Frente Amplio propone impuesto del 10% a comisiones de Airbnb y Vrbo

16 de Nov. 2026 | 11:28 am
José María Villalta, diputado del Frente Amplio. Crédito: Asamblea Legislativa.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio. Crédito: Asamblea Legislativa.

El Frente Amplio propone crear un impuesto del 10% sobre las comisiones que cobran plataformas como Airbnb y Vrbo por intermediar en alquileres turísticos. La iniciativa también busca regular esos servicios, establecer un registro obligatorio de alojamientos y permitir a las municipalidades limitar su concentración en determinadas zonas.

El proyecto fue presentado por José María Villalta, jefe de fracción, junto con los demás diputados de esa bancada. Plantea una reforma a la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales.

Los recursos recaudados con el nuevo impuesto se distribuirían entre las municipalidades, que recibirían el 50%; el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), con un 30%, y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con el 20%.

La propuesta establece que todos los alojamientos deberán inscribirse ante el ICT antes de anunciarse u ofrecerse al público. Las plataformas digitales también tendrían que registrarse ante esa institución como requisito para operar en el país.

Además, permitiría a las municipalidades limitar la cantidad y concentración de alojamientos turísticos por distrito, barrio o zona. También podrían restringir su presencia en edificios residenciales cuando se compruebe que afecta el acceso a la vivienda o provoca aumentos desproporcionados en los alquileres.

Los operadores deberán cumplir con sus obligaciones tributarias, contar con las autorizaciones correspondientes y garantizar condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad.

Multas de hasta ₡92,4 millones

La iniciativa contempla sanciones económicas para los operadores de alojamientos y las plataformas digitales. Tomando como referencia el salario base de ₡462.200 vigente para 2026, las multas serían:

  • Operadores: de ₡462.200 a ₡1.386.600 por infracciones leves.
  • Operadores: de ₡1.848.800 a ₡4.622.000 por infracciones graves.
  • Operadores: de ₡5.084.200 a ₡9.244.000 por infracciones muy graves.
  • Plataformas digitales: de ₡9.244.000 a ₡46.220.000 por infracciones graves.
  • Plataformas digitales: de ₡23.110.000 a ₡92.440.000 por infracciones muy graves.

Entre las faltas que podrían sancionarse a las plataformas figuran publicar alojamientos sin verificar su inscripción, omitir el número de registro en los anuncios, incumplir órdenes de retirar publicaciones y ocultar o destruir información requerida por las autoridades.

El ICT tendría la competencia para sancionar los incumplimientos relacionados con los registros y las plataformas. Por su parte, las municipalidades fiscalizarían las disposiciones sobre licencias y uso del suelo.

Tras su presentación, el proyecto deberá ingresar a una comisión legislativa para continuar con su trámite.