo, para romper el contrato, también se tendría que pagar una indemnización a la compañía.
"Lo que estamos buscando son diferentes posibilidades, verdad. Como un inversionista que venga e inyecte la plata y contribuya a la ampliación. Ya tenemos los diseños bastante avanzados. Son $600 millones, más o menos. Un inversionista que inyecte y sí va a tener que subir el peaje una vez que esté ampliada y que usted ya no tenga que estar ahí 2 horas (en presas), sino que en 20 minutos pase. Yo creo que ahí todo mundo estaría dispuesto a un 30% (de aumento) una cosa similar porque ya fluye, ahora sí. Esa es una opción", describió el ministro.
La otra alternativa, según Amador, es que al gobierno le inyecten los recursos necesarios mediante un préstamo para luego transferirlos a la concesionaria actual. Con esos dineros, la empresa efectuaría las obras de mejora y no cargarían a las tarifas de peaje la inversión realizada.
"El gobierno lo tomaría y también se ocuparía un incremento (en peajes) para pagar el préstamo, porque nos están prestando la plata. No la están regalando. Estamos explorando posibilidades. Hablando con grupos de alto poder económico y tratando de ver por dónde", expuso el titular de la cartera.
Desde setiembre de 2022, Eduardo Chamberlain Gallegos, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) durante los primeros meses del gobierno actual, advirtió que la alternativa más viable para ampliar la ruta en el corto plazo incluía la participación de Globalvía al contar con el contrato vigente hasta 2033.
Chamberlain, quien fue designado en el cargo temporalmente por Amador explicó que el rompimiento anticipado del contrato (que vence en 2033) obligaría a que el Estado tenga que pagar a la empresa una indemnización de entre $350 millones y $700 millones.
"Además, muy posiblemente, terminaría en arbitraje internacional y, por si fuera poco, el futuro de las concesiones en el país quedaría muy comprometido, así como su seguridad jurídica. Una nueva concesión y la ampliación de la carretera tendrían que esperar hasta que este proceso finalizara ", comentó el exfuncionario , en su informe final de gestión presentado ante el CNC.
La segunda alternativa radica en hacer la ampliación con recursos propios y renegociar con el concesionario únicamente la operación y el mantenimiento de la carretera hasta el 2033. Luego, se apostaría por una nueva concesión bajo la modalidad de "Reciclaje de Activos". No obstante, en la realidad, hoy el Estado no cuenta con recursos financieros disponibles para este fin y únicamente está en capacidad de asumir las expropiaciones. Y, asumir las expropiaciones también es un obstáculo: se necesitarían cumplir 212 trámites expropiatorios, pero a 2022 solo se tenían disponibles ₡194 millones de los ₡3.500 millones para cumplir con este fin.
¿Por qué la opción más viable, en la actualidad, involucraría a Globalvía? Según el exsecretario técnico del CNC, negociar con el actual concesionario, la ampliación de la carretera y la extensión del contrato es la alternativa más realista porque "es la que más pronto entrega al país la ampliación de la ruta, es la más económica y, además, porque el concesionario mantiene el riesgo de construcción y el riesgo de tráfico".
Bajo la propuesta preliminar que negoció con la concesionaria en la pasada Administración (Alvarado Quesada), la ampliación se traduciría en una prórroga del contrato de entre 15 y 20 años (hasta 2053, posiblemente) para amortizar el incremento en la tarifa de peajes.
La carretera de 77 kilómetros, en operación desde 2010, está a cargo de la compañía europea bajo el mecanismo de la concesión. Se trata de una de las principales carreteras del país, pues es el enlace entre el Valle Central y el Pacífico.