Funcionarios del PANI sospechosos de alterar expedientes no irán a prisión
Figuran como sospechosos de delitos de trata de personas, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes
Los cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quienes figuran como sospechosos de adopciones irregulares y alternación de expedientes para quitar menores de edad a sus familias y darlos en adopción a personas con mejores capacidades económicas, no irán a prisión.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes informó que anoche se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares, en la cual pidió al Juzgado Penal de Turno Extraordinario que se ordene en contra de los imputados el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de contactar a testigos.
El Ministerio Público no solicitó prisión preventiva y la decisión sobre el resto de restricciones se conocerá hoy a las 5:00 p.m. Cabe destacar, que los funcionarios están suspendidos de forma administrativa, como una medida cautelar.
Los sospechosos son de apellidos Chacón Alpízar, Barrantes Montero, Fernández Céspedes, Hernández Méndez y Chavarría Berrocal, sospechosos de los delitos de trata de personas en su modalidad de adopción irregular, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Los imputados fueron detenidos ayer martes, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó seis allanamientos: cinco en oficinas del Patronato, en Alajuela, Cariari, Orotina y Puerto Viejo, así como en el Hogar Montiel, ubicado en Santa Ana.
El caso se tramita bajo la causa 22-000028-1321-PE. Los hechos investigados ocurrieron entre el 2020 y el 2022, cuando los sospechosos estaban asignados para el PANI, sede Cariari.
Al parecer, estas personas manipularon información con el presunto fin de procurar adopciones irregulares de personas menores de edad. Randall Zúñiga, director del OIJ, brindó más detalles sobre los hechos.
Dentro de la investigación se pudo determinar que en apariencia estas personas incluían información falsa en los dictámenes que se generaban, por ejemplo, decían que las familias consumían drogas a fin de poder excluir a ese menor de edad de la familia y poder llevarlo a un centro de cuido.
El esposo de una funcionaria investigada habló con crhoy.com y aseguró que en esa oficina "venden a los chiquitos a familias pudientes".
"Ahí venden a los chiquitos a diestra y siniestra. Ahí les han quitado a los chiquitos a familias pobres para colocarlos en otras casas de poder y que puedan pagar por el chiquito. Ahí venden a los chiquitos a familias pudientes. Eso es lo que hacen ciertos funcionarios del PANI", explicó el hombre, quien pidió que protegieran su identidad y no revelaran su nombre.
El hombre insistió en que en esa oficina "lucran" con los niños.
"Ese trabajo es tedioso, cansado. Mi esposa hace sus cosas como tiene que ser como toda una profesional que se graduó y trabaja como tiene que ser, pero por personas negligentes que les pagaban por debajo de la mesa para entregar a los chiquitos en adopción, salió rebuscada siendo inocente", agregó la pareja de la funcionaria investigada.
El PANI anunció el miércoles 7 de agosto que presentó una denuncia en el Ministerio Público y dictó medidas cautelares contra 7 funcionarios por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección de niños y adolescentes.
Según dijeron, la denuncia judicial fue interpuesta en el 2023 por presuntas anomalías en las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de los menores de edad.