Gerald Campos asumirá como ministro de Seguridad con un juicio pendiente
Gerald Campos Valverde, una de las fichas inamovibles del mandatario Rodrigo Chaves Robles dentro de su gabinete desde 2022, pasará de ser ministro de Justicia a ministro de Seguridad Pública. Así lo anunció la presidenta electa, Laura Fernández, este martes.
Campos tiene un juicio pendiente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía General lo acusara en 2025 por un caso de supuesta corrupción que se remonta a hace una década, cuando fungía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En diciembre pasado, el magistrado Rafael Segura, de la Sala III, le tomó la declaración indagatoria, paso previo a la fijación de un juicio oral y público, al tratarse de un procedimiento penal especial por su condición de miembro de los Supremos Poderes.
Su nuevo nombramiento no varía el proceso judicial, dado que mantiene el fuero especial conocido como inmunidad.
El expediente judicial permanece estancado en la Corte desde mediados de 2025, cuando Campos accedió a renunciar a su inmunidad —tras haberlo prometido años antes—, momento en que la acusación pasó a la Sala Tercera, sin necesidad de que la Asamblea Legislativa votara sobre el levantamiento del fuero.
Hace más de dos años, la Fiscalía General solicitó elevar a juicio el caso por presuntos delitos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
A Campos se le investiga por el presunto uso irregular de un vehículo institucional, cobros excesivos por horas extra para un custodio de apellido Jara y la inclusión de datos falsos para justificar el pago de viáticos.
Una publicación en YouTube, en enero de 2016, detonó las indagaciones contra Campos, quien aún formaba parte de la Policía Judicial. El video se tituló La cereza del pastel de GCV1.
Durante la investigación, se habría comprobado la inserción de datos falsos en hojas de liquidación de gastos de viaje dentro del país para justificar pagos por desayunos, almuerzos o cenas a favor de Campos y su custodio.
El entonces subdirector habría recibido alrededor de ¢900.000 en viáticos, mientras que su escolta, Jara, habría percibido ¢5,8 millones por horas extra y más de ¢800.000 por viáticos. La Fiscalía General confirmó a CR Hoy, la mañana de este martes, que el expediente continúa en la Sala III.
Contactos con Celso Gamboa
Durante el último año también ha resaltado la estrecha relación que mantuvo Campos con Celso Gamboa Sánchez, el primer costarricense extraditado por narcotráfico en la historia del país, quien ocupó altos cargos en la función pública, como ministro de Seguridad, magistrado penal, subjefe del Ministerio Público y director de Inteligencia.
CR Hoy reveló meses atrás que, mientras Campos era subdirector del OIJ, reenvió información reservada a Gamboa (entonces magistrado) sobre una investigación en su contra.
Aunque inicialmente se reportó una sanción de la Corte en 2021, posteriormente se aclaró que, si bien la filtración existió, la Inspección Judicial se abstuvo de sancionarlo formalmente.
Poco antes, el entonces director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló ante el Congreso que, en una reunión el 13 de marzo de 2023, Rodrigo Chaves consultó a altos miembros del Gobierno si alguien tenía contacto con Gamboa.
Campos fue el único en admitir que mantenía "comunicación y contacto" con él, según le confesaron a Zúñiga los exviceministros Exleine Sánchez y Juan Carlos Arias.
Mientras Campos afirmó inicialmente que no hablaba con Gamboa desde que fue nombrado ministro en mayo de 2022, el propio Gamboa lo desmintió, al asegurar que los contactos continuaron después de esa fecha.
En julio de 2025, el hoy designado ministro de Seguridad reconoció que sí mantuvo contactos con Gamboa ya siendo jerarca de Justicia. Sin precisar la fecha, Campos contó que Gamboa lo contactó vía WhatsApp para hacerle consultas sobre privados de libertad a quienes el extraditado defendía como abogado.
"Recuerde que él tiene contactos con mucha gente, entonces me dice que tiene un problema porque le están quitando el agua, pero aún así yo soy proactivo y verifico si eso es cierto. Me mandó un mensaje de WhatsApp, así como me llaman otros informantes privados de libertad o gente que yo he metido presa que me quiere dar datos.
Uno sigue teniendo contacto. Los contactos de un policía son delincuentes", aseveró Campos en una entrevista con El Observador.
Todo esto en medio de cuestionamientos elevados desde Presidencia misma, hacia quienes mantuvieron relación con Gamboa.
CR Hoy publicó en primicia que el exmagistrado afirmó haber recibido colaboración del Gobierno en 2023, según consta en el expediente de extradición presentado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). El 20 de setiembre de 2023, las autoridades estadounidenses grabaron —con consentimiento legal— reuniones entre Gamboa y dos fuentes confidenciales.
Durante uno de esos encuentros, el extraditado afirmó que el Gobierno costarricense le otorgaba acceso para facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína al país y que su estructura controlaba cómo entraba la droga por las costas del Caribe y el Pacífico.
Cárceles de carpa y otros cuestionamientos
A la lista de polémicas que tuvo como jerarca de Justicia se suma el episodio de las "cárceles de carpa", una propuesta que él mismo lanzó en 2024 como una medida "inmediata" ante el hacinamiento carcelario.
Para defender la idea, Campos comparó las carpas o estructuras temporales con hoteles tipo "glamping", al afirmar que los reos tendrían "condiciones de lujo". Esta analogía fue duramente criticada por diputados y especialistas.
El proyecto fracasó cuando los diputados negaron los ¢2.600 millones presupuestados para las carpas y obligaron a destinar esos fondos a construcciones de concreto. También persisten cuestionamientos sobre el Centro de Alta Contención (CACCO).
Aunque inicialmente se habló de una "megacárcel" para miles de personas, el proyecto actual contempla espacio para aproximadamente 5.000 privados de libertad, divididos en cinco módulos, sin cubrir siquiera la sobrepoblación carcelaria actual.
Como miembro del gabinete de Chaves, mantuvo un pulso legal con los magistrados por sus permisos sin goce de salario. En marzo de 2025, la Corte le negó una prórroga, lo que lo obligó a renunciar a su plaza en el OIJ para mantenerse en el gabinete.
Junto al mandatario saliente, ha sido uno de los jerarcas que más ha cuestionado al Poder Judicial y las decisiones de jueces que permiten la liberación de reos, al calificar algunas leyes como "alcahuetería".