Funcionario de la CCSS cobró por trámites gratuitos a mujeres en condición vulnerable

El exfuncionario de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de apellidos Prendas Cubero, sentenciado por cobrar ilegalmente por trámites gratuitos actuaba contra mujeres en condición de vulnerabilidad, con enfermedades degenerativas o en pobreza. Así lo explicó Diego Maroto, fiscal anticorrupción Diego Maroto.

De acuerdo con el fiscal, el imputado no buscaba directamente a las víctimas, sino que se aprovechaba de su puesto en la Oficina de Validación de Derechos.

Las usuarias acudían a esta instancia para solicitar el trámite del seguro, momento en el cual eran inducidas a creer que debían realizar un pago.

"Aprovechaba que la víctima llegaba a solicitar el trámite y la inducía a pensar que el pago era un requisito", señaló el fiscal.

Los montos cobrados oscilaban entre ₡19.000 y ₡80.000 por un servicio que, por ley, es gratuito. En total, el perjuicio económico comprobado asciende a ₡168.000.

De acuerdo con el fiscal, el caso se originó a partir de una denuncia presentada a nivel administrativo en la Oficina de Validación de Derechos.

Una mujer afectada acudió inicialmente a la dirección del área de salud y, posteriormente, funcionarios del centro médico se comunicaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que elaboró un informe trasladado al Ministerio Público.

"A partir de ese momento, bajo dirección funcional, se desarrollaron todas las diligencias de investigación", explicó el fiscal.

Prendas fue condenado por ocho delitos de concusión, tras comprobarse que exigía pagos indebidos a usuarias que acudían a gestionar el seguro por el Estado en el Área de Salud de Cartago.

Maroto añadió que, tras la detención del sospechoso en setiembre de 2024, otras personas también presentaron denuncias, por lo que no se descarta que existan más víctimas.

"En esta investigación en específico figuran como personas ofendidas siete víctimas, pero con lo que entiendo de la misma investigación y de otras denuncias que se pusieron posteriormente, había más personas afectadas".

Pese a que en el expediente figuran siete personas como víctimas, lo cierto es que el imputado fue condenado por ocho delitos, ya que una de ellas fue afectada en dos ocasiones.

"Son siete personas, pero a una de ellas le ocurrieron dos eventos", precisó el fiscal.

Según la investigación, todas las víctimas identificadas son mujeres, relacionadas con problemas de salud de familiares.

"Requerían el seguro por el Estado debido a enfermedades degenerativas, condiciones de salud mental o situaciones socioeconómicas complejas.", detalló Maroto.

Pruebas y proceso judicial

El caso se sustentó en múltiples pruebas, entre ellas entrevistas realizadas por el OIJ y las declaraciones de las víctimas ante el Ministerio Público.

Además, se efectuaron diligencias como reconocimientos físicos para identificar plenamente al imputado.

Los hechos ocurrieron entre julio de 2023 y agosto de 2024. El sospechoso fue detenido en setiembre de ese mismo año.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó la acusación por ocho delitos de concusión ante el Juzgado Penal.

Durante la audiencia preliminar, el imputado aceptó los cargos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar el proceso.

La sentencia condenatoria fue dictada la semana anterior por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. Se le dictaron cuatro años de arresto domiciliar con monitoreo electrónico y nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Además de la condena penal, se promovieron acciones civiles para recuperar el dinero cobrado de forma indebida, tanto por parte de la Procuraduría General de la República como de una de las víctimas. A él se le condenó al pago total de ₡10.824.000 por concepto de daño social, económico y moral.

El fiscal destacó que esta investigación tiene relevancia debido al impacto que genera en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y sus funcionarios.

"Las personas afectadas acudían a la institución confiando en que el funcionario les estaba indicando el trámite correcto para realizar la gestión que necesitaban. Bajo esa confianza realizaron la entrega del dinero que fue cuestionado durante la investigación", indicó.

El representante del Ministerio Público señaló que, mediante esta sentencia, se busca recuperar parte de la confianza perdida a raíz de este tipo de conductas.

Además, resaltó que fueron los propios funcionarios administrativos y jefaturas de la oficina quienes detectaron las irregularidades y las denunciaron ante las autoridades.

"Eso demuestra que existen funcionarios honrados que actúan con probidad y que, al detectar situaciones irregulares, proceden a denunciarlas", agregó.

El fiscal también aseguró que la investigación realizada por el Ministerio Público fue contundente y permitió que el acusado aceptara los cargos.

"Es una acción importante porque se le devuelve un poco a la sociedad esa confianza que se perdió con acciones como las investigadas en este caso", concluyó.