Gobierno acelera plan para arrendar vehículos eléctricos a autobuseras
Ministro firma en Dubái "memorando" para diseñar fondo y estrategia para recursos
Operación de buses eléctricos en la GAM durante un plan piloto en 2021. Foto: Roberto Carlos Sánchez/Casa Presidencial
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) metió el acelerador a los planes para que el Estado facilite el alquiler de autobuses eléctricos a los empresarios que brindan servicios de transporte en rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).
La intención no es nueva y se puso sobre la mesa de discusión sobre finales de 2022. La iniciativa, liderada por el ministro Luis Amador Jiménez, es una prioridad para el gobierno y fue uno de los temas en agenda durante la participación del jerarca en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 28, celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
El gobierno busca que los empresarios arrienden unidades eléctricas debido a que ese tipo de vehículos son más costosos que los que utilizan diésel y si son las compañías las que los compran, las tarifas se verían impactadas al alza.
Para este fin, el Poder Ejecutivo ha explorado la figura de un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), a partir de financiamiento con organismos internacionales, para que esa entidad sea la que arriende las unidades eléctricas a los autobuseros.
De hecho, en Dubái, Amador firmó este 6 de diciembre un memorándum de entendimiento con la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por las siglas en inglés) para que la plataforma Financiamiento Acelerador de Transición Energética (ETAF, por las siglas en inglés) brinde asesoramiento técnico enfocado en la creación de un fondo de inversión destinado a este plan.
La intención es que mediante este mecanismo se adquieran más de 300 autobuses eléctricos.
El funcionario adelantó el pasado 17 de noviembre que plantearán una política pública de electromovilidad que otorgaría concesiones de hasta 15 años a empresarios que operen con unidades eléctricas para que logren obtener financiamiento en entidades bancarias para comprar este tipo de vehículos.
El jerarca insiste en que el costo bajo este contexto sería similar si las concesiones se otorgan por plazos de hasta 7 años para operar con buses de diésel. Según datos actuales el CTP, una unidad que opera con diésel tiene un costo cercano a los $150 mil, mientras un autobús eléctrico supera los $260 mil.
"Hay muchos elementos de habilitación que se ocupan. Los bancos no prestan o no financian a más de 7 años. Eso encarece cualquier que quisiera traer un bus eléctrico y lo hace más caro que operar con un bus diésel. Lo que se quiere es que a la hora de operar sea igual o más barato. Para eso se ocupa que sean 14 años o más los que se usen para estimar la forma que se paga el préstamo o se alquila un bus a un operador", expresó el funcionario.
La política pública de "electromovilidad" promovida por el MOPT contemplaría los diferentes elementos que se necesitan a nivel de contrato, de reglamento y de incentivos para arrendar las unidades eléctricas.
El MOPT pretende arrancar el plan piloto de sectorización de las rutas de bus en los primeros meses de 2024. En ese proyecto se contemplaría el cambio paulatino de unidades de diésel a vehículos eléctricos.
El plan piloto que involucrará 5 sectores de la GAM. No obstante, existen pendientes que se deben cumplir antes de arrancar: paradas con techo, señalización, demarcación, tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la firma de contratos. Sobre las tarifas, el modelo debe ser ajustado para que se cobre una tarifa para cada sector.
Bajo la sectorización, los nuevos contratos de operación de las empresas se harían a 15 años.
"Es clave poder alargar eso. Parte de la política pública que queremos impulsar es que quienes operen buses eléctricos tengan concesiones de 15 años", aseguró Amador.
El plan piloto arrancaría con los sectores de Tibás, Pavas, San Francisco de Dos Ríos, Guadalupe y Moravia. Bajo ese panorama, Freddy Carvajal Abarca, director ejecutivo del CTP, reiteró a este medio en setiembre que mantenían el esquema de operar a través de consorcios empresariales. Es decir, 1 o varias empresas se pondrían de acuerdo para ofrecer el servicio en un sector.
Operación de buses de transporte público en la GAM. Cortesía MOPT
La propuesta de sectorización en análisis, impulsada desde el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), plantea un esquema de sectores y subsectores con rutas troncales. Esto se mantendría, mientras los esfuerzos están enfocados en estimar nuevamente la demanda en el transporte de pasajeros tras los impactos por la pandemia del coronavirus COVID-19.
Los sectores principales serían Alajuela, Heredia, Cartago y el Área Metropolitana de San José (AMSJ), mientras los "subsectores" contemplaban los siguientes trayectos: Tibás-Santo Domingo, San Pedro-Curridabat-Tres Ríos, Moravia-Paracito y Hatillo-Alajuelita, San Francisco, Escazú-Santa Ana, Desamparados y Pavas, y La Uruca-Heredia Sur, Guadalupe-Coronado, Paso Ancho-San Sebastián y Sector Central.
En el papel, la intención es operar rutas troncales desde sitios específicos hacia San José, las cuales estarían alimentadas a su vez por rutas sub-troncales provenientes de otras localidades periféricas. La propuesta se complementaría con otros proyectos ya pensados, como el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y los cambios hacia una flotilla eléctrica más amigable con el ambiente.
Por ejemplo, para tener una idea, en el caso de Tibás-Santo Domingo, las troncales son: Heredia, Santo Domingo, La Florida, San Luis de Santo Domingo y San Miguel de Santo Domingo. En el caso de Pavas, está la troncal de Lomas del Río y de Pavas centro y sus respectivas alimentadoras.
En tanto, para San Francisco de Dos Ríos está la troncal que llega hasta San Antonio de Desamparados y la que continúa hacia Patarrá, el resto son rutas alimentadoras.