Funcionaria de Salud cobraba hasta ₡30 mil por tramitar permisos: denunciante recibió amenazas de muerte

En el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana

19 de Ago. 2024 | 11:11 am

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana por la supuesta venta de permisos sanitarios, los cuales fueron dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público.

Una funcionaria puso una denuncia directamente en la dirección de esta Área Rectora alertando sobre este tema, pero por falta de acción recurrió al Poder Judicial.

De hecho, solicitó que se realizara una auditoría, investigación y reuniones individuales con los funcionarios del proceso de ventanilla y la dirección de área, para ser entrevistados con toda la documentación correspondiente de los trámites de permisos sanitarios de funcionamiento, que fueron ingresados, tramitados y otorgados de enero 2024 a julio del 2024.

Tal y como se lee en la denuncia, se solicitó una investigación hacia una funcionaria de apellido Bolaños, por presuntas irregularidades en los trámites de permisos sanitarios que ingresan por correo electrónico.

Según explicó la denunciante, los permisos correspondientes a Riesgo A y B son firmados por Leandra Madrigal, directora del Área Rectora, y los de tipo C son firmados por la funcionaria Bolaños.

En la denuncia se detallan varios motivos que podrían indicar irregularidades en el otorgamiento de los permisos.

Primeramente, se indica que varias personas se hicieron presentes en el Área Rectora e indicaron que una de las funcionarias "que realiza trámites de permisos a través del correo electrónico" cobra entre ¢20 mil y ¢30 mil por cada trámite que entregue en menos de 24 horas, pese a que la documentación no cuente con los requisitos.

Esto preocupa a una de las funcionarias de ventanilla y decide revisar algunos de los trámites ingresados por correo electrónico contra el expediente físico y efectivamente encuentra inconsistencias en los trámites, los cuales no cumplen con la normativa vigente y son realizados por la funcionaria en cuestión.

Inmediatamente, al recibir la información de los supuestos cobros por los permisos y al encontrar inconsistencias en los trámites otorgados, uno de los funcionarios de ventanilla interpuso la denuncia de forma escrita a través de WhatsApp el pasado viernes 19 de julio, a la directora Leandra Madrigal y que el lunes le mostraba las evidencias con los expedientes en la oficina de la dirección.

El lunes 22 de julio en horas de la mañana, se procedió a mostrar toda la documentación recabada a la dirección de área, lo que correspondía a 4 establecimientos; es decir, 4 expedientes administrativos y que probablemente había más expedientes con graves irregularidades, mostrándole a la jefatura en el momento, físicamente todas las evidencias en los trámites otorgados por la funcionaria Bolaños y solicitando que se abriera una investigación y elevara la situación al siguiente nivel.

Se asegura en el documento que la directora se negó rotundamente a que se abriera una investigación e indicó que no iba a elevar la situación.

Además, supuestamente la directora dijo "que lo dejará así y no siguiera investigando más ni se revisaran más expedientes, y que por favor no le dijera a ningún otro funcionario del área, ya que no le gustaban los chismes, le pidió además que pusiera la denuncia en el Poder Judicial contra el tramitador, pero no contra la funcionaria que había cometido las irregularidades".

También, se evidenció que los expedientes con irregularidades corresponden a un mismo tramitador, de apellido Jiménez.

¿Cuáles fueron los supuestos errores administrativos?

La funcionaria Bolaños, quien es de servicio al cliente, tenía la firma digital de la directora con permiso de la misma. Esto le daba el poder de firmar los permisos, cierres de prevenciones, notificaciones y carnet de manipulación.

En la denuncia se detalla que Bolaños resolvió en menos de una hora un trámite de Jiménez, lo cual no es usual en un trámite de correo por el volumen de trabajo y atrasos que ha tenido Bolaños.

Tenía aproximadamente en ese momento entre 25 a 30 trámites pendientes, dándole privilegio a los trámites del señor Jiménez y por medio de él a otros tramitadores.

Además se empezaron a recibir correos de otros clientes donde consultaban por los trámites que habían enviado con mayor antigüedad y que no habían recibido respuesta ni tampoco una resolución, al revisar el correo se evidencia que sacaba con prioridad ciertos permisos como los denunciados aquí y correos más antiguos no le daba tramitología, lo cual es falta de ética y peculado y se evidencia que le da prioridad a algunas personas únicamente y a los demás clientes los deja rezagados.

Hubo 4 trámites que no estaban firmados por el representante leal o el autorizado, lo cual es obligatorio. Estos son correspondientes a Cahuita Town, Diseñarte, Café Belgrano y Soda Café Ciao, todos realizados por Bolaños.

En el caso de Cahuita Town se evidenció faltas de firmas, cierres de expedientes de órdenes sanitarias para realizarlo como si fuera la primera vez, entre otros.

El representante legal no firmó el ampo de la razón social, la funcionaria Bolaños anotó en bitácora de consecutivo el trámite a las 4:40 pm (hora a la cual el ministerio de salud está cerrado) del 31 de mayo 2024, y es obligatorio si el trámite se hace en ventanilla, ya que los formularios están en físico y sin autenticación a lo cual se supone él tuvo que haber ingresado al área de salud los documentos están en físico y NO con firma digital, se notificó el permiso a las 17:41 pm del mismo día 31 de mayo 2024 al correo del señor Jiménez con firma digital de la directora Madrigal.

Con Diseñarte, Café Belgrano y Soda Café Ciao se dieron situaciones similares, donde hacían falta firmas y los trámites se resolvían en cuestión de horas. En los correos electrónicos quedó evidenciado el corto plazo en el que se daban los permisos, así como documentos llenados por Bolaños cuando no le correspondía.

A raíz de esto se trasladó a la funcionaria Bolaños a una ventanilla y se le quitó la firma digital de la directora. Luego, el 24 de julio, una funcionaria recibió amenazas telefónicas de muerte contra ella y sus familiares por haber alertado sobre irregularidades.

Sobre esto se intentó contactar a la directora y se consultó directamente al Ministerio de Salud, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

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