Funcionario de Tribunales de Puntarenas ofrecía vender expedientes judiciales

El funcionario administrativo del Poder Judicial de apellidos Mendoza Hidalgo, que fue capturado el pasado sábado por venta de drogas en Puntarenas, vendió un kilogramo y medio de cocaína por un valor de ₡1.5 millones a un agente encubierto del Organismo de Investigación Judicial: así fue como lo detuvieron.

Tras varias acciones policiales, la Fiscalía contra el Narcotráfico tomó la decisión de detener al funcionario el pasado sábado. El sujeto intentó evadir un retén y se terminó estrellando contra un vehículo del OIJ y contra una barrera Jersey de concreto. Adicionalmente, intentó ocultar evidencia.

Fue un operativo controlado y el caso fue manejado con mucha delicadeza, al involucrar con narcotráfico a un trabajador de los Tribunales de Puntarenas, la tercera provincia con mayor cantidad de asesinatos motivados principalmente ante disputas por estupefacientes.

Las evidencias obtenidas hasta ahora apuntan a que el Mendoza Hidalgo no solo se dedicaba a vender droga, sino que también hacía otros ofrecimientos que inclusive abarcaban vender expedientes judiciales. Así lo confirmó el fiscal adjunto a la Fiscalía General, Mauricio Boraschi.

"En una de las provincias más violenta del país, con gran cantidad de homicidios asociados a temas de narcotráfico y esta persona trabajando en un Tribunal Penal donde se maneja información y expedientes de casos muy graves y teniendo pleno acceso a ellos, nos parece que es realmente sorprendente", manifestó Boraschi.

Funcionario de Tribunales de Puntarenas 1.5 kg de coca por millón y medio a policía encubierto y ofrecía vender expedientes judiciales, según Fiscalía. Fotos: Ministerio Público.

Al funcionario Mendoza aún no se le imputa ningún delito aparte del narcotráfico; no obstante, sí se abrió una segunda línea de investigación dada la propuesta hecha durante las diligencias policiales.

"Fue una conversación dentro de la investigación, pero que no nos parecería extraño que eventualmente pudiera ser una de sus acciones. Eso no se materializó, pero para nosotros creo que sí representa un riesgo alto tener una persona.

Así, en ese momento, brindándole servicio al público y teniendo acceso a las instalaciones y los documentos que se manejan en un tribunal penal" insistió el fiscal adjunto.

Sorpresivamente para la Fiscalía, el Juzgado Penal de Puntarenas no impuso prisión preventiva contra el funcionario y le permitió regresar a trabajar a los Tribunales de la zona. Por esa razón es que insistirán en apelar la resolución para revertir la decisión.

El Ministerio Público respeta las decisiones jurisdiccionales pero este en particular para nada la comprende y lo que nos queda a nosotros es precisamente utilizar los recursos que da la ley, para poder combatir una resolución que nos parece que no se ajusta ni a la normativa ni a la situación tan grave, además del peligro y el riesgo tan grande que esta persona representa para la propia Administración de Justicia.