Gloria Navas propone avanzar con reforma a prisión preventiva
Proyecto ya fue dictaminado y esta semana arrancaría trámite de mociones de fondo
La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, sugirió a los diputados continuar con el trámite hasta su votación, del proyecto de ley que pretende reformar la manera en que se dicta prisión preventiva, esto a pesar del pronunciamiento en contra de la Corte Plena del Poder Judicial.
Esta semana la Corte Plena aprobó un informe que señala que sí existiría una afectación al Poder Judicial en caso de ser aprobada esta iniciativa.
Navas, quien además es presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso y coordinadora de la mesa de trabajo en esta materia de los 3 supremos poderes de la República, aseguró que el Congreso debe avanzar con la discusión y votación de este expediente ante la crisis por el aumento en la criminalidad y la violencia en el país a manos de las bandas del narcotráfico y el crimen organizado.
Para la vicepresidenta del Congreso, el proyecto cuenta con los 38 votos de diputados necesarios para su aprobación, esto tras la opinión negativa de los magistrados. La congresista aseguró que el plan no compromete ni infringe la Constitución Política del país, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ni los acuerdos internacionales suscritos por el país.
"Los peligros que estamos pasando como nación nos demuestran que el tejido social ha cambiado y, si ha cambiado, tenemos que ajustar las leyes, siempre resguardando el Estado de derecho", aseguró la diputada.
Navas insiste que el señalamiento de la Corte de trata de un tema procesal y que los diputados deben avanzar con la discusión.
"Hay que cambiar las reglas del juego en este momento para esos efectos, para darle más chance a los jueces. Tenemos que acomodarnos", dijo Navas.
El texto, que se tramita bajo el expediente 23.986, ya superó su etapa en la comisión legislativa tras un dictamen afirmativo y unánime que se dio el pasado 15 de febrero.
Ahora el plan pasará a su etapa de presentación de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento Legislativo. Estas mociones, que se habilita para su presentación 2 días, se discutirán en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Posteriormente, el plan pasará al plenario nuevamente para que los legisladores puedan presentar las últimas mociones de reiteración. Estas se discutirán en el plenario. Tras estas etapas de mociones el texto se discutirá por el fondo y se someterá a votación.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 23.896, es autoría del diputado de Liberación Nacional (PLN), Gilbert Jiménez Siles,
Pretende que las personas que son vinculadas con delitos graves no gocen de ningún beneficio, como el arresto domiciliario, el firmar por un tiempo determinado y la modalidad del brazalete electrónico, entre otras.
Los delitos contemplados en el proyecto dictaminado son: delincuencia organizada, delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad, y delitos en los que medie la utilización de armas de fuego. También, se agrega la problemática del terrorismo.
En la redacción del proyecto, el artículo 239 señala que el tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado cuando exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad.
Para estos cambios, el plan plantea una reforma a los artículos 239 y 239 bis del Código Procesal Penal.
Los señalamientos de los magistrados
La Corte Plena del Poder Judicial aprobó este lunes un informe redactado por la magistrada Patricia Vargas González, de la Sala III, en el que se analizó si el proyecto "Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos que atentan contra la seguridad ciudadana", conocido como el de endurecimiento de medidas cautelares, incidía en la operatividad de sus funciones.
18 magistrados determinaron que efectivamente sí existiría una afectación al Poder Judicial en caso de ser aprobada la iniciativa, mientras que otros dos indicaron que no, por lo que con la mayoría se acogió el informe, el cual será remitido a la Asamblea Legislativa.
Vargas González expuso que, además de afectar la dinámica judicial, el plan tendría otras implicaciones y riesgos, así como sanciones a nivel internacional en caso de ser aprobado por los diputados.
La iniciativa lo que pretende es incluir como una causal de prisión preventiva el peligro que implica para la sociedad la persona investigada o sometida al proceso, pero a criterio de los magistrados, se está impulsando dictar la medida en automático sin tomar en cuenta las particularidades de cada caso, lo cual podría hacer incurrir al país en conflictos que podría ser sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).